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Que el gobierno nacional aumente el
salario mínimo cuatro veces en menos de un año y 14 a la mitad de un período
presidencial es una evidencia del deterioro del poder adquisitivo del
trabajador venezolano. Así lo aseguró Sary Levy-Carciente, coordinadora del
Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro de Divulgación del Conocimiento
Económico para la Libertad (Cedice Libertad) a propósito del nuevo decreto de
aumento de salario mínimo aparecido en Gaceta Oficial este martes.
La economista, quien fue decana de la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), consideró que el aumento es una “compensación efímera” para
los trabajadores, en vista de la espiral hiperinflacionaria en la que, a su
juicio, está el país.
“Lo que el trabajador venezolano reclama
no es un incremento salarial, sino políticas que frenen la inflación desbocada
que padece”, sostuvo Levy-Carciente, quien agregó que en un contexto de
recesión como el que vive el país, el decreto de aumento salarial “causará
mucho daño a las pocas empresas pequeñas que sobreviven al acoso a la
iniciativa privada”.
Al referirse a las políticas, la experta
opinó que el anuncio de aumento salarial obvio la necesaria discusión sobre el
presupuesto nacional. “El poder de compra no viene de los incrementos del
sueldo mínimo, sino de la aplicación de políticas coherentes que favorezcan la
producción nacional, que controlen la emisión monetaria sin respaldo y
racionalicen el gasto público”, insistió la coordinadora del OGP, tras agregar
que lo contrario es lo que ha exacerbado la inflación, la escasez y la pérdida
de valor del bolívar.
Levy-Carciente también recordó que, ante
el aumento del tamaño del Estado, que según sus estimaciones se ha duplicado
desde 1998 y cuenta con casi tres millones de empleados públicos, ocasiona un
aumento de gasto público que la ciudadanía tendrá que pagar, inevitablemente,
con más carga impositiva.
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