Prensa. El Nuevo
Herald.
Al
menos 28 personas, en su mayoría universitarios y una brasileña-estadounidense,
fueron detenidos de “manera arbitraria” por la Policía de Nicaragua en el marco
de las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció el
domingo la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ).
Entre
los detenidos se encuentra la documentalista brasileña-estadounidense Emilia
Mello, quien viajaba con un grupo de estudiantes hacia la ciudad colonial de
Granada que participarían en una marcha contra el gobierno, cuando fue retenida
y trasladada a la cárcel El Chipote, en Managua, sede de la Dirección de
Auxilio Judicial, según la denuncia.
La
documentalista posteriormente fue llevada a la sede de la Dirección de
Migración y Extranjería, donde, según la versión que ofrecieron las autoridades
a los detenidos, será deportada. El secretario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão, confirmó a
través de Twitter que Mello fue trasladada del centro de detención a Migración,
donde sería expulsada este domingo.
La
CUDJ denunció que otros seis estudiantes fueron detenidos en la ciudad de León,
90 kilómetros al noroeste de Managua, tras participar anoche en una marcha. La
detención de los seis dirigentes estudiantiles provocó la reacción de sus
compañeros que se apostaron en las afueras de la delegación policial
departamental para exigir su liberación, en medio de cacerolazos y quema de
llantas.
La
policía antidisturbios repelió cerca de la medianoche ese piquete de protestas,
sin que hasta ahora se conozca de heridos. Por su lado, la Unidad Médica
Nicaragüense denunció la detención de José Antonio Vásquez, un médico y
cirujano, especialista en ginecología y obstetricia.
Según
esa Asociación, el médico fue “secuestrado” por un grupo de hombres armados la
tarde del sábado saliendo de una cafetería en Managua junto al abogado y
militar retirado Francisco Ortega, y se los llevaron con rumbo desconocido.
Vásquez
es un médico que ha asistido a los heridos en el marco de las protestas contra
el Gobierno. En tanto, Ortega es un abogado con especialidad en medicina
forense que fue contratado por la familia del universitario Franco Valdivia,
muerto de un disparo el pasado 20 de abril y cuyo cuerpo, junto al de Orlando
Pérez, fueron exhumados para determinar las causas de muerte.
Ortega
afirmó que los dos estudiantes universitarios que fallecieron en el municipio
de Estelí, norte de Nicaragua, recibieron disparos certeros de “alguien que
sabía disparar muy bien”.
Mientras,
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
(Meseni), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), informaron que siguen recibiendo reportes de detenciones colectivas en
Nicaragua.
La
Policía de Nicaragua aún no se ha referido a esas denuncias.
Desde
abril pasado, miles de nicaragüenses han salido a las calles a protestar contra
Ortega, en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según
organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el gobierno
reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
La
CIDH elevó este viernes a 322 la cifra de fallecidos durante las protestas, de
los que la mayoría, afirma, perdió la vida “como resultado de la acción
estatal”. Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de
la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario,
después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.