Impedir
el ingreso a Tame de un grupo de por lo menos cincuenta ciudadanos venezolanos
que provenían del centro del país, deja a la administración municipal frente a
un dilema ético y moral.
Prensa.
La Voz del Cinaruco. Colombia.
Las decisiones tomadas por
Aníbal Mendoza Bohórquez, alcalde de Tame, de impedir el ingreso a su municipio
de un grupo de por lo menos cincuenta cuidadanos venezolanos que provenían del
centro del país, deja a la administración municipal frente a un dilema más que
jurídico – administrativo, por la falta de articulación de las instituciones
del estado del nivel nacional con lo local.
Si bien los alcaldes hacen
uso de la autonomía territorial, al expedir decretos que regulen las medidas
tomadas a nivel nacional, acciones como la de impedir la circulación de
personas por su territorio son bastante controversiales, ya que, por intentar
impedir el ingreso de los caminantes a Tame, se podría incrementar el riesgo en
otras poblaciones o comunidades de contraer el coronavirus.
La articulación
interinstitucional es fundamental en estas situaciones, así como la
coordinación con las entidades del orden nacional. Si bien la medida tomada en
Tame busca proteger a sus habitantes, no sería la forma más adecuada y
pertinente para salvaguardar del Coronavirus a la “Cuna de la Libertad”.
Nada garantizara que en
medio de la desesperación de esos ciudadanos venezolanos no usen trochas o
crucen ríos para llegar a su destino, por eso lo ideal sería que de manera
controlada el gobierno se encargara del transporte de estas personas para
dejarlos en el Puente Internacional José Antonio Páez en la ciudad de Arauca y
así facilitar el retorno a su país.
No hay que olvidar que tan
prioritario es la salud, como brindar ayuda al que lo necesita. Dentro de los
caminantes se observan mujeres y niños quienes son protegidos bajo cualquier
circunstancia por los protocolos internacionales en materia de Derechos
Humanos. Por esta razón se considera más que un dilema jurídico –
administrativo y se convierte en una disyuntiva moral y ética, donde deja a los
mandatarios en una situación difícil para tomar decisiones en la búsqueda de la
protección de su población, sin afectar otras comunidades o seres humanos.
Hay que resaltar, que la
decisión tomada por el Alcalde de Tame, Aníbal Mendoza, busca protegernos a
todos en el Departamento de Arauca, pero igualmente hay que buscar articular
este tipo de acciones con las demás autoridades, para que las medidas surtan el
efecto que se espera. De lo contrario podría estarse agravando el problema y
poniendo en riesgo de manera innecesaria a otras personas, entre ellos a
campesinos, transportadores, incluso a la misma fuerza pública. Nada, pero nada garantiza que los caminantes
venezolanos no vayan usar otros caminos o valerse de quien sabe que, para
llegar a su destino, por eso, lo mejor es facilitarles medios de transporte y
ponerlos rápidamente en la frontera.