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lunes, 6 de abril de 2020

FRONTERA: El dilema con los caminantes que vienen hacia Arauca-Colombia e intentan retornar a Venezuela.


Impedir el ingreso a Tame de un grupo de por lo menos cincuenta ciudadanos venezolanos que provenían del centro del país, deja a la administración municipal frente a un dilema ético y moral.

Prensa. La Voz del Cinaruco.  Colombia.
Las decisiones tomadas por Aníbal Mendoza Bohórquez, alcalde de Tame, de impedir el ingreso a su municipio de un grupo de por lo menos cincuenta cuidadanos venezolanos que provenían del centro del país, deja a la administración municipal frente a un dilema más que jurídico – administrativo, por la falta de articulación de las instituciones del estado del nivel nacional con lo local.


Si bien los alcaldes hacen uso de la autonomía territorial, al expedir decretos que regulen las medidas tomadas a nivel nacional, acciones como la de impedir la circulación de personas por su territorio son bastante controversiales, ya que, por intentar impedir el ingreso de los caminantes a Tame, se podría incrementar el riesgo en otras poblaciones o comunidades de contraer el coronavirus.


La articulación interinstitucional es fundamental en estas situaciones, así como la coordinación con las entidades del orden nacional. Si bien la medida tomada en Tame busca proteger a sus habitantes, no sería la forma más adecuada y pertinente para salvaguardar del Coronavirus a la “Cuna de la Libertad”.


Nada garantizara que en medio de la desesperación de esos ciudadanos venezolanos no usen trochas o crucen ríos para llegar a su destino, por eso lo ideal sería que de manera controlada el gobierno se encargara del transporte de estas personas para dejarlos en el Puente Internacional José Antonio Páez en la ciudad de Arauca y así facilitar el retorno a su país.


No hay que olvidar que tan prioritario es la salud, como brindar ayuda al que lo necesita. Dentro de los caminantes se observan mujeres y niños quienes son protegidos bajo cualquier circunstancia por los protocolos internacionales en materia de Derechos Humanos. Por esta razón se considera más que un dilema jurídico – administrativo y se convierte en una disyuntiva moral y ética, donde deja a los mandatarios en una situación difícil para tomar decisiones en la búsqueda de la protección de su población, sin afectar otras comunidades o seres humanos.


Hay que resaltar, que la decisión tomada por el Alcalde de Tame, Aníbal Mendoza, busca protegernos a todos en el Departamento de Arauca, pero igualmente hay que buscar articular este tipo de acciones con las demás autoridades, para que las medidas surtan el efecto que se espera. De lo contrario podría estarse agravando el problema y poniendo en riesgo de manera innecesaria a otras personas, entre ellos a campesinos, transportadores, incluso a la misma fuerza pública.  Nada, pero nada garantiza que los caminantes venezolanos no vayan usar otros caminos o valerse de quien sabe que, para llegar a su destino, por eso, lo mejor es facilitarles medios de transporte y ponerlos rápidamente en la frontera.

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