Prensa.
Diario El Nacional. Francis Carreño.
La Contraloría General de Apure no ha enviado aún la
investigación que exigió la Contraloría General de la República sobre el caso
de malversación de fondos por el que fue denunciado el gobernador Ramón
Carrizález en 2010, indicaron Francisco Rodríguez Castro y Wilmer Fernández,
abogados miembros de la Comisión Popular Anticorrupción.
Señalaron que Carrizález dirigió un documento al Consejo
Legislativo de Apure el año pasado, en el que reconoció que compró sólo 10
camiones de 20 yardas de los 30 camiones que se presupuestaron.
Denunciaron además que hay una presunta complicidad entre
la Contraloría General de Apure y el gobernador del estado. “No queremos creer
que se trata de un caso de alcahuetismo. De ser así, se estaría
desnaturalizando la función de la contraloría”, dijo Rodríguez.
Los representantes de la Comisión Popular Anticorrupción
han emitido 26 denuncias, pero sólo se investigó el caso del ex gobernador Luis
Lippa. Indicaron que las denuncias ignoradas son aquellas que señalan a
funcionarios del Gobierno.
El año pasado, días después de que se reseñara la denuncia
y las pruebas de corrupción, el gobernador Carrizález llamó a una estación de
radio oficialista e insultó a los miembros de la Comisión Popular
Anticorrupción.
Fernández dijo que él y su familia fueron objeto de despedidos
laborales sin razón justificada. “Denunciamos a un gobernador que pasa por
encima de las leyes”, indicó.
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