Prensa. Noticias del Dia.
Hoy miércoles se cumplen 24 años de
uno de los episodios más trágicos que ha vivido la política venezolana, cuando
ocurrió el estallido social denominado “El Caracazo”, en el que un enardecido
pueblo le exigió cuentas al entonces presidente Carlos Andrés Pérez (CAP),
quien falleció el 25 de diciembre de 2010, en Miami, EE UU, por un ataque
cardíaco.
A continuación una reseña del
suceso elaborada por la web Venezuela Tuya:
Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo
período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un
estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho
estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional,
debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio
expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le
daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En
este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la
República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes
macroeconómicos llamado popularmente “paquete económico” o “El paquetazo”
concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.
En términos generales, el paquete comprendía decisiones
sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero,
política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales
medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario
Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con
el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los tres años
siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el
sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%;
unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial;
determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización
de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación
de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta
básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono,
agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las
empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante tres años de
los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio
del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del
transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública
central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el
área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación
progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no
más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la
administración pública.
Todas las medidas mencionadas
anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido,
el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y
las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero,
válido para los tres meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse
hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el
aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un
70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de
febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los
choferes de las rutas interurbanas (sobre todo las que cubrían el trayecto
entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de
imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales
circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra
las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas.
Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción
de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también
fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas
fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas
residenciales de sectores de clase media y alta. En cuanto a los protagonistas
de los actos vandálicos, se dice que los mismos fueron perpetrados en su mayor
parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados
individuos pertenecientes a la clase media.
Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se
iniciaron en Guarenas (estado Miranda) y en algunas zonas del área
metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La
Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área
metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como
Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un
carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones
partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de
protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el
alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de
los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un
gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al
cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez
y su gabinete. Por otra parte, esta situación se vio agravada a lo largo de
enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación
con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e
inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los
transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los
locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron
encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que
precedieron al estallido.
Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y
violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales
regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber
cómo actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del
desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente
Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al
Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia,
previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas
un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las
Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque
de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente
Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de
emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías
y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que
siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se
produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los
transportes urbanos.
El balance de pérdidas humanas dejado por los hechos del
27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un
millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales
el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este
estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del
Ejército en el control del orden público, lo que sería repudiado y serviría de
justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992, cuyo
rebelión estuvo liderada por el actual mandatario de la República Hugo Chávez.
En términos generales, las condiciones socioeconómicas
generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica
devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades en el intercambio
económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989,
crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y
falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y
de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad.
Por otro lado, el proceso electoral de 1988 había
generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del país,
sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna manera
prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la bonanza
económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el
anuncio del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó
el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político
que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política
y social. Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989,
fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas
(sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y
sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la
situación crítica que se experimentó en los años venideros, y que daría paso a
dos golpes de Estado en 1992.
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