Prensa.
Diario El Nacional.
Será la primera vez que se informe ante
la Asamblea General que un Estado se niega a cumplir un fallo
DIANA LOZANO
PERAFÁN
Por primera vez en la historia de la Organización de Estados Americanos se
dará advertirá en la Asamblea General de dicho organismo de que un Estado
miembro decidió negarse a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos: Venezuela. En el día de clausura de la 43º Asamblea General de la OEA el presidente de
la Corte Interamericana, Diego García Sayán, leerá ante las delegaciones de los
34 países miembros el informe anual de la instancia judicial a su cargo, en el
que hará una mención especial al Estado venezolano por haber declarado
inejecutable la sentencia que dictó el mencionado juzgado internacional el 5 de
agosto de 2008 a favor de los jueces destituidos de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha y Ana Ruggeri.
El presidente de la Corte Interamericana pondrá en cuenta a los gobiernos
de los países de la región de que Venezuela –con fundamento en un fallo del
Tribunal Supremo de Justicia– se negó a reintegrar a los tres jueces al
Poder Judicial en cargos equiparables en rango, remuneración y beneficios
sociales a los que les corresponderían en la actualidad si no hubiesen sido
destituidos; a pagarles los montos que fueron fijados por concepto de daño
material, inmaterial y reintegro de costas; así como a publicar la sentencia. La intervención de García Sayán será mañana después de las 3:30 pm, hora en
la que está fijado el inicio de la última sesión de la Asamblea General que
comenzó ayer. La participación del presidente de la Corte Interamericana podrá
ser vista en vivo a través de la página web de la OEA.
Advertencia a la región. “Esta acción resulta necesaria en casos donde existe
un pronunciamiento del más alto tribunal del Estado, en el que se manifiesta el
objetivo de incumplir de manera frontal con la obligación de acatar una
sentencia de la Corte. Ante esta situación los Estados americanos han dispuesto
un sistema de garantía colectiva en donde todos los Estados parte deben
realizar todos los esfuerzos para que no haya un evidente abandono de cumplir y
acatar las sentencias de la Corte”, se advierte en la resolución que dictó la
Corte Interamericana en noviembre y que fue notificada a las partes en marzo,
en la que se decidió incluir el incumplimiento de Venezuela en el informe anual
que será divulgado mañana.
Esta decisión de la mencionada instancia judicial internacional fue
adoptada en ejecución del artículo 65 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. En él se establece que se someterá anualmente a la consideración de la
Asamblea General de la OEA los casos en que los Estados parte no hayan dado
cumplimiento a los fallos de la corte. “Un caso aislado similar a este ocurrió en Perú, pero a los pocos meses
cayó el gobierno de Alberto Fujimori y la Corte Interamericana no tomó en
cuenta lo ocurrido”, explicó Carlos Ayala Corao, ex presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Incumplimiento internacional. La Corte Interamericana advierte en la
resolución en cuestión que con la decisión de inejecutar el fallo Venezuela se
coloca al margen de la ley en el orden internacional. “El Estado no puede oponer como justificación de su incumplimiento una
decisión de un tribunal interno. Es más, la existencia de una decisión como la
del Tribunal Supremo, que considere que el fallo emitido por la corte es
inejecutable, desconoce los principios básicos de derecho internacional sobre
los cuales se fundamenta la la Convención Americana”, se indica en la
resolución. La Corte Interamericana indica además que el fallo del TSJ hace ilusorio el
derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas en
Venezuela a acceder a la justicia interamericana.
Ayala Corao explicó que la decisión de poner en conocimiento a las otras 33
delegaciones que asisten a la Asamblea General de la negativa de Venezuela
responde al principio de protección colectiva de los Estados parte.
“Todos tienen un interés legítimo en que se protejan los derechos humanos
en Venezuela. No es injerencia, por eso la convención establece mecanismo para
informar los incumplimientos”, señaló.
.jpg)
