Los casos reportados los últimos 10 días
indican que no toman en cuenta los criterios fijados a propósito de la reforma
policial
JAVIER IGNACIO MAYORCA / DIANA LOZANO
Los sucesos reportados durante los últimos 10 días en Coro, Táchira y
Distrito Capital evidencian la contradicción de un gobierno que se dice
heredero del legado chavista, pero que no sigue los postulados de la reforma
policial iniciada por mandato del anterior presidente.
La militarización de la seguridad ciudadana a través del plan Patria Segura
tiene en su haber cuatro incidentes en los que han muerto igual número de
personas. Tres de ellas a manos de funcionarios de la Guardia Nacional y el
otro por miembros del Ejército. Según representantes de organizaciones de
derechos humanos, el riesgo es que la cifra se incremente de no tomarse los
correctivos necesarios.
En el caso de la GN, la lista de muertos pudo ser más alta porque el
episodio reportado con un oficial de la Policía Nacional en Gramovén, el
domingo en la madrugada, no terminó con muertos ni heridos, aunque sí con un
uso aparentemente indebido de las armas por parte de los militares.
Poco después de lo ocurrido en el oeste de Caracas, otro miembro de la GN
ultimó de un tiro por la espalda a Edwin Moisés Rivera, de 20 años de edad,
quien se trasladaba en su moto y desarmado por el barrio San José de Petare.
Una poblada enardecida hizo que los militares desmontaran el puesto que tenían
allí.
Uso de las armas. A propósito de la reforma policial, el Ministerio de Relaciones Interiores
emitió en 2010 dos normas que regulan el uso de armas de fuego y, en general,
la aplicación de técnicas coercitivas. Los estándares son conocidos como Uso
Progresivo y Diferenciado de la Fuerza, y Uso de la Fuerza Potencialmente
Mortal.
Esas normas establecen que la conducta de los funcionarios policiales o
militares debe regirse por criterios de estricta proporcionalidad y oportunidad
en cuanto al uso de los instrumentos que están a su disposición. Entonces, no
se puede disparar contra un hombre provisto de un palo.
El representante de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, Alfredo
Ruiz, sugirió al Gobierno que instruya a los militares sobre los conceptos
básicos de derechos humanos, así como respecto a los estándares sobre el uso de
la fuerza en labores de seguridad ciudadana.
“Esto debe conocerlo todo oficial en la calle. No se puede hacer una
persecución a tiros. Está prohibido por los manuales sobre uso de la fuerza.
Las armas de fuego sólo pueden usarse para repeler un ataque armado”, precisó.
Añadió que las unidades de Patria Segura tienen que estar sometidas a
constante supervisión por parte de un oficial, no suboficiales u oficiales
técnicos. Los militares, dijo, no pueden estar por su cuenta.
Los militares, indicó, tienen que abrirse a la contraloría social. Eso
implica informar a la comunidad cuando un oficial está al margen de los
estándares, e igualmente indicar los correctivos que se toman para que
situaciones como las de Coro o Petare no se repitan.
Calles sin militares. Liliana Ortega, Cofavic, y Rafael Uzcátegui, Provea,
reiteraron los llamados para que el Ejecutivo reconsidere la participación de
miembros de la FAN en tareas de vigilancia.
Para Ortega, es necesario que el Gobierno concentre toda su energía en la
consolidación de la Policía Nacional. “Hay que sacar a la FAN de las
calles. Es ineficaz y un agregado a la violencia. Es, además, una
desnaturalización de sus funciones”, añadió.
Señaló que las armas de guerra, como los fusiles AK-103 y los FAL, no
pueden ser utilizados en trabajos de policía preventiva. Uzcátegui afirmó que ante las repetidas muertes de inocentes las unidades
de la Guardia Nacional podrían ser intervenidas. Recordó que por mucho menos
que eso el Ejecutivo aplicó una medida de este tipo a Poliamazonas, la semana
pasada.
Indicó que la muerte de una mujer y su hija en Coro, el 4 de julio, ocurrió
en circunstancias que sugieren una violación de la resolución del MRI sobre los
puntos de control, emitida en 2005, después de la masacre de universitarios en
Kennedy, en la que también participaron funcionarios de la GN.
Los representantes de Cofavic y Provea aconsejaron al Ejecutivo
despolitizar el tema de la seguridad ciudadana, quitarle todo matiz ideológico
y profundizar la coordinación con las policías regionales y municipales de todo
el país.
“Se respetan los derechos”
“La naturaleza del Plan Patria Segura y de todos los planes para afrontar
la inseguridad van orientados hacia el respeto a los derechos humanos. Puede
ocurrir, y no solamente dentro del marco de ese plan, que cualquier funcionario
puede violar los derechos humanos, por eso se establecen normas punitivas para
castigar a quienes incurran en esas violaciones”, aseguró la fiscal general
Luisa Ortega, cuando se le preguntó si consideraba que los integrantes de la GN
están capacitados para estar en las calles ejerciendo labores de seguridad
ciudadana.
Indicó que el sargento segundo de la GN Edwar Fernández González, señalado
de haber disparado por la espalda a un motorizado en Petare mientras prestaba
servicio en el Plan Patria Segura, será presentado hoy ante el Tribunal 24º de
Control Penal de Caracas.
“Este es un Estado respetuoso de los derechos humanos. En el caso de que
algún funcionario viole estos o se presuma que los violó, inmediatamente nos
vamos a activar como Estado para que se investigue, y se apliquen las
sanciones”, aseveró.
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