Prensa. Globovisión.
El
segundo vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazabal, explicó que el aporte
solicitado por la Ley Orgánica de la Cultura a empresarios afectará los fondos
destinados a actividades culturales, dado que otorgaban dinero a iniciativas
para promover el arte y el espectáculo. Con la aprobación de la Ley de Cultura las empresas deben otorgar 1% de los
ingresos en empresas que tengan beneficio neto de más de 20 mil UT. "Hoy
en día las cargas tributarias en el país son de suma importancia", resaltó
Larrazabal al salir de una reunión con el directorio.
Indicó que entre 60% y 65% de la utilidad neta de las empresas está
comprometida con el pago de tributos y cargas parafiscales. Fedecámaras exigió
al gobierno "que se modifique la Ley Orgánica de la Cultura para que
podamos revisar la situación", pues afectará la colaboración de las
empresas y representan una carga tributaria agregada en al país. "Este 1% afectará significativamente a las empresas (...) va a modificar
los fondos a actividades culturales porque los fondos que se usaban para esto
tendrán que ser destinados para este impuesto", acotó.
El sector productivo venezolano denuncia que el texto presentado por la
Asamblea Nacional es absolutamente distinto al que se presentó en consulta
pública. Esta nueva contribución va a limitar los aportes que de forma
voluntaria viene ofreciendo desde hace mucho tiempo el sector privado a
distintos programas culturales. Resulta preocupante el incremento de la tendencia en la aprobación de impuestos
parafiscales en Venezuela, ya que en los últimos años se han venido incluyendo,
contribuciones destinadas en forma directa y específica al sostenimiento de
determinadas actividades o cometidos del Estado.
Esta nueva contribución especial se suma a 6 contribuciones previamente
establecidas en otras leyes, que se adicionan a la carga fiscal generada por el
Impuesto sobre la Renta y el impacto al no reconocimiento del 75% de las
retenciones del IVA en los contribuyentes especiales, como lo son las previstas
en: la Ley Orgánica de Drogas, la Ley Orgánica del Deporte, Actividad Física y
Educación Física, la Ley de Ciencia, Tecnología, e Innovación, la Ley del
Seguro Social, la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación
Socialista (INCES), la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, más
otras contribuciones especiales que pechan específicamente a algunos sectores,
como por ejemplo, el 1% del Fondo para la Promoción para el Turismo; así como
el de comunicaciones y telecomunicaciones, que suman 7 tributos más por ser uno
de los primeros sectores de aporte al PIB en la economía (Impuesto a las
Telecomunicaciones, contribución a CONATEL, contribuciones al Fondo de Servicio
Universal y a FIDETEL y tasas de Uso del Espectro Radioeléctrico establecidos
en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, así como las contribuciones previstas
en la Ley de Responsabilidad social de Radio y Televisión y en la Ley de
Cinematografía para FONPROCINE).
Ello, sin considerar el impacto adicional que genera el impuesto creado en la
Ley del Poder Público Municipal sobre la actividad económica y los demás
tributos municipales sobre inmuebles urbanos, vehículos y publicidad comercial,
más los previstos en la Ley de Timbre Fiscal y los impuestos aduaneros, todo lo
cual, como no es difícil concluir, genera una creciente presión fiscal muy
preocupante sobre el empresariado. El sector empresarial solicita que se reconsidere el contenido de esta ley y
que se abra de nuevo el proceso de consulta para que se mida el impacto
económico que tiene la propuesta planteada.
.jpg)
