Prensa.
Diario El Nacional.
Venezuela
se aparta del sistema interamericano el 10 de septiembre sin cumplir 13 de las
15 sentencias del máximo tribunal hemisférico
Cuando la agente del Estado María
Auxiliadora Monagas admitió ante los jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos la responsabilidad de Venezuela por las desapariciones
forzadas de personas durante la tragedia de Vargas, también ofreció disculpas a
los familiares de las víctimas. Alejandra Iriarte, esposa de uno de los
desaparecidos, le contestó: “Yo no quiero gestos, yo quiero justicia”.
A pesar del allanamiento del
Estado, no se cumplió nada de lo dispuesto en la sentencia dictada el 28 de
noviembre de 2005: ni la exigencia de investigación y sanción efectiva a los
responsables de los excesos policiales y militares, ni las reparaciones
pecuniarias, ni (lo más grave) las medidas para garantizar que no sigan
sucediendo violaciones de derechos humanos.
La contumacia se ha mantenido
hasta el presente, con el agravante de que el 10 de septiembre entra en
vigencia la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
resuelta hace un año por el fallecido presidente Hugo Chávez. Venezuela se
aparta del sistema regional de derechos humanos y se pierde la jurisdicción de
la Corte Interamericana con una deuda por pagar a 268 víctimas que fueron
amparadas por el máximo tribunal hemisférico, después de fracasar en el intento
de lograr la reparación de los daños sufridos en los juzgados nacionales. Sólo
por concepto de indemnizaciones establecidas en 13 de las 15 sentencias
condenatorias, se deben $ 9.771.998,95.
La principal deuda está asociada
a la impunidad. En todos los casos sigue pendiente el deber de investigar y
sancionar a los responsables de los atropellos. En 11 de las 15 sentencias, la
Corte Interamericana demostró la violación de los derechos a garantías y
protecciones judiciales.
En seis fallos se condenó al
Estado por violación de los derechos a la vida y la integridad personal. Los
daños en casos de muertes son irreversibles, sin embargo, la reparación se
orienta a evitar que se repitan los hechos lesivos mediante la adopción de
medidas correctivas y preventivas. En esta materia el incumplimiento es total.
Ni siquiera los dos primeros casos (El Amparo y El Caracazo) han servido para
que la actuación de los cuerpos de seguridad se ajuste a los estándares
internacionales, específicamente en el uso proporcional y progresivo de la
fuerza.
En otros cuatro casos fue
comprobada la violación de la libertad de expresión y en tres más la debilidad
del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces venezolanos. La
única sentencia sobre violación de derechos políticos fue impulsada por el ex
alcalde de Chacao Leopoldo López, a propósito de su inhabilitación para ejercer
cargos públicos.
Oídos sordos. El ex presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao, explica que la denuncia
de la Convención Americana no tiene efectos retroactivos y que la Corte
mantiene intactas sus facultades de supervisión del cumplimiento de todas las
sentencias que ha dictado sobre Venezuela: “Recibirá información de las partes,
convocará a audiencias y emitirá resoluciones hasta que haya cumplimiento cabal
y completo. El Estado venezolano no se puede desentender; ningún Estado lo ha
logrado”.
Ayala Corao lidera las acciones
que ha desarrollado el movimiento de derechos humanos en Venezuela para detener
la denuncia de la Convención. Solicitaron la suspensión de sus efectos ante la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pero esta no ha dado
respuesta.
En un comunicado publicado hoy,
decenas de activistas y académicos alertan a la comunidad internacional: “La
desvinculación de Venezuela de las disposiciones contenidas en la Convención
debilita y en definitiva quebranta, en forma grosera, el derecho de petición de
las personas ante órganos internacionales con el objeto de solicitar el amparo
de sus derechos humanos, consagrado en los artículos 33 de la Convención y 31
de la Constitución venezolana”.
Ligia Bolívar, directora del
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello resume lo
fundamental de las pérdidas: “Las víctimas ya no tendrán la posibilidad
de ser escuchadas por un tribunal independiente donde ellas puedan decir su
verdad. La madre de uno de los fallecidos en la masacre de El Amparo, una
viejita que vivía en pobreza extrema, nos decía: 'Yo no quiero plata, a mi hijo
no me lo van a pagar como si fuera un becerro. Yo lo que quiero es que el
Gobierno reconozca que mi hijo no era un guerrillero”.
Eloísa Barrios: “Me han matado 4
hermanos y 6 sobrinos”
“Cuando mataron al primero, a
Benito, todos empezamos a huir de Guanayán. Allí vivíamos todos y estábamos
pendientes unos de los otros. Ahora estamos regados por Charallave, Los Teques,
Maracay y Valencia. Lo peor es que los fiscales y jueces no han hecho nada para
castigar a los culpables y nosotros seguimos en riesgo, nos siguen matando. No
es cualquier cosa, me han matado 4 hermanos y 6 sobrinos. El 16 de mayo de este
año mataron al último, a mi sobrino Ronny Barrios. Si el Gobierno cumpliera con
la sentencia de la Corte Interamericana los muchachos tendrían becas para
estudiar, podríamos comprar unas casas para volver a vivir cerca y a todos nos
tendrían que dar protección. Vivimos huyendo de los policías que nos han ido
matando”.
Alejandra Iriarte: “Ya es muy
difícil sobrevivir en este cerro”
“De esta casa se llevaron a
Óscar. Los primeros día de enero de 2000, después de la tragedia de Vargas, el
Ejército llegó por estos barrios con listas de supuestos delincuentes para
exterminarlos. Llegaron armados y destrozaron todo. En el juicio se demostró
que Óscar fue entregado a la Disip. Todavía estamos esperando que alguien nos
diga exactamente qué hicieron con él. Ya yo no quiero saber nada de tribunales,
lo que falta es que el Gobierno cumpla. Lo que más nos preocupa es que esta
casa se está cayendo. Con la vaguada de 2010, el terreno se hundió más. Ni
siquiera porque mi hija es integrante de la selección nacional de volibol y
jugó en las Olimpíadas de Beijing, nos han dado una casa. Ya es muy difícil
sobrevivir en este cerro”.
Los dos puntos de quiebre
Al impulso del TSJ. El 18 de diciembre de 2008, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inejecutable la
sentencia que había dictado la Corte Interamericana por la destitución
irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
En esa oportunidad, el TSJ instó al Ejecutivo a denunciar la Convención
Americana.
Díaz Peña, “el colmo”. El ex presidente Chávez decidió formalizar la
denuncia de la Convención Americana, después de que la Corte Interamericana
dictó sentencia por la violación del los derechos de Raúl Díaz Peña, condenado
por los atentados a sedes diplomáticas. El Gobierno consideró el colmo que se
le reprochara haber actuado contra un terrorista.
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