Prensa. EFE.
La jueza Marilda Ríos rechazó
el pedido de libertad plena para la jueza María Lourdes Afiuni, procesada por
la supuesta liberación irregular del empresario Eligio Cedeño en 2009, y cuyo
juicio se suspendió la semana pasada. "La juez negó la libertad
plena", afirmó el abogado José Amalio Graterol, al recordar que el día 23
solicitó el levantamiento de las limitaciones legales de Afiuni, quien se
encuentra en libertad condicional desde junio pero debe presentarse
regularmente ante la justicia y tiene prohibido salir del país sin permiso
judicial, además de hablar con medios de comunicación y escribir en redes
sociales.
De acuerdo con el abogado, la
jueza Ríos, argumentó para negar el pedido que aún no han transcurrido cuatro
años desde la apertura del proceso contra Afiuni, un plazo que establece la ley
para pedir la libertad de un acusado y que en el caso de la jueza se cumple el
10 de diciembre próximo. "Vamos a apelar esa
decisión, porque es una decisión incongruente, ella (la jueza de la causa) está
decidiendo algo distinto a lo que se solicitó", dijo Graterol.
El abogado afirmó que al pedir
la liberación de Afiuni no se amparó en el plazo legal de cuatro años, sino que
argumentó que es "ilógico" que su libertad continúe restringida luego
de que supuestamente los fiscales de la causa abandonaron el caso al no
presentarse a la última audiencia del juicio en su contra.
Afiuni consiguió al menos una
flexibilización en las condiciones de su libertad condicional, ya que ahora
deberá presentarse ante el tribunal de la causa cada 30 días y no cada 15,
señaló Graterol, que denunció trabas por parte del tribunal para acceder al
expediente. El resto de las restricciones,
como escribir en su cuenta de Twitter, se mantienen sin cambios.
La jueza se sometió a una
operación por un tumor en una de sus axilas hace dos semanas y "hasta el
momento se siente bien, se está recuperando", dijo su abogado. Afiuni obtuvo la libertad
condicional tras pasar más de tres años y medio detenida, dos de ellos en
régimen de prisión domiciliaria, por la supuesta liberación irregular del
banquero Eligio Cedeño, que llevaba tres años detenido sin juicio acusado de
efectuar operaciones cambiarias ilegales.
Tras la liberación de Cedeño,
el entonces presidente Hugo Chávez, pidió la "pena máxima" para la
magistrada al asegurar que se había confabulado con la defensa y los
funcionarios del juzgado para dejar en libertad al empresario sin informar a la
Fiscalía. La defensa de Afiuni,
considerada por la oposición como una "presa política", ha acusado a
los jueces y fiscales de la causa de no ser imparciales y de servir a los
intereses del chavismo.
El juicio contra Afiuni,
iniciado en diciembre del año pasado, sufrió un nuevo traspié la semana pasada,
cuando según Graterol quedó anulado por el vencimiento de un plazo judicial. Sin embargo, el abogado indicó
que la jueza de la causa no asentó formalmente la anulación del juicio en el
expediente, un hecho que consideró irregular. La magistrada aseguró en un
libro sobre su caso haber sido violada en prisión y denunció un deterioro de su
salud producto de su tiempo en la cárcel, sin embargo cuando la Fiscalía la
emplazó a presentar la denuncia para comenzar la investigación ésta se negó a
hacerlo.