Prensa. País de
España.
Se trata de una
medida unilateral, pues no hay embargos internacionales hacia Venezuela
EL PAÍS - ESPAÑA
El
Gobierno español suspendió cautelarmente y por tiempo indefinido la exportación
de material antidisturbios a Venezuela, ante la espiral de violencia en ese
país desde principios de febrero que ha dejado un saldo de 39 muertos, 550
heridos y más de 2.000 detenidos, según datos de Amnistía Internacional.
La
decisión fue adoptada por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio
Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) –en la que están
representados los departamentos de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior,
Comercio o Hacienda– el 6 de marzo, pero no se ha hecho pública.
Se
trata de una medida unilateral, reconocen fuentes diplomáticas, pues no existe
ningún embargo internacional a Venezuela. Sin embargo, la JIMDUU evalúa una
serie de criterios a la hora de autorizar las ventas de material militar,
policial o de doble uso y uno de ellos alude a situaciones de inestabilidad
interna y a la posibilidad de que este pueda ser empleado para la represión.
Venezuela
es uno de los primeros clientes de las empresas españolas que fabrican material
antidisturbios. En el primer semestre del año pasado, último periodo del que
existen estadísticas oficiales, compró “colorantes para la fabricación de
artificios pirotécnicos no letales” por valor de 16.016 euros; pero los
contratos aprobados y pendientes de ejecución al 1° de julio ascendían a 2,6
millones, más el 50% del total autorizado para todo el mundo de estos equipos.
En
2012, el régimen de Caracas compró material policial de fabricación española
por 449.624 euros, correspondientes a “despieces inertes para fabricar
artificios pirotécnicos no letales, aerosoles de defensa con pulsador y
retardos”. Las operaciones autorizadas sumaron 1,69 millones. Los compradores
fueron las Fuerzas de Seguridad.
La
diplomacia española está actuando con suma discreción en la crisis venezolana,
consciente de las delicadas relaciones entre los dos gobiernos y de los
importantes intereses de España en dicho país.
Además
de las relaciones económicas (más de 100 empresas españolas están implantadas
allí), casi 200.000 españoles viven en Venezuela. Desde que comenzaron las
protestas, una treintena de españoles han sido detenidos, la mayoría con doble
nacionalidad, y un hispano-venezolano de origen canario, Wilder Carballo Amaya,
murió el pasado 24 de febrero de un disparo en la cabeza durante una
manifestación. Fuentes de Exteriores aseguran que Caracas no ha puesto
obstáculos para que los detenidos puedan recibir asistencia consular y que se
está a la espera del resultado de la investigación sobre la muerte de Carballo.
España aboga por una salida dialogada a la crisis entre Gobierno y oposición.
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