Prensa. Diario El Nacional.
MARU MORALES / MMORALESP@EL-NACIONAL.COM
El
artículo 204 de la Constitución es preciso al señalar que la iniciativa
legislativa puede nacer del Ejecutivo, la Comisión Delegada o las
comisiones permanentes de la Asamblea
Nacional, al menos 3 diputados de la Asamblea Nacional, del TSJ, del Poder
Ciudadano, del Poder Electoral, del 0,1% de los electores inscritos en el
Registro Electoral y de los consejos legislativos.
El
pasado 13 de agosto cuando el editor y vocero de la Cámara de Periódicos
Regionales, Gastón Guisandes, ejerció un derecho de palabra en la comisión de
Poder Popular y Medios del Parlamento para presentar el proyecto de ley de
comunicación social, no cumplió el séptimo precepto constitucional, conocido
como “iniciativa ciudadana”.
Guisandes
se limitó a afirmar que el proyecto “era resultado de muchas consultas con
muchas personas”, pero no consignó el proyecto en nombre de ninguna
organización ni grupo de ciudadanos en particular.
El
presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, advirtió que la
propuesta nació viciada y que desde ese hecho, hasta su contenido constituye un
“mamotreto jurídico”. “Esto llegó al parlamento con un vicio de origen: él
debió llevar su propuesta con 180 mil firmas de respaldo de acuerdo a lo que
dice la Constitución, pero no lo hizo y la Asamblea Nacional no se lo exigió”,
denunció.
Rechazo
total
Sin
detenerse en la forma como fue presentada, la comisión aceptó el documento y lo
remitió a la sub comisión de Medios para su estudio y consideraciones, explicó
la presidenta de la instancia, Tania Díaz (PSUV).
Las
reacciones no se hicieron esperar. Representantes del CNP, dirigentes gremiales
de Caracas y Zulia, miembros del SNTP e integrantes de la Asociación de
Periodistas Extranjeros rechazaron el contenido y la orientación del proyecto
de ley de comunicación social promovido por Gastón Guisandes.
Guía
advirtió que la iniciativa busca eliminar la formación profesional del
periodista y socavar más la libertad de expresión. Cree que la intención es
tener comunicadores sumisos al partido de gobierno.
“La
Ley de Ejercicio, el Código de Ética y el Colegio son mecanismos que garantizan
a la sociedad periodistas preparados y profesionales. Quitar esos mecanismo es
lanzar a la sociedad por un barranco donde cualquiera podrá emitir
informaciones sin filtro”, dijo.
Aunque
Guisandes llevó el proyecto a título personal, Guía no duda del origen del
documento: “Es una iniciativa de la que Julio Chávez (PSUV) ha venido hablando
desde el año pasado”.
La
secretaria general del CNP-Caracas, Lisbeth de Cambra, coincidió: “Estoy
convencida de que es una línea política emanada del PSUV para censurar. Si es
avalado por la Asamblea, caeríamos en la anarquía informativa”, vaticinó. Precisó
que los artículos 5, 15 y 18 del proyecto establecen abiertamente la censura.
Cero
críticas
La
vicepresidente nacional del CNP y dirigente de Zulia, Nikary González, enfatizó
que la propuesta plantea desprofesionalizar la carrera para que no haya
periodistas críticos ni sagaces. “El proponente es un actor político del
gobierno. Lo que quieren son simples propagandistas, interlocutores cómodos y
que la sociedad pierda de vista a quienes han dado la cara en la lucha por la
libertad de expresión”, dijo.
González
considera que la ley vigente es revisable, pero no bajo la mirada de la actual
Asamblea Nacional. “Claro que se puede discutir una actualización de la norma,
pero ¿dónde y quiénes discutirían? ¿En una Asamblea que no permite el ingreso a
los periodistas? Eso no tendría sentido”, sostuvo.
El
presidente del SNTP, Marco Ruiz, observa que el proyecto se inscribe en la
línea política gubernamental de acallar a la oposición. “Responde a la
necesidad del gobierno de seguir alimentando su aparato propagandístico hasta
hacer desaparecer cualquier gesto crítico. Este proyecto protege a los
burócratas y no a los ciudadanos. Eso es contrario a la naturaleza del
periodismo”, alertó Ruiz.
Coincidió
con González al afirmar que un Parlamento que no deja a los periodistas acceder
directamente a la información no puede revisar el ejercicio de la profesión.
Corresponsales
alerta
El
presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros (que agrupa a 80
profesionales de 40 medios internacionales) y corresponsal de Inter Press
Service, Humberto Márquez, expresó preocupación: “Creo que se busca desmantelar
el CNP y demás formaciones gremiales. La redacción del texto es tan genérica
que cualquiera puede ejercer el periodismo por el solo hecho de haber nacido.
Es una manera de degradar la formación profesional”.
La
propuesta Guisandes tiene un parágrafo dedicado a los corresponsales
extranjeros según el cual podrán ejercer únicamente por un año, a menos que
tengan visa de residentes.
“No
encuentro argumento que sustente esa arbitrariedad”, dijo Phil Gunson,
corresponsal en Venezuela durante 15 años. “A nadie le dan una residencia luego
de un año; el corresponsal extranjero necesita tiempo para entender el país,
pero si al año se tiene que ir, se desprofesionaliza la corresponsalía porque
todo el que llegue tendrá que empezar de cero. Fijar ese lapso no toma en
cuenta que no es razonable ni atractivo como oferta de trabajo”, señaló.
La
ambigüedad y la censura
El
proyecto de ley de comunicación social consta de 18 artículos. Su objeto es
regir el ejercicio de la comunicación por “formación natural o académica” y
ampara a todas las personas “profesionales o no” que trabajan en medios,
publicidad, locución “y a todo el que usando su ordenador ejerza la
comunicación social”. También, a los corresponsales extranjeros.
El
texto condena la colegiación de periodistas pero crea un Colegio Nacional de
Comunicación Social; ordena crear una comisión promotora que redactará el
reglamento; y el artículo 15 crea la Comisión de Orden con potestad para actuar
de oficio y “censurar” o expulsar a los comunicadores. No se aclara cómo será
la escogencia de las autoridades de ninguna de estas instancias.
Los
artículos 17 y 18 consideran “faltas inexcusables” publicar información sobre
personas sin previamente haberlas notificado e informar de “situaciones
irrelevantes”. Sostiene que la sola rectificación libra al comunicador de
procesos penales.