En una
participación inédita en la mesa de negociaciones, en Cuba, este colectivo
exige el reconocimiento, la reparación y que no se repitan las violaciones
ANNA CAROLINA
MAIER / AMAIER@EL-NACIONAL.COM
Más
de 6 millones de personas han sido víctimas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia en más de medio siglo de conflicto. Entre ellas
Leonardo Perilla, que fue secuestrado cuando estaba a cargo de la seguridad de
una planta repetidora que recibe y emite señales para radio y televisión.
“Éramos
42 soldados, 26 fueron asesinados y 16 quedamos secuestrados”, contó Perilla,
que estuvo 79 días en poder de las FARC y se mostró cauteloso al ser consultado
sobre su experiencia. Relató que durante su cautiverio estuvo en condiciones
infrahumanas como permanecer amarrado a un árbol. “Yo puedo perdonar, mas no
olvidar”, expresó. Aspira a que su país alcance la paz siempre y cuando las
FARC reconozcan las torturas, muertes, ataques, violaciones sexuales y otros
vejámenes que han cometido contra la población civil y militar de Colombia.
Para
él, así como para las demás víctimas, cualquier negociación requiere que el
grupo armado “pida perdón”.
Ahora
viven la inédita oportunidad de participar en la mesa de negociaciones de paz
instalada en La Habana en noviembre de 2012. Su punto de honor: que los
perpetradores de los crímenes de guerra y de lesa humanidad admitan sus delitos
y presenten disculpas sinceras.
Javier
Ciurlizza, director para América Latina y el Caribe del International Crisis
Group, señaló que aunque las víctimas coinciden en algunas expectativas, lo
heterogéneo del colectivo de personas afectadas podría dificultar que lleguen a
acuerdos comunes.
Oportunidad.
El martes comenzó el ciclo número 27 de conversaciones en las que el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos y las FARC discuten el quinto punto de la
agenda: las víctimas.
El
sábado pasado la mesa contó con la participación de 12 de los 60 representantes
que asistirán al diálogo para entregar testimonios y exigencias que deben ser
tomados en cuenta para un eventual acuerdo.
Jorge
Vásquez –desplazado por el conflicto y coordinador de la Mesa Nacional de
Víctimas, mecanismo de participación creado por la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras–, expresó que las víctimas exigen el reconocimiento, la
reparación y la no repetición de las violaciones.
Explicó
que la complicación estará en cómo se van a resarcir los daños causados. “No
puede haber un acuerdo pacífico hasta que se resuelvan los casos”.
Perilla
agregó que las FARC no pueden hacerse pasar por víctima. “Sus militantes son
victimarios. Yo no me puedo arrodillar ante ellos”. Al igual que Vásquez se
preguntó: ¿Cómo nos van a reparar el daño irreversible que nos han causado?
En
cuanto a las medidas legales, Vásquez dijo que deberán establecerse en los
acuerdos sanciones en el marco de la ley, sin olvidar que algunas personas
fueron víctimas también del Estado “porque en zonas donde operan los grupos
rebeldes muchas veces no hay carreteras o electricidad, lo que complica todo
mucho más”.
El
artículo 3 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras dice: “Se consideran
víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un
daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia
de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y
manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno”.
El
concepto de Vásquez es más amplio y engloba como víctima a todo el que haya
sufrido el conflicto directamente o indirectamente a través de un familiar.
Diferencias.
La pluralidad de criterios sobre quién es exactamente una víctima de las FARC
incidió en que no fuese sencillo elegir quiénes serían las 60 voces que
representan, en Cuba, a los más de 6 millones de afectados por la lucha armada
en Colombia. Fue mediante el Foro Nacional de Víctimas –coordinado por La
Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz
y la Organización de Naciones Unidas en Colombia– que se escogió a los
representantes entre las distintas agrupaciones de los agraviados. Perilla
asistió al foro porque desea que se haga justicia y anhela que sus hijos y
nietos no vivan en el clima de confrontación que ha dominado a su país durante
más de 50 años de conflicto armado.
Sin
preguntar por María José
Eleonora
Delgado/San Cristóbal
eldelgado@el-nacional.com
Hace
una semana familiares de María José Molina, secuestrada hace seis años por
hombres que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, señalaron que medios de comunicación colombianos
difundieron una foto recuperada entre otros materiales en operaciones
antiguerrillas, en la que se observa a una muchacha que físicamente coincide
con los rasgos de la joven que hoy tiene 21 años de edad.
Viste
prendas de miliciana utilizadas por las FARC. Su familia no ha sido contactada
por los organismos de seguridad venezolanos que conocen el caso y que cuentan
con unidades antisecuestros para precisar el estado de las investigaciones del
plagio de María José o para indagar sobre su presunta condición de miliciana.
“Desde
que apareció la información en varios medios no hemos recibido ninguna
respuesta. No nos han llamado. No se han activado los cuerpos policiales. Para
nosotros sigue estando secuestrada, porque ella fue secuestrada. Si está
miliciada no lo sabemos. Lo único que tenemos de ella es esa foto”, dijo Carmen
Zulay de Molina, madre de María José, secuestrada en junio de 2008 en la
localidad tachirense de Cordero.
En
lista
E.D.
Las
acciones preventivas contra el delito han dado como resultado que en el estado
Táchira no se hayan perpetrado secuestros durante buena parte de la gestión del
gobernador José Gregorio Vielma Mora, afirmaron funcionarios y el mandatario de
la entidad, lo que le habría merecido el reconocimiento del presidente Nicolás
Maduro.
Pero
desde hace 12 años hay una veintena de tachirenses secuestrados cuya suerte se
desconoce.
La
lista la encabeza Carlos Eduardo Rosales, joven universitario que en junio de
2012 fue privado de su libertad en la localidad de Colón, en el norte del
Táchira. Los familiares de 27 personas plagiadas, entre las que se encuentran
mujeres y hombres con problemas de salud, han recibido llamadas de los
secuestradores haciendo exigencias a cambio de su liberación, fe de vida en
algunos casos, y por último un largo silencio.
En
junio de 2013, el general José Pinto Gutiérrez, que creó en Táchira el Comando
Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional, aseguró que los
casos de larga data serían reabiertos para precisar el estado de las víctimas.
Con
respecto a las extorsiones, de acuerdo con informaciones conocidas a través de
organismos de seguridad, buena parte de ellas estarían siendo llevadas a cabo
por facinerosos que se hacen pasar por miembros de organizaciones guerrilleras
y paramilitares, que va desde el cobro de un porcentaje de las ganancias
obtenidas por una persona, según su actividad económica, hasta para evitar
poner en riesgo la integridad de alguien.
Puntos
por discutir entre el gobierno y las FARC:
1.
El reconocimiento de los afectados no solo en su condición de víctimas, sino
también como ciudadanos.
2.
El reconocimiento de responsabilidad.
3.
Satisfacción de los derechos de las víctimas a través de acuerdos y medidas.
4.
La participación de las víctimas en la discusión por diferentes medios y
momentos.
5.
Aclarar la verdad sobre el conflicto y explicar sus causas y efectos.
6.
La reparación de las víctimas para restablecer sus derechos.
7.
Las garantías de protección y seguridad a los afectados.
8.
La garantía de no repetición para asegurar que no surjan nuevas generaciones de
víctimas.
9.
Principio de reconciliación mediante el cual se buscarán caminos hacia la
convivencia.
10.
Enfoque de derechos para que los convenios a los que se lleguen contribuyan a
la protección y garantía del goce efectivo de los derechos de todos los
ciudadanos
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