Prensa.
Emen .-
El superintendente de Precios Justos,
Andrés Eloy Méndez, aseguró que el ente encargado de regular y establecer los
Precios Justos incluye dentro de la estructura de costos el cálculo del aumento
del salario mínimo. Méndez expresó que
lo primero que valoramos en la Sundde dentro de la estructura de costos
es el salario, e inclusive, para fijar precios regulados este es uno de los
ítems fundamentales que se respeta”, según una nota de prensa del ente.
Calificó de “incongruentes e ignorantes” las
declaraciones del presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, en donde aseguró que
el organismo no considera los aumentos salariales al momento de analizar y
fijar los precios. “Esas declaraciones
no obedecen a la realidad venezolana. Es una muestra de falta de coherencia y
no poder atacar al Gobierno que históricamente ha protegido el salario de la
familia venezolana, por lo que las rechazamos categóricamente”, afirmó Méndez.
El superintendente de Precios Justos
destacó que la Ley Orgánica de Precios Justos establece el salario como parte
de la estructura de costos, normativa que se cumple en todas las actuaciones de
la institución. “Desde la Sundde siempre
se ha respetado el salario como un costo, está en nuestra leyes, en nuestra
normativa, pero también está en nuestro quehacer diario”, resaltó el defensor
de los derechos socioeconómicos.
Cabe destacar que la Superintendencia de
Precios Justos tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo,
equitativo, productivo y soberano de la economía nacional, garantizando a la
familia venezolana el acceso a los bienes y servicios a precios justos con el
fin de proteger el salario de los trabajadores. En otro sentido, otras fuentes
han señalado que las empresas han venido cumpliendo con el marcaje de los
precios justos, aunque se mantienen las fiscalizaciones.
Otros factores
Para calcular los precios justos, la
Sundde toma en cuenta entre otros
factores, la mano de obra directa y otros costos indirectos como local y maquinarias.
En esa estructura se reconoce un 12% adicional para salarios de administración,
tecnología, depreciación, alquiler, gastos de representación, publicidad y
salarios de vendedores y material de oficina, entre otros.
Una vez se reconocen estos costos, las
empresas tienen hasta un tope de 30% de
ganancia. La cadena de comercialización mantiene un margen de 54% repartido
entre todos los sectores. Es el consumidor final el que termina, como pasa en
todas las economías, pagando los costos de un aumento de salario. Lo que busca el gobierno nacional con esa Ley
de Precios Justos es regular los topes de ganancia, pero se trata de una
normativa que revisa permanentemente los precios.
Con información de Yolanda Ojeda R.
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