Prensa.
Transparencia Venezuela.
Mercedes
De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, explicó ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el país el derecho al acceso
a la información pública es prácticamente inexistente, “no hay institución de
los poderes públicos nacionales donde la opacidad no sea la política oficial”,
por lo que solicitó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
realizar un informe sobre Venezuela.
Audiencia CIDH Período 156. Situación del derecho a
la libertad de expresión en Venezuela
Junto
a representantes del Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos
Humanos de la UCAB, Espacio Público, el
Instituto de Prensa y Sociedad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa, la ONG participó en el 156 periodo de sesiones de audiencias de la
CIDH, sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en el
país.
En
un seguimiento riguroso que la ONG ha hecho y que plasmó en el informe
presentado a la Comisión se analizan en detalle dos causas principales que
limitan el goce y ejercicio del derecho a la información pública, “un marco
legal restrictivo y tendencias jurisprudenciales que lejos de resguardar el
derecho obstaculizan su ejercicio”.
Durante
la Audiencia, De Freitas presentó el resultado de un estudio realizado por
Transparencia Venezuela en 2014, donde se detectó que de 475 instrumentos
jurídicos de diverso tipo adoptados entre 1999 y 2014, sesenta contienen
disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública.
Asimismo explicó en su intervención que “decisiones judiciales donde los
venezolanos lejos de encontrar respuesta a las solicitudes, encuentran nuevos
obstáculos, las acciones de amparo son inadmisibles con argumentos que los
pedidos de información atentan contra la eficacia y la eficiencia de la
administración pública”.
Un
caso emblemático representó la demanda contra el presidente del Banco Central
de Venezuela, Nelson Merentes, por incumplir su obligación de las variables
macroeconómicas del país. El 4 de agosto de 2015, la Sala Político
Administrativa lo declaró inadmisible alegando que Transparencia Venezuela no
acompañó ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado para
solicitar el cumplimiento.
Durante
su participación el representante del Estado, William Castillo, reconoció que
“ciertamente hay debilidades que hay que atender". A lo que el comisionado
Felipe González, le recordó “que el Estado no se ha hecho cargo de las
acusaciones. No ha proporcionado (información) a la Comisión sobre las serias
deficiencias al acceso a la información pública que han planteado (las
organizaciones civiles) en ésta y otras audiencias".
Felipe
González, quien es además Relator para Venezuela y Estados Unidos, pidió
visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de
expresión en el país. De igual forma Edison Lanza, relator especial para la
Libertad de Expresión de la CIDH, manifestó “hemos estado en 15 países sin
ningún tipo de problema. Por eso, solicitamos visitar Venezuela a la mayor
brevedad, para que cese el clima de polarización”.
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