Prensa.
Expresión Libre.
Esta
situación ilegal, la cual lleva aparejada un sesgo ideológico y propagandista
que excluye la participación de los opositores y sólo los menciona para
demonizarlos, se ha presentado en cada oportunidad de comicios nacionales. Es más evidente en los medios audiovisuales,
pero abarca también los medios impresos costeados con dinero del Estado, como
ocurre con El Correo del Orinoco y Ciudad Caracas, financiado por la Alcaldía
de Libertador, con sus distintas versiones regionales.
Este
ventajismo mediático-electoral constituye uno de los signos más graves y
cuestionables de la falta de estándares democráticos en los medios del Estado
venezolano y representa una de las múltiples formas de corrupción oficial y de
la ausencia de una actuación imparcial e institucional por parte del Consejo
Nacional Electoral (CNE).
Además,
de manera evidentemente delictual los medios públicos fueron nuevamente
utilizados para divulgar conversaciones telefónicas grabadas en flagrante
violación de la Constitución Nacional como ocurrió el 14 de octubre cuando el
presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, transmitió en su programa
“Con el mazo dando”, en el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV), de la
conversación privada entre el empresario Lorenzo Mendoza y el economista
Ricardo Hausmann.
Durante
octubre, los esfuerzos informativos de los periodistas venezolanos volvieron a
chocar contra la política del gobierno nacional de impedir, la mayoría de las
veces mediante métodos represivos y violentos ejercido por los cuerpos de
seguridad, no solamente la cobertura de
las protestas de los sectores sociales, sino las propias vicisitudes de la
población para conseguir los productos de primera necesidad, la caótica
situación carcelaria e incluso la rutinaria cobertura de la fuente de sucesos,
a la cual le interponen obstáculos los trabajadores de la Morgue de Bello Monte
y efectivos de la GNB.
Valga
señalar, como uno de los hechos más graves ocurridos durante este mes, el
ataque a balazos contra el periodista falconiano Félix Amaya, quien había
recibido amenazas por sus denuncias y su posición crítica a los gobiernos
nacional y regional desde su programa de radio. A continuación los hechos que
configuraron limitaciones a la libertad de expresión, el derecho de información
y las garantías para el ejercicio del periodismo durante el mes de octubre de
2015:
El
viernes 2 de octubre se publicó por última vez la versión impresa del Diario Los Andes en Táchira. Tenía 37
años informando a la población de ese estado. La causa no es distinta de las
razones que han llevado a la desaparición de otros importantes medios
regionales de Venezuela: falta de ingresos publicitarios y subida exponencial
del costo de los insumos, a lo que se sumó los problemas del transporte.
El
periodista y corresponsal de Univisión, Francisco Urreiztieta, denunció que él
y su equipo de trabajo fueron detenidos durante cuatro horas en un puesto de
control del ejército venezolano cerca del Río Limón, Estado Zulia, en la frontera con Colombia
cuando se encontraban realizando un reportaje sobre el cierre fronterizo.
Urreiztieta indicó que durante la detención, ocurrida el 04 de octubre, fueron
obligados a borrar parte del material de su reportaje bajo la amenaza de ser
detenidos. A través de su cuenta de
Facebook, Urreiztieta señaló que fueron acusados de espionaje y de violar el
estado de excepción.
El
periodista Javier Ignacio Mayorca, uno de los reporteros de sucesos del
diario El Nacional, denunció que los empleados de la Morgue de Bello Monte en Caracas insisten
en limitar el trabajo periodístico. A través de su cuenta en la red social
Twitter (@javiermayorca) explicó, el 04 de octubre, que los funcionarios
bloquean el acceso de reporteros a instalaciones y amenazan a los deudos con
retardar la entrega de cadáveres si declaran a los medios de comunicación. “Los
roces entre el personal de la medicatura y los reporteros son cada vez más
frecuentes. Quieren hacer invisible la violencia mediante censura”, dijo
Mayorca. Esto se suma a los constantes enfrentamientos casi diarios de la GNB,
que custodia las inmediaciones de la morgue, con los periodistas.
El
diario Nueva Prensa de Guayana, del estado Bolívar, enfrenta un posible cierre
técnico por falta de papel, según informó el 12 de octubre María Sequea,
administradora del rotativo, que ha reducido sus cuerpos, paginación y tiraje,
que pasó de 30 mil a sólo 5 mil ejemplares. Según Sequea, el diario vive una
lenta agonía como consecuencia de la falta de asignación de divisas para la
importación de papel de las bobinas.
Dos
funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (Cicipc) se presentaron a la sede del semanario Tal Cual, a las
8:00 p.m. del 8 de octubre, requiriendo a Francisco Layrisse, directivo del
medio. La medida fue emitida por el Tribunal 29° de Primera Instancia en lo
Penal del Área Metropolitana de Caracas. Otro tanto hicieron los funcionarios
del cuerpo de seguridad en la sede del diario El Nacional en búsqueda de Miguel
Henrique Otero, presidente editor de este rotativo, así como las instalaciones
de la página informativa La Patilla. Alberto Ravell, director de la web,
aseguró que el Estado está en conocimiento de que él se encuentra fuera del
país, por lo que preguntó: “¿Terrorismo judicial?”. Sobre los directivos de estos medios de
comunicación pesan medidas de prohibición de salida del país por haber
reproducido una información del diario ABC de España sobre la presunta
vinculación del diputado Diosdado Cabello con el narcotráfico.
De
acuerdo con una investigación del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), de los
737 medios que existen en el país 57% tienen una línea editorial
pro-oficialista. La mayoría de ellos son, incluso, de capital
"independiente", pues oficialmente son 22 los que pertenecen al Estado.
Además
de las limitaciones que se aplican mediante la Ley de Responsabilidad Social en
Radio, Televisión y Medios Radioeléctricos;
el Gobierno ha conseguido asfixiar a los medios impresos controlando la
importación de papel, mientras la radio y la televisión sufren con el temor de
perder su concesión a capricho de la revolución. 80% de las emisoras de radio en el país
tienen su concesión vencida, afirma Enza
Carbone, presidenta de la Cámara de Radio de Venezuela.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 156º período de
sesiones de audiencias, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la
situación de la libertad de expresión en el país. El comisionado Felipe
González, quien es además relator para Venezuela y Estados Unidos, indicó que
el Estado no se ha hecho cargo de las observaciones sobre el derecho a la
información pública y agregó que "es importante que Venezuela cumpla la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Radio Caracas
Televisión”. En dicho período de audiencias varias organizaciones venezolanas
presentaron denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y
específicamente la libertad de expresión.
El
Concejal del Municipio Chacao, Diego Scharifker denunció que el 15 de octubre,
durante la llegada al país del presidente de Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales,
por el Aeropuerto Internacional de La Chinita en el estado Zulia, fue detenido
un camarógrafo de la planta televisiva internacional CNN por funcionarios del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Informó además que a un
fotógrafo del diario La Verdad le borraron todas las fotografías de su equipo.
Al
mediodía del 18 de octubre, el periodista falconiano Félix Amaya sufrió un
atentado cuando un sujeto que viajaba de parrillero en una moto roja le hizo varios disparos. El ataque contra el
comunicador tuvo lugar en el cruce de la calle Dominó con calle Democracia, de
Coro. Amaya había recibido una llamada telefónica a su programa radial "Aquí
Cabemos Todos" de un sujeto que amenazó con "detonarlo". Sospecha que trataron de matarlo o
intimidarlo por la posición crítica que mantiene en su programa "Aquí
Cabemos Todos" por Médano 95.5 Fm y se transmite simultáneamente por Médano
Televisión en Coro. Además redacta para el portal www.primeranoticia.net
El
reportero gráfico del portal de noticias Caraota Digital, Jesús Medina Ezaine,
denunció, el 27 de octubre, que la ministra para los Asuntos Penitenciarios,
Iris Varela, pretende demandarlo tras haber reportado la situación que se vivió
en la cárcel Rodeo II, el 22 de octubre de 2015, donde un recluso murió y cinco
personas estuvieron secuestradas por una semana.
Juan
Guerrero Briceño, fotógrafo del diario La Verdad de Maracaibo, estado Zulia,
fue amenazado por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin),
quienes lo golpearon y lo patearon cuando se disponía a hacer su trabajo en las
instalaciones del Hospital Universitario
de Maracaibo, el 22 de octubre. Los uniformados le dijeron a Guerrero: “Te
vamos a matar como un perro”. También resultaron agredidas dos reporteras del
mismo medio de comunicación.
En
el mismo hecho la estudiante de comunicación social, Ysbel Gil y la periodista,
Isamar Prieto, recibieron jalones por parte de los hombres y tuvieron que
entregar sus teléfonos. El equipo de reporteros del diario se encontraba en el
centro hospitalario para recopilar información acerca de las víctimas de una
explosión que ocurrió en el oeste de Maracaibo.
El
28 de octubre, el diario El Oriental de
Monagas reseñó que en la sede de la Universidad Bolivariana de
Venezuela-Maturín (UBV) prohibieron el acceso a los periodistas de los
diferentes medios de comunicación de la entidad, debido a la cobertura que
venían dando a las protestas de los estudiantes por la parálisis del comedor,
la falta de aire acondicionado en las aulas, las fallas de luz, del ascensor y
de equipos tecnológicos para las exposiciones.
El
28 de octubre de 2015, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
amenazó con detener a Nairobi Rodríguez, reportera del portal digital El Pitazo Informativo,
cuando se encontraba registrando testimonios fotográficos de un grupo de
personas que hacían fila en un supermercado para comprar comida. El hecho
ocurrió a las diez y media de la mañana en el sector 4 Esquinas, de Cumaná,
capital del estado Sucre. Un funcionario de la GNB la tomó por el brazo y le
exigió que le entregara el teléfono con el fin de borrarle las imágenes.
Rodríguez no entregó el dispositivo.
El
26 de octubre de 2015, José Manuel Diz, reportero gráfico del diario La Verdad de Vargas, fue retenido
por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad
del Estado, cuando intentaba hacer la cobertura periodística de una protesta de
trabajadores por el desalojo de una almacenadora del Grupo PG, C.A. en el
Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cuando fue reconocido como trabajador de
la prensa por funcionarios militares lo retuvieron y le pidieron la memoria
digital de su cámara. “Le di la memoria a un empleado, quien se encargó de
pasarla entre los trabajadores para protegerla”, dijo. El reportero permaneció
retenido durante una hora y media en una oficina de las instalaciones.
Miembros
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron en la mañana del miércoles
28 a varios trabajadores del diario 6to Poder y al padre de Leocenis García,
director del medio. La acción por parte
de los funcionarios se llevó a cabo mientras
los trabajadores protestaban por cuarto día consecutivo frente a la
Corporación Maneiro, para exigir que se le entregue al periódico la materia
prima para poder circular. Leocenis
García acusó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, por la
detención de su padre.
El
parlamentario por el PSUV, Pedro Carreño,
arremetió contra la dirigencia opositora en términos procaces ofensivos
hacia sus progenitoras en plena
transmisión del programa “Vladimir a la 1″ de Globovisión, el pasado 28 de
octubre. Y aunque el conductor del programa, Vladimir Villegas, le recordó que
esos excesos violaban la Ley Resorte, el diputado no hizo ninguna rectificación
ni emitió disculpas.
.jpg)
