De repente, las
cámaras en Venezuela se enfocaron en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Y
el cuarto de hora de la corte más importante del país quizá dure más de 15
minutos.
Prensa. BBC
Mundo.
Después
de que, en un hecho inédito en 17 años, la oposición ganó en las elecciones del
6 de diciembre la mayoría de dos tercios en el Parlamento, el oficialismo puso
en marcha una serie de movidas que parecen destinadas a blindarse para el
escenario que viene. La más reciente se produjo este miércoles, cuando la
bancada oficialista al mando del presidente de la Asamblea Nacional (AN),
Diosdado Cabello, aprobó y oficializó el nombramiento de 13 nuevos magistrados
del TSJ.
La
medida ha levantado polémica al darse en sesiones extraordinarias de la AN
durante el asueto navideño, algo que la oposición considera
"irregularidades". Pero también porque algunos de los 13 magistrados
son cuestionados por su militancia política en el chavismo y sus fallos en
contra de la oposición en los casos de los llamados presos políticos.
La
oposición cree que los nuevos magistrados pueden ser "fichas del
oficialismo" que potencialmente puedan inclinar la balanza de un tablero
que a partir del 5 de enero tendrá un nuevo jugador: la Asamblea Nacional en
contra del gobierno. Con esto, el chavismo se estaría asegurando una importante
ventaja en la batalla de poderes que se espera en Venezuela cuando la oposición
asuma su mayoría en la AN.
¿Movidas
para blindarse?
La
primera de estas medidas, que muchos han calificado de ilegales, fue nombrar a
Susana Barrieros, la jueza que condenó a más de 13 años de cárcel al opositor
Leopoldo López, como directora de la Defensoría Pública, un órgano del TSJ. Oficialismo de Venezuela nombra a jueza del
caso Leopoldo López como Defensora Pública.
Luego
anunciaron la instalación de un Parlamento Comunal para "fortalecer el poder
el pueblo", una medida que para muchos busca crear una "Asamblea
Nacional paralela".
Caracas,
Venezuela. Este mural se puede ver en
las cercanías de la sede de la Asamblea Nacional en Caracas.
¿Qué es el Parlamento Comunal que instaló el
chavismo luego de perder la mayoría legislativa?
Ahora
se produce el nombramiento de los 13 magistrados con no pocos abogados críticos
de la revolución alegando fraude constitucional.
¿Por
qué importa?
Aunque
la victoria de la oposición en las parlamentarias de hace tres semanas
reconfigura el escenario político venezolano, movidas como el nombramiento de
los magistrados puede reducirle su margen de maniobra. Cuando la AN aprueba una
ley, el presidente debe promulgarlas en el plazo de diez días.
Sin
embargo, el mandatario tiene la potestad de, por un lado, pedir que se
modifique la norma con acuerdo del Consejo de Ministros. La mayoría absoluta de
la AN decidirá sobre esa petición de modificación y la podrá mandar de vuelta
al presidente, quien tendrá cinco días para promulgarla.
Otra
alternativa del presidente es solicitar que la Sala Constitucional del TSJ se
pronuncie sobre alguna supuesta inconstitucionalidad. Si la Sala
Constitucional, que es una de las seis que forman el TSJ, considera que el
contenido de la norma atenta contra la Carta Magna, puede vetarla. Y, en ese
sentido, los siete magistrados de la Sala Constitucional tienen más poder que
los 112 diputados opositores que van a integrar la nueva AN.
¿Por
qué se considera ilegal?
Varios
abogados, constitucionalistas y profesores de Derecho de tendencia crítica al
gobierno han denunciado que la designación de los 13 magistrados viola la
Constitución.
Incluso,
un grupo de notados juristas dijo en un comunicado que piensan impugnar la
designación de cada uno de los magistrados.
Alegan,
sobre todo, dos problemas: irregularidades en el procedimiento de postulación e
incapacidad de los aspirantes. Según ellos, la designación se produce sin que
se hubiese declarado una falta absoluta o jubilación en los puestos específicos
que se designaron. Y eso, en teoría, va contra la ley.
La
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció este martes un
"intento de golpe judicial". Luego de la designación, le ley exige un
proceso que, según los abogados, no se cumplió: las impugnaciones pueden tomar
hasta 26 días, el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano
puede estudiarla por hasta 11 días y el Comité de Postulaciones del TSJ puede
revisar la última lista por hasta 5 días.
Sin
embargo, la lista de postulados –que debería ser el primer paso de un largo
proceso– se publicó apenas el 8 de diciembre, lo que para estos abogados
muestra que los tiempos establecidos por la ley orgánica del TSJ no fueron
respetados. También han dicho que la
designación –el 22 y 23 de diciembre, en sesiones extraordinarias– se produjo
por fuera del periodo legislativo –que acabó el 15 de diciembre– a pesar de que
las selecciones de magistrados no son consideradas de emergencia.
Y
alegan que algunos de los nuevos magistrados no cumplen con el currículo que
exige la ley: Christian Zerpa y Calixto Ortega, por ejemplo, fueron militantes
y diputados del partido de gobierno. El desafío de la oposición venezolana
ahora es mayor que cuando no había ganado unas elecciones, porque dependen del
gobierno para hacer una buena gestión en la AN.
Zerpa
incluso fue cantidado en las parlamentarias de hace tres semanas y perdió. Pero
abogados de línea chavista han dicho que las designaciones se dieron dentro del
ordenamiento constitucional y que, si bien pueden ser políticamente
incorrectas, en lo legal no tienen problema.
¿La
oposición puede remover a los magistrados?
Varios
líderes de la oposición han dicho que si el oficialismo designa nuevos
magistrados, la nueva AN puede removerlos.
Pero
eso no es tan sencillo.
Venezuela:
¿cómo puede Maduro bloquear las leyes que dicte la nueva Asamblea Nacional de
mayoría opositora?
Primero
porque para ello la nueva AN necesita del apoyo del Poder Ciudadano (Fiscalía,
Contraloría y Defensoría del Pueblo), una institución que se considera que
tiene al frente personal que también están en la órbita del gobierno de Maduro.
Segundo
porque, según la ley, la Sala Constitucional debe aprobar todas las iniciativas
de la AN, incluso si éstas buscan remover a los magistrados mismos de la Sala
Constitucional.
Algunos
han dicho que la nueva AN puede nombrar más magistrados sin remover ninguno,
pero esa propuesta, también, podría llegar a tener que pasar por el examen de
constitucionalidad que hagan los magistrados ya titulares.
El
problema que es si la AN y el TSJ van en direcciones opuestas, el país puede
verse enfrascado en un escenario de ingobernabilidad que impida resolver los
problemas económicos. Varios opositores, entre ellos Henrique Capriles, han
llamado al gobierno al diálogo para evitar la ingobernabilidad y resolver la
crisis. Y
eso, según encuestas, no es propiamente lo que quieren los venezolanos.
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