Situación
general del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. (Enero-diciembre
2015)
Prensa. Espacio Púlico.
En
el año 2015 continuaron las adversidades para periodistas e infociudadanos al
momento de ejercer el derecho a la libertad de expresión. La confrontación
física durante la cobertura de calle, así como el discurso ofensivo por parte
de funcionarios públicos legitima la descalificación contra el periodismo
crítico e independiente. Esto se traduce en un círculo vicioso que alienta un
clima de enfrentamiento, donde quienes cuestionan, denuncian o buscan
información son tratados como enemigos públicos. La principal consecuencia: una
prensa inhibida y una sociedad desinformada.
Entre
enero y diciembre de 2015, Espacio Público contabilizó 287 violaciones a la
libertad de expresión que corresponden a 234 casos/eventos. Esto representa una
disminución de 50,43% respecto al total violaciones del año 2014, que con 579
violaciones. De la misma forma, el número de denuncias/casos registró una
disminución de 33% respecto al año anterior.
2015
se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la
libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en primer
y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total
de casos registrados desde el año 2002.
En
el contexto de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, las violaciones a
la libertad de expresión aumentaron de forma considerable. Entre el 2 y el 6 de
diciembre se contabilizaron 38 casos: treinta y un (31) intimidaciones, cuatro
(4) amenazas y tres (3) agresiones. El impedimento a la cobertura periodística
en los centros de votación fue la denuncia más frecuente, así como la retención
de periodistas y la eliminación de material audiovisual por parte de funcionarios policiales y militares. Esto
explica la mayor ocurrencia de casos en diciembre en comparación con el resto
de los meses, en los que la frecuencia fue relativamente homogénea.
La
intimidación (impedimento de la cobertura mediante restricciones de ingreso o
desplazamiento en espacios públicos, asalto y confiscación de equipos) fue el
tipo de violación más frecuente durante el año, con 93 ocurrencias. El 28,83%
del total de intimidaciones (31 casos) se registraron en la semana de las
elecciones legislativas. Junto al hostigamiento verbal, la intimidación se ubicó
en los primeros lugares.
En
principio ambas se desarrollaron en el contexto de las colas para la obtención
de productos básicos a las afueras de los establecimientos. Se impidió la toma
de fotografías o grabaciones, e incluso se presentaron agresiones por parte de
cuerpos de seguridad, trabajadores de los comercios, y en menor medida,
usuarios en cola. Entre enero y diciembre de 2015 se registraron 20 casos de
violación a la libertad de expresión durante la cobertura de colas, con un
total de 29 periodistas, reporteros gráficos e infociudadanos afectados en su
derecho a buscar información.
En
los meses siguientes, el hostigamiento verbal y la intimidación estuvieron en
mayor medida vinculados a la retención arbitraria de periodistas y sus equipos
de trabajo por cuerpos de seguridad o grupos particulares, es especial cuando
intentaron cubrir temas incómodos para la gestión gubernamental y durante
procesos electorales. También se manifiestó en la prohibición de acceso a
edificios o espacios públicos por parte de funcionarios bajo motivos personales o de enemistad política, en
declaraciones destinadas a desacreditar el trabajo periodístico independiente,
y en el señalamiento de la prensa como adversario político por parte de
servidores públicos cuando no se siguió la línea pro-gubernamental.
La
intimidación1 y hostigamiento verbal2 son patrones concurrentes en la
construcción del miedo a expresarse, son
los precursores que delatan el propósito de la política pública: silenciar las
críticas públicas, objetivo que se impide cuando las víctimas denuncian lo
sucedido y la acción colectiva vence el miedo a comunicarse.
La
censura6 se ubicó como el tercer tipo de violación más frecuente, 47 ocasiones
que representan el 16% de las violaciones.
Los dueños o directiva de medios de comunicación fueron censores en el 34,78%
del total de casos. El tratamiento de
temas incómodos para la gestión gubernamental es el denominador común en los casos
de censura por parte de la directiva de medios de comunicación. La compra-venta
de medios críticos se ha manifestado en
un cambio de línea editorial hacia una postura favorable a la línea
gubernamental, lo que deviene en una
serie de tensiones internas que se traducen en censura, y reduce el espectro de
opinión a un entorno cada vez menos
plural. El despido y la salida de artículos, por diferencias respecto a la
línea editorial o la emisión de
opiniones políticas a través de cuentas personales de los periodistas describen
la mayoría de los casos.
Agresiones
y ataques9 Con respecto a los ataques y agresiones hacia periodistas y
reporteros gráficos, la mayoría se produce en el contexto de colas a las
afueras de los comercios y en menor medida durante manifestaciones públicas,
cuando se les intenta dar cobertura. Espacio Público registró de enero a
diciembre 32 agresiones contra periodistas que incluyen detenciones,
confiscación de cámaras fotográficas y celulares, supresión de material
audiovisual y fotográfico, amenazas e intimidación. En la mayoría de los casos
haberse identificado con carnet de periodistas ocasiona mayor ensañamiento y
violencia en su contra. Los reporteros gráficos son un grupo de riesgo importante
siendo fácilmente identificados por sus equipos de trabajo, por lo que se
exponen a las agresiones de grupos
hostiles hacia el ejercicio periodístico.
Restricciones
administrativas y legales 13 Las medidas administrativas y legales en 2015
suman 23 casos. Si bien se redujeron en un 15% con respecto al año anterior,
esto no mitiga su dramático alcance al estar orientado a silenciar
informaciones incómodas para el gobierno
nacional, a través de restricciones indirectas en la mayoría de los casos. La
escasez de papel prensa, consecuencia de los obstáculos para la adquisición de
divisas y el monopolio en la venta de papel por parte del Estado, es un resultado concreto de estas
políticas que afectaron a 11 medios impresos nacionales y regionales.
Algunos
tuvieron que reducir su formato, mientras que otros salieron de circulación de
forma temporal, tras retornar pero con limitaciones de inventario.El Correo del
Caroní14, del estado Bolívar; El Impulso15 y El Informador16 del estado Lara;
El Carabobeño17 del
estado
Carabobo y el Diario La Nación18, del estado Táchira, redujeron sus formatos.
Notidiario19, de Delta Amacuro y El Propio20, del Distrito Capital, salieron de
circulación momentáneamente, para retornar con
suministro limitado de papel. Los diarios El Nacional21 y Nueva Prensa
de Guayana22, denunciaron escasez aguda
de inventario, mientras que el Diario La Opinión23, salió de circulación de
manera indefinida el 7 de Noviembre ante la falta de materia prima.
A
nivel de restricciones legales se aprobó el 10 de diciembre la Ley de
Comunicación del Poder Popular la cual establece que se le dará prioridad a los
“Medios de Comunicación para el Poder Popular” sobre el espectro Radioeléctrico Nacional. Esta medida es
contraria a los estándares de derechos humanos de libertad de expresión ya que
no brinda un trato justo y equitativo a
todos los tipos de medios de comunicación, sean estos públicos, privados o comunitarios24. Otra
medida que constituye una restricción legal es la reforma la Ley del Banco
Central de Venezuela (BCV), por parte
del presidente Maduro, el 30 de diciembre de 2015, un día antes del vencimiento
de la Ley Habilitante.
Hostigamiento
Judicial 26 El hostigamiento judicial registró un total de 18 casos entre
amenazas de querellas y demandas efectivas en tribunales nacionales contra
periodistas y medios de comunicación principalmente por la difusión de información que cuestiona la actual gestión
gubernamental.
Amenaza33 A los periodistas y reporteros gráficos se
les amedrentó e incluso amenazó de muerte, tanto de forma directa durante la
cobertura de calle como a través de las redes sociales, a fin de impedir la
difusión de información, enparticular denuncias sobre fallas de servicios o
críticas a la gestión de gobierno. 17 casos con estas características se registraron en 2015.
Víctimas
Periodistas, reporteros gráficos, medios de comunicación y trabajadores de la
prensa (camarógrafos, asistentes, conductores) su man el 90% de los afectados.
Le siguen los directivos de medios, con 6 ocurrencias que corresponden a los
casos Tal Cual, La Patilla, El Nacional y 6to Poder, con demandas judiciales en
su contra.
El
hostigamiento a la fuente se manifestó en represalias contra representantes
gremiales por declarar sobre temas sensibles a la administración estatal que
movieron la opinión pública en Venezuela. Descalificaciones y detenciones
fueron algunos de los métodos usados para silenciar asuntos de dramática
importancia para los venezolanos como la inseguridad, la salud y la
alimentación. El presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y
Hospitales, doctor Carlos Rosales Briceño, fue detenido y liberado
posteriormente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin), tras emitir declaraciones sobre la escasez de medicinas en el país37
.
El
presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Lara, Luis
Vásquez Corro, fue recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia
(Sebin), en el estado Lara, desde este 19 de abril luego de haber declarado al
diario El Impulso sobre la situación actual de la represa El Guri. Los
efectivos dijeron que la razón de la detención era que un grupo de personas
denunció ante el Sebin sentirse afectado por las declaraciones que diera el
ingeniero al diario El Impulso.38 Vásquez Corro fue liberado la mañana del 20
de abril. Deberá presentarse ante el
tribunal cada vez que el ente legal así lo requiera. Al ingeniero se le imputó
el delito establecido en el artículo 296 del Código Penal, que contempla la
figura de difusión de informaciones falsas, y por el cual se pueden pagar de
dos a cinco años de cárcel39. El presidente de la Federación Venezolana de
Licoreros y Afines (Fevelif), Fray Roa, fue detenido por un presunto plan
orquestado para desestabilizar al Gobierno nacional, de acuerdo a lo señalado
por Diosdado Cabello. El diputado cuestionó que Roa haya sido entrevistado por CNN,
donde denunció que el sector cervecero tiene niveles de inventario críticos en
cerveza. “Por las razones que sea el venezolano toma cerveza, culturales, sociales,
las que sea… No tienes alimentos y ahora te van a quitar la cerveza. Así se
monta un plan para que el pueblo pierda la paciencia”, dijo Cabello durante su
programa televisivo Con El Mazo Dando, la noche del miércoles 29 de julio. “Roa
está muy vinculado a un periodista de derecha. Él sabe quién es”, agregó40.
El
jefe del servicio de Pediatría del Hospital José María Benítez, en el estado
Aragua, doctor Feder Álvarez, fue despedido el 28 de agosto luego de denunciar
escasez de insumos. Feder Álvarez relató que recibió una notificación de la
Dirección del Hospital José María Benítez y Recursos Humanos en donde se le
indicó que su contrato como pediatra fue rescindido debido a que realizó “unas
denuncias en diversos medios de comunicación en donde reclamamos las malas
condiciones del hospital”.41
Los
cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios con 65 casos. La
ocurrencia de agresiones, impedimentos de cobertura, y retención de equipos de
trabajo se mantuvo durante el 2015 con elevada frecuencia al considerar que los
cuerpos de seguridad fueron los mayores victimarios durante el 2014, responsables
de 100 violaciones (28%). Este escenario atenta directamente contra el derecho
al trabajo periodístico y el acceso a la información de las personas. Los funcionarios arremetieron contra la
prensa en 53 oportunidades. De acuerdo a la tendencia registrada durante el 2015, el ex presidente de la
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se mantuvo como el principal victimario entre
los servidores públicos. El 39,62%, es decir, veintiuno (21) de cincuenta y
tres (53) arremetidas contra la libertad de expresión por parte de funcionarios
fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas
judiciales42 contra medios de comunicación y periodistas.
El
31% de los casos se registró en el Distrito Capital, con 74 ocurrencias. A
nivel estadal siguen Aragua con 12, Carabobo con 11 y Táchira, Anzoátegui y Zulia con 10
casos. En 41
oportunidades
los eventos ocurrieron a nivel nacional, es decir, a través de medios de
comunicación con alcance en todo el país.
16 casos se registraron en Internet como amenazas en redes sociales, hackeo de cuentas o correos (4
casos)43 e intervención de líneas
telefónicas (2 casos)4.
Exigencias
y recomendaciones
El
contexto nacional exige que se respete la libertad de expresión como derecho
humano, fomentándola y eliminando las barreras que puedan impedir su
realización. La necesidad de diálogo y debate, la consideración de diversos
puntos de vista, representa en Venezuela, una herramienta democrática que
contribuiría en la ampliación de oportunidades para la participación de las
comunidades, fortaleciendo la gobernabilidad del país y permitiendo la mejora
de la calidad de vida.
Reiteramos
que el abandono por parte del Estado de las garantías del ejercicio del
periodismo y de la protección del derecho humano a la libertad de expresión,
aunado al discurso de descalificación por parte de funcionarios públicos, contribuyen a sostener un contexto
polarizado y de hostilidad para el ejercicio de la comunicación que afecta al
universo de la población que reside en Venezuela. La preeminencia de un discurso político
polarizador, especialmente inducido desde el ejecutivo nacional pero al que
contribuyen diversos sectores de la sociedad venezolana, que coloca a los
diversos actores en un juego de enemigo o amigo intensifica el encono o
animadversión, reduciendo las posibles opciones de diálogo e ntercambio,
especialmente entre las élites políticas, que son necesarias para la sociedad
venezolana.
Las
recomendaciones y exigencias que aquí se proponen insisten en la necesidad del
cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los cuales
Venezuela está suscrita de manera voluntaria y en el compromiso por parte del
Estado, en garantizar las condiciones que permitan la participación plena y
crítica de los ciudadanos. De esta manera, se busca el ambiente de paz y de
diálogo que pueda dar cimientos a una sociedad democrática.
Garantizar independencia por parte de CONATEL y otros entes rectores en la
asignación de frecuencias del espectro
radioeléctrico, asignación de divisas para importación de papel e insumos para
prensa, con el objeto de que puedan
existir medios de comunicación plurales en los que todas las ideas puedan ser expresadas.
Garantizar la integridad personal de los comunicadores sociales durante el
ejercicio de sus actividades profesionales, investigando y sancionando
cualquier agresión proveniente de funcionarios públicos o particulares.
Especialmente deben investigarse, sancionar a los responsables y contribuir a
la reparación de las muertes de los periodistas que ocurrieron por causas
asociadas a su desempeño profesional.
Que el Estado cumpla cabalmente, las obligaciones adquiridas en los convenios
internacionales en donde se compromete a respetar y a proteger los derechos humanos.
Ello implica entre otros desafíos ajustar
el marco regulatorio venezolano a los estándares del derecho internacional de
los derechos humanos para evitar las incompatibilidades que existen y debe
permitirse la visita de los responsables
de las Relatorías del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas para
que puedan contribuir con las políticas públicas de Estado venezolano y
armonización con las obligaciones del Derecho internacional de los Derechos
Humanos.
Desarrollar un marco legal que garantice el ejercicio al derecho a réplica y
rectificación en los medios de comunicación por parte de los afectados. Un
marco adecuado para este contenido de la libertad de expresión permitiría
fomentar y mantener el debate público y permite a los afectados por
imprecisiones u opiniones la posibilidad de argumentar y defenderse con los
mismos recursos del medio o periodista.
Se propone realizar una revisión del Código Penal que suprima las figuras de
difamación e injuria, vilipendio y desacato como delitos penados con privación
de libertad. De esta manera las faltas al honor
o reputación puedan ser resarcidas a través del derecho a réplica.
Actuar de manera coherente con el discurso de la participación pública e incentivar
otras formas de participación distinta a l voto, como la contraloría social,
que requiere de una libertad de expresión plena
de manera que logre ofrecer distintos puntos de vista, condición
necesaria para la construcción del pensamiento
crítico.
Promover una política pública centrada en la transparencia y el más amplio
acceso a la información pública lo que demanda la aprobación de leyes
nacionales, estadales y ordenanzas; la aplicación de políticas concretas para
favorecer la publicación proactiva de información; y el diseño de sistemas orientados
a servir y responder a los ciudadanos. Esta política pública debe permitir el
acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en forma oportuna,
adecuada y con las debidas garantías de confiabilidad sobre los datos
suministrados.
Establecer una regulación que limite el uso de las cadenas de radio y
televisión para los eventos o situaciones que los requieran por estricta
necesidad, ello implica revisar lo contemplado en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de
Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Los procesos administrativos y judiciales deben realizarse con respeto a las
garantías para el debido proceso. Ello demanda garantizar la independencia de
los órganos y la estricta precisión de las normas que deben respetar el
contenido del derecho según los estándares internacionales.
El Estado debe contribuir a impulsar un contexto en donde el diálogo e
intercambio, basado en el respeto y en el reconocimiento como iguales, sea
posible. Este es un requisito indispensable en una sociedad democrática y pacífica que se desea
y la institucionalidad pública cuenta con las herramientas que lo pueden hacer
posible. Marco teórico metodológ ico El registro cotidiano se realizó sobre la
base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluían las siguientes variables: área geográfica; sexo de las
víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el
área de trabajo (reporteros,
columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de agresión según las categorías
definidas anteriormente.
Las
informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de
las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas
con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro
de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por
instituciones gremiales, académicas y de Derechos Humanos, de carácter nacional
y/o internacional.
A
partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables
que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos
eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los
cálculos correspondientes, y ello derivó
en las tablas y gráficos que ilustran este trabajo. El estudio comprende una
introducción de
los
principales incidentes. Seguidamente ilustramos los tipos de violaciones con
algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la
participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias
víctimas. Igualmente en un mismo caso se puede sustituir por: De la
misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios,
periodistas, fotógrafos.
Oposición
venezolana se disculpa por cómo retiró imágenes de Chávez
Prensa. Agence France-Presse
La
oposición venezolana se disculpó el viernes con la militancia chavista por la
forma en que retiró del Parlamento imágenes del fallecido ex presidente Hugo
Chávez y del líder independentista Simón Bolívar, aunque justificó la decisión.
“Si
la manera como eso se ejecutó hiere alguna sensibilidad, yo le quiero decir a
todos esos millones de chavistas que votaron por nosotros el 6 de diciembre que
presentamos disculpas si se han sentido heridos”, dijo el secretario ejecutivo
de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, a la prensa.
El
dirigente se refería a la orden de Henry Ramos Allup -presidente de la Asamblea
de mayoría opositora- de desmontar todos los afiches, cuadros y paneles con la
imagen de Chávez y algunos de Bolívar del edificio legislativo.
Sin
embargo, Torrealba defendió la medida, señalando que se trata de “una
institución colectiva”, por lo que “no puede personalizarse con el retrato de
nadie”. Asimismo, aseguró que el gobierno trata de sacar provecho de esa
situación, que definió como una “guerra de los retratos”, a su juicio “tan
falsa como la guerra económica”, un plan que, según el presidente Nicolás
Maduro, lleva adelante el sector privado para sabotear la economía venezolana y
desestabilizarlo.
En
un video que circuló por Internet el pasado miércoles, se observa a Ramos Allup
cuando advierte que no quiere ver en la cámara imágenes de Chávez y Maduro o un
cuadro “que no sea el retrato clásico del Libertador”, y pide que se lleven las
imágenes “para Miraflores (sede del Ejecutivo)” o arrojarlas a la basura.
El
ministro de Defensa, Vladimir Padrino, condenó el jueves el desmonte como un
“ultraje al honor militar” y expresó la “absoluta lealtad y el irrestricto
apoyo” de la Fuerza Armada a Maduro, quien agradeció el “acto de desagravio
cívico-militar”. El oficialismo anunció ademas que llenará Caracas con afiches
de los dos líderes venezolanos.
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