Prensa. EFE
El
Departamento de Estado de EE.UU. todavía no ha recibido ninguna “notificación
oficial del Gobierno venezolano” que le comunique la retirada del encargado de
negocios de Venezuela en Washington, Maximilien Sánchez Arveláiz, aseguró hoy
el portavoz adjunto de la diplomacia estadounidense, Mark Toner.
En
su conferencia de prensa diaria, Toner defendió que el decreto renovado este
mes por el presidente estadounidense, Barack Obama, contiene “sanciones
limitadas” a ciertos “individuos” quienes, a juicio de EE.UU., están teniendo
un impacto negativo en Venezuela o “desviando recursos económicos para sus
fines personales”. “No está en absoluto dirigido en contra del pueblo
venezolano”, subrayó Toner.
“Seguimos
teniendo relaciones diplomáticas con Venezuela y seguimos deseando estar en
contacto con todos los sectores del país, incluida la rama ejecutiva”, añadió. Estados
Unidos está “abierto a un diálogo directo con el Gobierno venezolano para
hablar sobre las áreas de preocupación mutua”, porque quiere “lo mismo que
quieren los venezolanos: una Venezuela democrática, próspera, segura y en paz
con sus vecinos”, aseguró el portavoz.
Maduro
anunció este miércoles que retirará a Arveláiz tras la decisión de Obama de
extender el decreto que señala a Venezuela como una “amenaza inusual y
extraordinaria” para su “seguridad nacional”, y que contiene sanciones contra
ciertos funcionarios del Ejecutivo venezolano.
“He
tomado la decisión de retirar a nuestro embajador, que ha venido ejerciendo el
papel de encargado de negocios en Washington, el licenciado Maximilien
Arveláiz, y regresarlo a nuestra capital, a Caracas, retirarlo ya de la
embajada de allá en Washington”, dijo Maduro, en un acto político en la capital
venezolana.
Fuentes
diplomáticas venezolanas en Washington indicaron a Efe que Sánchez Arveláiz se
encontraba en Caracas cuando se produjo el anuncio, pero es posible que regrese
a la capital estadounidense antes de marcharse definitivamente.
Sánchez
Arveláiz lideraba la embajada venezolana como encargado de negocios desde mayo
de 2014, dado que EE.UU. y Venezuela llevan desde 2010 sin embajadores en sus
respectivas capitales. La declaración de una “emergencia nacional” es una
herramienta con la que cuenta el presidente de Estados Unidos para aplicar
sanciones contra un país bajo determinadas circunstancias, y que le permite ir
más allá de lo aprobado por el Congreso.
Tras
la declaración inicial el año pasado, Estados Unidos trató de explicar que la
acusación de “amenaza para la seguridad nacional” es simplemente la fórmula que
deben usar los presidentes estadounidenses para tener una base legal que les
permita imponer sanciones y que realmente no considera una amenaza a Venezuela. Pero el decreto debilitó aún más sus lazos
con la Venezuela de Maduro, que acusa a Estados Unidos de injerencia y de
contribuir a desestabilizar el país.
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