Tras
declarar durante unas tres horas, Lula abandonó la comisaría y buscó el apoyo
de sus correligionarios
Prensa.
EFE.-
El expresidente brasileño Luiz Inácio
Lula da Silva, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se convirtió hoy en el
nuevo blanco de la mayor investigación por corrupción en la historia del país,
tras ser trasladado por la Policía desde su casa para prestar declaración en
una comisaría. El exmandatario, uno de
los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT), fue trasladado hoy por
agentes de la Policía Federal para prestar declaración por su supuesta
implicación en el escándalo de desvíos en la petrolera estatal Petrobras, lo
que generó un duro intercambio de acusaciones entre simpatizantes y detractores
del ex jefe de Estado.
Tras declarar durante unas tres horas,
Lula abandonó la comisaría y buscó el apoyo de sus correligionarios en la sede
del PT en Sao Paulo, donde criticó enérgicamente la "lamentable"
actuación del Poder Judicial y confesó estar "íntimamente afligido,
ofendido y ultrajado" por la operación en su contra. "Si quisieron matar a la cobra, no le
dieron en la cabeza, le dieron en el rabo. Y la cobra sigue viva", alertó
Lula, quien visiblemente indignado y respaldado por los militantes del PT
confesó que se había sentido "como un prisionero".
La operación contra el expresidente,
considerado uno de los líderes más carismáticos de Brasil, agitó los ánimos de
sus defensores y críticos, quienes llegaron a enfrentarse en las puertas de la
casa de Lula, un antiguo obrero metalúrgico que llegó a la Presidencia tras
presentarse cuatro veces como candidato. Procedente de una humilde familia de
campesinos del noreste del país, el expresidente arremetió contra aquellos
"disconformes" con el ascenso de los pobres al poder y los que impiden
que su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff, pueda gobernar con tranquilidad.
El expresidente, quien llegó a
calificarse a sí mismo como "el alma viva más honesta de Brasil",
insistió en que el objetivo de la operación policial fue ofrecer un espectáculo
a los medios de comunicación ya que él "jamás" se negó a prestar
declaración. "El juez (Sergio) Moro
(responsable del caso) no necesitaba haber mandado a la Policía a mi casa, solo
tenía que haberme invitado (a declarar), insistió Lula.
La Fiscalía cree que el conjunto de
indicios contra el exmandatario es "bastante significativo" y que el
Instituto Lula, presidido por el líder político, recibió cerca de 20 millones
de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de las cinco empresas más
implicadas en los desvíos en Petrobras. El fiscal Carlos Fernando dos Santos
Lima, responsable de la investigación del caso Petrobras, agregó que el ex jefe
de Estado recibió de esas mismas cinco empresas cerca de 10 millones de reales
(unos 2,5 millones de dólares) como pago por conferencias que dictó tanto en
Brasil como en el exterior.
Lula, en su respuesta, precisó que la
operación realizada este viernes ha sido necesaria para que el Partido de los
Trabajadores "empiece de nuevo" su lucha. El PT convocó a su
militancia y a los movimientos sociales para defender a quien consideró
"el hijo más ilustre de Brasil", mientras que la oposición brasileña
echó fuego a la hoguera encendida desde hace meses contra el Gobierno de la
presidenta Rousseff.
El senador Aécio Neves, uno de los
principales líderes opositores del país, afirmó que "Brasil merece saber
la verdad" sobre Lula, al tiempo que el jefe del opositor Partido de la
Social Democracia Brasileña (PSDB) en la Cámara baja, Antonio Imbassahy, señaló
que lo ocurrido hoy "es el principio del fin" del Gobierno de
Rousseff.
Aludió así al proceso con miras a la
destitución de la mandataria que tramita la oposición en el Congreso y que está
suspendido por "errores de procedimiento" detectados por la Corte
Suprema. El PT, en cambio, consideró que la operación contra Lula supone una
"escalada golpista" para "desestabilizar" a Rousseff,
reelegida en 2014 para un segundo mandato en unos comicios en los que derrotó a
Neves por escasos tres puntos porcentuales.
Lula salió en defensa de su ahijada
política: "Nadie quiere que ella gobierne, porque están sitiando la
libertad de esa mujer". Rousseff también echó un capote a su antecesor y
calificó de "innecesaria" la operación contra Lula, al tiempo que
exigió "respeto" a los derechos individuales y
"responsabilidad" a las instituciones.
"En mi calidad de jefa de Estado,
considero necesario ponderar que todos nosotros, agentes públicos,
independientemente del Poder en que actuamos, debemos tener profundo sentido de
responsabilidad respecto al cumplimiento de nuestras competencias
constitucionales", señala una nota oficial firmada por la mandataria.
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