Opinión
Internacional.
Gustavo
Azócar Alcalá. Miami.
Que nadie se llame a engaños: el TSJ,
totalmente controlado por el oficialismo, pretende erigirse en el Darth Vader
de Venezuela, en una suerte de “supra poder” que controla el lado oscuro de la
fuerza. La revolución socialista instaurada por Chávez en 1999 ha transmutado
en estos últimos tiempos: del todopoderoso y unipersonal poderío que durante 14
años estuvo concentrado en un solo hombre, pasó luego al triunvirato
Maduro/Cabello/Ramírez y de ahí a la Sala Constitucional donde siete
magistrados pro oficialistas quieren gobernar por mampuesto a 30 millones de
venezolanos.
La revolución, que se supone se instaló
en el país con el argumento de entregar el poder al pueblo, ha venido haciendo
en estos 17 años todo lo contrario. Desde 1999 quien menos manda aquí es el
pueblo. Primero mandó Chávez, después el triunvirato y ahora el TSJ. El
oficialismo acuñó la frase de “el poder popular” para crear la ficción de que
era la gente humilde la que estaba mandando, pero todos sabemos perfectamente
que en la Venezuela actual, el denominado “poder popular” sólo existe en el
membrete de la papelería que se usa en los ministerios.
Para los demócratas, el verdadero poder
popular es el que se expresa mediante el sufragio y ello quedó evidenciado el
pasado 6 de diciembre, cuando más de 7 millones 500 mil venezolanos votaron
para cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Pero tal parece
que ese poder popular no es el que quiere la revolución. A los revolucionarios
les gusta un poder popular que calle y obedezca. No un poder popular que opine,
que vote, y que se manifieste en las calles.
El TSJ, cuyos magistrados fueron
nombrados entre gallos y medianoche por un parlamento moribundo, quiere
convertir a la nueva y renovada Asamblea Nacional en un jarrón chino. Los
magistrados designados por el PSUV, mediante un procedimiento express puesto en
marcha el pasado mes de diciembre de 2015, pocas horas antes de la
juramentación de los nuevos diputados, tienen una sola misión: convertirse en
el salvavidas de Nicolás Maduro y un gobierno que se encuentra en su fase
terminal.
Los magistrados que integran el TSJ, la
mayoría de los cuales fueron confesos
militantes de la causa revolucionaria, están dispuestos a hacer lo que sea
necesario para tratar de impedir algo que luce inevitable: la caída de un
régimen con escaso apoyo popular, que ha convertido a Venezuela en uno de los
países más pobres y miserables del mundo entero, donde la gente tiene que hacer
colas de 3 y 4 horas para conseguir alimentos y donde los enfermos se mueren
por falta de medicinas.
El primer campanazo que dio el TSJ y que
sirvió como un aviso de lo que se avecinaba durante todo el año 2016, ocurrió
el 29 de diciembre de 2015, cuando la Sala Electoral admitió un escrito
contentivo de un recurso contencioso electoral y amparo interpuesto por NICIA
MARINA MALDONADO MALDONADO, cédula de identidad V-10.606.581, candidata a
Diputada de la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, postulada por el
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La Sala Electoral del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) admitió la impugnación de las elecciones celebradas el 6D en
Amazonas, y en menos de 24 horas declaró procedente la solicitud de amparo cautelar,
por lo que ordenó "de forma provisional e inmediata la suspensión de
efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación emanados de
los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral respecto (CNE) de los
candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación
indígena".
La sentencia le quitó a la MUD 3
diputados y logró su objetivo: impedir que la oposición tuviera la mayoría
calificada de 112 parlamentarios en la AN. La magistrada INDIRA M. ALFONZO
IZAGUIRRE, dejó sin diputados al pueblo de Amazonas, en una clara violación de
lo establecido en la Constitución. Al momento de escribir estas líneas (5 de
marzo de 2016) Amazonas tiene 2 meses sin representación en la AN.
El segundo campanazo tuvo que ver con el
decreto de emergencia económica dictado por Nicolás Maduro. El 11 de febrero de
2016, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia, mediante la cual
sostiene que “el Decreto n.° 2.184, publicado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela bajo el n.° 6.214 Extraordinario el 14 de enero de
2016, mediante el cual el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de
sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en
todo el territorio nacional, durante un lapso de 60 días, entró en vigencia
desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia
jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo
previsto en el Texto Fundamental”.
Según la Sala Constitucional, “no fue
cumplida por la Asamblea Nacional la seguridad jurídica y el debido proceso
consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado
Constitucional de Derecho, viciando de nulidad por inconstitucionalidad el
proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la
máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016”.
Los magistrados afectos al PSUV quieren
que la AN se convierta en un objeto decorativo, al señalar que “la Constitución
le atribuye la competencia de control político a la Asamblea Nacional sobre el
Gobierno y la Administración Pública Nacional y no sobre el resto de los
Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral), tampoco sobre el poder
público estadal ni sobre el poder público municipal”.
Los juristas del horror del TSJ
sostienen “que las convocatorias que efectúe el Poder Legislativo Nacional, en
ejercicio de las labores de control parlamentario deben estar dirigidas
exclusivamente a los funcionarios sometidos a control político”. Asimismo,
sentenciaron que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es pasible de control
parlamentario y político a través de su Comandante en Jefe, autoridad
jerárquica suprema que ejerce el Presidente o Presidenta de la República”.
Para tratar de impedir que la AN revise
e investigue el nombramiento ilegal e inconstitucional de los nuevos
magistrados del TSJ, los jueces revolucionarios sentenciaron que “el Parlamento
Nacional no está legitimado para revisar, anular, revocar o de cualquier forma
dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los
magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, principales y
suplentes (…) constituye un imperativo de esta Sala declarar, como en efecto lo
hace a través de esta sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los actos
mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de
procesos constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y
magistradas”.
Como puede observarse, nos enfrentamos a
un TSJ que pretende convertirse en amo y señor de Venezuela. Un poder judicial
que quiere ser Poder Ejecutivo y Poder Legislativo al mismo tiempo.
Parafraseando a George Lucas, me atrevería a decir que el TSJ representa el
lado oscuro de la fuerza. Una suerte de Darth Vader revolucionario. Para
decirlo en buen criollo: el TSJ es hoy día una cerca de alambre de púas que
pretende impedir el paso arrollador del cambio que requiere urgentemente
Venezuela.
Los juristas del horror que integran el
TSJ han de saber que el verdadero poder popular se expresó en las urnas el
pasado 6 de diciembre, cuando más de 7 millones de venezolanos le otorgaron un
claro mandato a la Asamblea Nacional: investigar, sancionar y, de ser
necesario, destituir a todos los funcionarios corruptos de la actual
administración.
Siete magistrados nombrados a dedo por
un grupo de diputados del PSUV no tienen más poder que 7 millones de
venezolanos que votamos el 6D. Quienes votamos el 6D lo hicimos con un firme
propósito: cambiar la correlación de fuerzas de la AN para que desde el
parlamento se impulse el mecanismo constitucional para sacar a Nicolás Maduro
del poder. Y eso no lo puede impedir nada ni nadie. Ni siquiera el actual TSJ
socialista y revolucionario.
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