Opinión
Internacional. Gustado Azocar. Miami.
ESTADO
DE EXCEPCIÓN: UN AUTOGOLPE
EN
TIEMPO REAL
Lo advertimos muy claramente el 18 de
julio de 2015: “Maduro quiere decretar un estado de excepción”. Ese fue el
título de la columna que escribimos aquel día y que fue publicada y difundida en
varios portales y medios de comunicación de Venezuela y el mundo. (ver:
http://www.lapatilla.com/site/2015/07/18/gustavo-azocar-alcala-maduro-quiere-decretar-un-estado-de-excepcion/
)
En aquella columna, escrita hace casi un
año, dijimos, entre otras cosas, lo siguiente: “¿Se está preparando el gobierno
para decretar un Estado de Excepción? La respuesta es SI. Todos los pasos que
viene dando en los últimos meses el régimen “socialista” de Nicolás Maduro
apuntan hacia esa dirección”.
En nuestra humilde opinión, desde hace
poco más de un año, el gobierno se había estado preparando para adoptar la
medida que acaba de ser anunciada por Maduro. Las desacertadas y disparatadas
decisiones económicas y políticas adoptadas por la actual administración
acrecentaron la crisis humanitaria que vive el país, creando las condiciones
para un gran estallido social que superará la capacidad de maniobra del
gobierno y de la oposición.
También dijimos en julio de 2015: “el
gobierno de Nicolás Maduro tiene a la mano dos opciones muy claras para
decretar un Estado de Excepción que lo libre, momentáneamente, de una muerte
súbita: la primera, un estado de emergencia económica, que le da hasta 120 días
para aguantar el aire y el estado de conmoción interior o exterior, que le da hasta
180 días amarrado a un respirador artificial”.
El Estado de Excepción tiene una sola
explicación: el gobierno de Maduro colapsó. Su capacidad financiera se agotó.
Su maniobrabilidad política se desvaneció. Su base de sustentación se ha
resquebrajado. Nicolás se parece a un gato caminando sobre un techo de cristal
roto. Los informes que llegan todos los días al despacho presidencial advierten
sobre la inminencia de una explosión social sin precedentes. La ola de saqueos,
protestas y manifestaciones frente a establecimientos comerciales, por parte de
gente común y corriente buscando comida, ha venido aumentando progresivamente
en una clara señal de que la olla de presión está a punto de estallar.
El ex chofer del Metro de Caracas tenía
sobre su escritorio la propuesta de un decreto de Estado de excepción a nivel
nacional desde hace más de un año. Pero no fue hasta el pasado viernes cuando
se decidió adoptar la decisión ratificando el decreto de emergencia económica
que promulgó hace poco más de dos meses, y que fue rechazado por la mayoría
democrática de la nueva Asamblea Nacional.
Es preciso recordar que el 19 de agosto
de 2015, justo un mes después de que publicáramos la columna en la que
vaticinamos que Nicolás Maduro se preparaba para decretar un Estado de
Excepción, el gobierno nacional emitió el primer decreto en el cual se
establecía que 5 municipios del estado Táchira serían sometidos a esa medida.
Luego vendrían otros decretos más, con estados de excepción en Zulia, Apure y
Amazonas, expandiendo esa medida a una veintena de municipios en 4 estados del
país.
Por cierto: el estado de excepción en
los municipios fronterizos fue prorrogado por 120 días, hasta mediados del mes
de diciembre de 2015, y sus resultados fueron totalmente perniciosos para la
frontera. Tales decretos no sirvieron
absolutamente para nada: no se redujo el contrabando de gasolina y de
alimentos; tampoco se redujeron los altos niveles de inseguridad y
delincuencia. Todo lo contrario, se reforzó el clima de impunidad y corrupción
existente en esas zonas y aumentaron las ganancias de las bandas organizadas y
los organismos de seguridad que se encargaron de poner en marcha los controles
impuestos en esas regiones.
En el caso concreto del Táchira, el
estado de excepción, al igual que el cierre intempestivo e ilegal de los
puentes fronterizos, no redujeron el contrabando de combustible, ni las colas
frente a las estaciones de servicio (hoy día se hacen incluso mucho más colas
que antes). Tampoco redujo el contrabando de productos regulados hacia
Colombia. Por el contrario: todo el comercio ilegal se incrementó. Todo el que
habita en la frontera sabe que cada hora que pasa, decenas de camiones cargados
de cualquier cantidad de productos salen hacia territorio colombiano luego de
“bajarse de la mula” en los puestos controlados por los militares.
En Táchira, los puentes internacionales
Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que unen a las poblaciones de San
Antonio y Ureña con el territorio colombiano, se encuentran cerrados para el
paso vehicular. Lo mismo ocurre con el puente Unión que conecta a Boca de Grita
con Puerto Santander. Los militares tienen bloqueados esos tres puentes como
una manera de hacerle creer a los gafos que la medida decretada por Maduro
ciertamente se está cumpliendo. Pero por el nuevo puente de Tienditas, en el
municipio Pedro María Ureña y por la zona de Guarumito, en el municipio
Francisco Javier García de Hevia, la cosa es diferente: por allí pasan todos
los días, las 24 horas del día, cualquier cantidad de vehículos contrabandeando
lo que se les da la gana, previo el pago de altas y generosas sumas de dinero a
quienes se encuentran de guardia en la zona.
El estado de excepción decretado en la
zona fronteriza fue un gran fiasco. El mismo tuvo motivaciones más políticas
que económicas y lo único que hizo fue profundizar la crisis que afecta a las
regiones fronterizas. Por tanto, todo hace suponer que con este nuevo decreto
de Estado de Excepción en todo el país pasará exactamente lo mismo, pero a
escala nacional.
El propio Maduro se encargó de dejar muy
en claro, que el propósito de este nuevo decreto es meramente político, cuando
señaló que "he decidido aprobar un nuevo decreto de Estado de Excepción y
Emergencia Económica que me dé el poder necesario para derrotar el golpe de
Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente el país y enfrentar
las amenazas que hay contra nuestra patria”.
Maduro habla de Golpe de Estado, pero no
dice quién o quiénes están detrás de ese golpe. El mandatario habla de
“amenazas” pero no especifica ni ofrece detalles ni explica quién está
amenazando a quién. Lo único que ha mostrado el gobierno hasta los momentos
para tratar de justificar al decreto son unas declaraciones del ex presidente
de Colombia, Alvaro Uribe Vélez.
Maduro dijo que “se realizó una reunión de conspiración
contra Venezuela en Washington en la que el ex presidente colombiano Álvaro
Uribe supuestamente pidió la intervención del país (…) En tal sentido informó
que su gobierno adoptará “las medidas necesarias para garantizar la soberanía
en cualquier escenario que esta gente pretenda agredirnos sea política,
militar, diplomáticamente desde el exterior".
Para tratar de explicar la razón del
decreto de emergencia económica, en el cual se fundamenta el Estado de
Excepción, Maduro dijo: "voy a proceder a firmar, un nuevo decreto que nos
permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a
hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año
2017, recuperar la capacidad productiva del país".
Pero todo el que conoce a Maduro sabe
muy bien que esas no son sus reales motivaciones económicas y políticas. Si
Maduro quisiera resolver los problemas económicos del país habría tomado
medidas mucho más efectivas, como por ejemplo, la reducción del gasto público y
la devaluación del bolívar. Y si su interés fuera resolver la crisis política,
habría abierto las puertas al referendo revocatorio, que es una válvula de
escape para que el país nacional drene la angustia y la desesperación en la que
se encuentra sumergido desde hace varios años.
En mi modesta opinión, el Estado de
Excepción tiene dos objetivos muy claros. Uno económico: proceder a la toma y
posterior confiscación de todas las plantas de Empresas Polar (la principal
empresa privada del país). Otro político: impedir la realización del referendo
revocatorio durante el año 2016. El objetivo económico, es decir, la
estatización de la división de alimentos de Polar, se usará como instrumento de
presión y chantaje para someter a todo el empresariado que no quiera alinearse
al proyecto socialista y revolucionario gubernamental. El objetivo político
buscará someter a las fuerzas democráticas que pugnan por tratar de lograr un
cambio de gobierno por la vía constitucional.
El objetivo político utilizará como
instrumento al CNE. Las rectoras aprobarán nuevas normas para complicar la
realización del referendo y postergarán la inscripción de algunos partidos
políticos, algunos de los cuales podrían ser declarados ilegales. El objetivo
económico utilizará como instrumento al TSJ. La Sala Constitucional avalará
todas las decisiones adoptadas por el gobierno contra empresas privadas como
Polar.
Sabiéndose perdido, Maduro ha decidido
huir hacia adelante y eso sólo logrará una sola cosa: profundizar la crisis
política y económica que sufre el país. Chávez era partidario de lo que él
llamó la “unión cívico-militar”. Pero Maduro irá mucho más allá. El decreto de
Estado de Excepción dará todo el poder político a los militares. La
militarización de todos los espacios civiles se profundizará. La cúpula militar
presidida por Padrino López consolidará su poderío en detrimento de los
ciudadanos. Que nadie se llame a engaños: el decreto de estado de excepción a
nivel nacional es un autogolpe de estado en tiempo real.
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