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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
ordenó, a través de una decisión publicada el 18 de mayo, a la Guardia Nacional
Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), adoptar las
medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del
Consejo Nacional Electoral (CNE).
“A los fines de impedir los actos no
autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y
manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y
civiles, que puedan limitar el acceso de los trabajadores y perturbar el normal
funcionamiento de las sedes del CNE, a nivel nacional”, cita el texto legal.
La decisión fue emitida el mismo día en
que funcionarios de la GNB y la PNB frenaron a la oposición, convocada por la
Mesa de la Unidad Democrática, en su intento en llegar a la sede del CNE con
detenciones, el lanzamiento de bombas lacrimógenas, la dispersión de gas
pimienta y perdigonazos, que alcanzaron a varios manifestantes.
Los cuerpos de seguridad impidieron el
paso en las calles y avenidas por las que numerosos opositores intentaron
llegar a la sede electoral, con el fin de pedir la activación del referendo revocatorio
al presidente Nicolás Maduro.
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