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Julio Borges aseguró que este año se han
dado tres mil protestas violentas por falta de comida. La Asamblea Nacional emplazó al gobierno
sobre el carácter discriminatorio de los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP) para distribuir comida. El jefe de la fracción opositora, Julio
Borges, inició el debate leyendo el artículo 117 de la Constitución, y expuso
que en el texto legal se establece “el derecho soberano de todo venezolano a
comprar en igualdad los productos que le de la gana, en la cantidad que le de
la gana, y de la marca que le de la gana, sin exclusión”.
El parlamentario indicó que este año se
han dado tres mil protestas violentas por falta de comida. Dedicó la discusión
en el hemiciclo a Jenny Ortiz, la mujer de 42 años que murió el lunes a manos
de un funcionario público quien le disparó con perdigones en el rostro durante
una protesta por la escasez de comida, en la Troncal 5 en Táchira. Borges
aseguró que la falta de alimento se da porque “en Venezuela no se está
produciendo nada”.
Criticó que las más de 300 empresas
expropiadas por el gobierno funcionen a cuenta gotas. Usó los ejemplos de
Aceites Diana que, según indicó, produjo 40% menos de su capacidad (en 2015),
así como Lácteos los Andes que produjo 25% menos de su posibilidad.
El diputado añadió que las fábricas de
harina de maíz que maneja el Estado ofertaron el año pasado tan solo 25 mil
toneladas del producto, mientras que Empresas Polar puso en el mercado 700 mil
toneladas de esa harina. “Venezuela se muere de hambre. Los CLAP significan
partidizar y politizar el hambre, dar al Psuv la potestad de decidir quién come
y quién no come. Eso está condenado a la corrupción y al fracaso”.
La Unidad mencionó que las bolsas de
esos Comités no contienen proteína, productos de higiene, ni medicinas. La parlamentaria, Gaby Arellano, respondió a
Ramón Cabezas, secretario de Seguridad Ciudadana de Táchira, quien a través de
su cuenta de Twitter la responsabilizó por lo sucedido en esa entidad, que ni
ella ni sus compañeros del Legislativo, Juan Requesens y Laidys Gómez (también
acusados por el oficialismo), dejarán de hacer su trabajo en ese estado.
El oficialismo, por su parte, sostuvo
que “el 90% de la producción y distribución de alimentos está en manos del
sector privado”. El diputado del Psuv, Gerson Vizcaíno, resaltó que “hay más de
15 mil CLAP en los que trabajan cerca de 63 mil hombres y mujeres”. El bloque opositor aprobó un acuerdo
que rechaza el sistema de distribución
de productos básicos impuesto por él gobierno.
Revocar a los “magistrados exprés”
Minutos antes del debate sobre los CLAP,
la Asamblea aprobó la creación de una Comisión Especial “para el rescate de la
institucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en base al informe
aprobado en la sesión del 24 de marzo.
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