Esta
sesión la solicitó el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA, Luis
Almagro.
Prensa.
EFE.
Los 34 Estados miembros de la
Organización de Estados Americanos (OEA) debatirán la aplicación de la Carta
Democrática a Venezuela en una sesión extraordinaria convocada para el 23 de
junio, según una comunicación oficial enviada a las misiones a la que tuvo
acceso Efe.
Esta sesión la solicitó el pasado 31 de
mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al invocar la Carta
Democrática, un instrumento jurídico que puede llevar a gestiones diplomáticas
o a la suspensión de Venezuela del ente y con el que busca aumentar la presión
sobre el Gobierno de Nicolás Maduro para que libere a los presos políticos y
acepte convocar este año un referendo revocatorio.
Almagro quería que esa reunión se
hiciera “cuanto antes” en un plazo de entre el 10 y el 20 de junio, fechas que
coinciden en parte con la Asamblea General anual de la organización, que reunirá
a los cancilleres en Santo Domingo (República Dominicana) entre el 13 y el 15
de junio.
“Satisfacción con la presidencia del
Consejo por fijación de fecha. Nuestra confianza en discusiones y decisiones
que emanen de la sesión extraordinaria”, escribió hoy Almagro en su activa
cuenta de Twitter.
La sesión la ha convocado la presidencia
de turno del Consejo Permanente, que ostenta Argentina, y en ella Almagro
presentará el informe de 132 páginas con el que argumentó su invocación del
artículo 20 de la Carta y en el que denuncia la “continuidad de las violaciones
de la Constitución en Venezuela”, “las violaciones de derechos humanos” y “la
falta de respuesta a la grave crisis humanitaria”.
Los 34 Estados miembros deberán
pronunciarse sobre un tema que la OEA ha evitado durante años y votar sobre si,
como Almagro, consideran que en Venezuela “existe una alteración del orden
constitucional que afecta al orden democrático”.
Si la mayoría de los países, 18, creen
que ese es el caso, el Consejo puede aprobar distintas medidas, entre ellas las
gestiones diplomáticas para “promover la normalización de la institucionalidad
democrática”.
De fracasar estas, o si el caso es
urgente, el Consejo puede convocar de inmediato una Asamblea General
extraordinaria, para lo cual son necesarios dos tercios de los votos de los
embajadores.
En esa Asamblea, que puede volver a
intentar las gestiones diplomáticas, dos tercios de los cancilleres pueden
suspender la pertenencia del Estado a la organización si estiman que “se ha producido
la ruptura del orden democrático”, algo que solo ocurrió tras el golpe de
Estado de 2009 en Honduras.
En la práctica, la suspensión de un
Estado miembro de la organización implica que el país deja de participar en
todas las actividades del ente, así como en los programas del organismo, como
los de anticorrupción, seguridad y promoción de derechos.
Aunque no descarta llegar a la
suspensión, lo que busca Almagro con este paso sin precedentes es aumentar la
presión internacional sobre el Gobierno de Maduro para que acepte el referendo
revocatorio que pide la oposición y libere a los presos políticos.
Por el momento, solo Paraguay ha dado
apoyo explícito a su propuesta, pero Almagro está “muy tranquilo” y convencido
de que su iniciativa prosperará, porque a la hora de votarla “los países van a
estar del lado correcto de la historia”, según dijo la semana pasada en una
entrevista con Efe.
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