Quien
fue relatora para libertad de expresión en la CIDH, advierte que los Estados
están obligados a rendir cuentas tarde o temprano, y que la contraloría social
es fundamental para alejar la corrupción
Prensa.
ipysvenezuela.org
Maruja
Dagnino
“En un gobierno autoritario el Estado
espía. El Estado vigila, el Estado hackea, el Estado irrespeta la intimidad y
la vida privada de las personas, y al mismo tiempo se blinda, mantiene un
secreto respecto a la forma en que gestiona las actividades públicas”. Así
deslinda Catalina Botero una diferencia fundamental entre un gobierno
autoritario y un gobierno democrático. “Por un lado no hacen pública la información.
No hay transparencia activa. Por el otro, no entregan la información. Se
inventan excusas o simplemente no responden y no hay jueces que hagan efectivo
el derecho de la ciudadanía”.
Relatora para la libertad de expresión
entre 2008 y 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA,
Catalina Botero Marino es sin duda una de las personalidades más influyentes en
materia de libertad de expresión y acceso a la información. En el marco de la
campaña ciudadana #ExpresiónSinOpresión, que adelanta el Instituto Prensa y
Sociedad de Venezuela, Ipys Venezuela, Catalina Botero accedió a conversar en
torno a la situación del país con respecto al continente en materia de derecho
al acceso a la información, en un contexto en el que la sociedad civil
introdujo un proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea Nacional en
primera discusión.
Se dice que Venezuela está muy mal en
materia de libertad de expresión, pero nos gustaría saber cuál es el panorama
de acceso a la información en la región y dónde se ubica Venezuela en ese
panorama.
En este momento, de los 35 países de
toda la región, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Cuba, y todo el Caribe, hay
24 que tienen normas en materia de acceso a la información. Normas vigorosas.
En algunos casos leyes generales, en otros leyes más especiales, pero hay 24
con normas importantes en materia de acceso a la información. Hay otros países,
como Costa Rica, que no tiene ley de acceso, pero sí una jurisprudencia que
reúne todos los estándares internacionales, e incluso avanza en esa materia. La
gran guardia en materia de acceso a la información en Costa Rica es el Tribunal
Supremo de Justicia. Venezuela está en el penúltimo lugar antes de Cuba, por
dos razones: primero porque no hay unas normas específicas de acceso, a pesar
de que se podrían derivar de la Constitución, pero la Constitución en Venezuela
es letra muerta, y los tribunales lo que han hecho es avalar desde sus
sentencias unas restricciones absolutamente desproporcionadas al derecho al
acceso a la información.
México ha avanzado enormemente; en Chile
tienen grandes avances; Colombia también, a través del derecho de petición, y
luego del derecho de acceso a la
información; Panamá creó un órgano dedicado a la protección de derecho a la
información, lo mismo Uruguay, digamos
que estos países están en proceso de profundización, que es una tendencia
regional progresiva liderada por México,
pero con enormes esfuerzos institucionales de gobierno abierto en todos los
países de la región, con algunas pocas excepciones. Venezuela tal vez es el
país donde menos garantías existen en América Latina, salvo Cuba, Nicaragua,
que está en una situación similar, sin ninguna garantía de protección.
Venezuela tiene el problema de que no tiene normas garantes, no tiene una ley
de acceso, no tiene una jurisprudencia que satisfaga ese derecho, entonces está
en uno de los peores lugares en esta materia.
Organizaciones civiles venezolanas,
alineadas en la Coalición ProAcceso, introdujeron un proyecto de ley de acceso
a la información, aprobada ya en primera discusión por esta nueva Asamblea
Nacional. ¿Existen algunos estándares internacionales que avalan la necesidad
de que los países cuenten con una de estas leyes?
En la región hay que tener en cuenta
tres cosas: por un lado hay una ley modelo de acceso a la información aprobada,
entre otros países, por Venezuela. En una reunión de la Organización de Estados
Americanos se aprueba una ley modelo de acceso a la información. Esa ley modelo
se adecúa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que establece los principios mínimos que deben tener todos los países en
materia de acceso a la información, por otro lado a la doctrina de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que ha aprobado los informes de la Relatoría
de Libertad de Expresión, sobre principios mínimos de ley de acceso a la
información. ¿Cuáles son esos principios básicos? El primero es que el derecho
de acceso a la información es un derecho fundamental, es decir que tiene la
estatura de cualquier otro derecho, como el derecho a la libertad de expresión,
a la libertad de asociación… o el derecho a la igualdad y a la no
discriminación. Es decir que no es un derecho menor.
Cuando uno dice que algo es un derecho
fundamental, lo que está diciendo es que en principio todas personas pueden
ejercerlo, y que si el gobierno quiere restringirlo debe dar buenas razones.
Eso significa que en principio toda la información que tiene el Estado es
pública y solo excepcionalmente puede establecer algunas restricciones. A eso
se le llama el principio de máxima divulgación. Entonces, el Estado no puede
pedirle a las personas requisitos distintos al de ser una persona que habita en
ese país, para entregar una información. Y si no se la quiere dar, el Estado tiene
que dar razones. Yo no tengo que dar razones para para ejercerlo. Es el Estado
el que tiene que dar razones cuando me lo quiere limitar. Y no cualquier tipo
de razón. Porque cuando restringe un derecho fundamental, el Estado tiene que
tener buenas razones.
En estos términos lo que ha dicho la
corte es que la excepción tiene que
estar en una ley: debe explicar en qué casos una información puede ser
reservada. La ley que reserva una información tiene que buscar una finalidad
legítima, objetivamente legítima. Y demostrarse que esta restricción del
derecho de acceso es más importante para una sociedad democrática y pesa más
que derecho a la información. El Estado debe dar razones para explicar por qué
mantener cierta información en reserva es más importante, de forma tal que
justifique la restricción del derecho de acceso.
Luego, tiene que haber recursos
efectivos administrativos y judiciales especializados para proteger el derecho
de acceso a la información.
Estos tres principios, que son el
principio de máxima divulgación, el principio de excepciones restringidas con
la carga de la prueba y el principio de recursos idóneos efectivos para
garantizar el acceso deben estar en todas las legislaciones, y ninguno de los
tres se cumple en Venezuela.
¿Puede un tribunal impedir el acceso a
las declaraciones juradas de funcionarios públicos, tal como ocurrió en
Venezuela ante una solicitud de información de Transparencia Venezuela?
No puede. Es la ley la única que puede
establecer restricciones en materia de acceso a la información. En Venezuela
tenemos también el caso de un tribunal que exime a los empleados de entregar el
monto de su salario. Es una sentencia en la cual el Tribunal Supremo le exige a
Espacio Público que diga cuál es el interés que tiene en conocer el salario del
contralor, lo cual es una violación flagrante del estándar más elemental del
derecho al acceso a la información. Las personas no tienen que demostrar un
interés particular para saber en qué está gastando el Estado los recursos que
son de todos.
Una de las cosas que diferencian a un
Estado autoritario de un Estado democrático es justamente dónde está la
transparencia y dónde está el secreto. En un Estado democrático la
Constitución, las leyes y los jueces protegen la reserva de la información
privada. Que a la gente no la espíen, que no haya hackeos, que no haya
vigilancia sobre las personas, y en cambio protege la publicidad de toda la
información pública. Cómo se ganan los salarios públicos, cómo se invierten los
recursos públicos, cómo se llevan a cabo las gestiones públicas, las funciones
públicas, cuáles son los resultados de esa gestión, muestra las cifras
estatales, por ejemplo. La cifra de inflación, o la cifra de pobreza, o las
cifras de entrega de bienes sociales. Eso pasa en un Estado democrático.
Un Estado autoritario invierte la regla.
En un gobierno autoritario el Estado espía. El Estado vigila, el Estado hackea,
el Estado irrespeta la intimidad y la vida privada de las personas, y al mismo
tiempo se blinda, mantiene un secreto respecto a la forma cómo gestiona las
actividades públicas, respecto a la forma en que gasta los recursos públicos,
esconde cifras, datos, que la gente tiene derecho a saber. Esta es una
diferencia clásica entre el autoritarismo y la democracia.
¿A quién realmente beneficia una ley de
acceso a la información? ¿A los ciudadanos? ¿A los Estados? ¿Qué ganan los
Estados? ¿Ganan algo los Estados?
Sí. Por un lado gana la sociedad
justamente porque sabe en qué se están gastando los recursos, sabe cómo se
están cumpliendo las funciones públicas, sabe si se están cumpliendo o no los
fines del Estado. Los resultados y las cifras estatales, por ejemplo. Pero por
otro lado gana el Estado. Un Estado democrático sabe que la vigilancia social
lo obliga, por ejemplo, a establecer mecanismos contra la corrupción. Un Estado
que se mueve en el secretismo es un Estado que muy fácilmente va a caer
capturado en las garras de la corrupción. Es decir que el Estado democrático
-no las personas que transitoriamente ocupan los cargos públicos, que pueden
ser más o menos corruptas- gana enormemente porque la luz, la visibilidad, la
transparencia lo obliga a actuar correctamente.
No hay sombras
No hay sombras, y por lo tanto no hay
espacio para la clandestinidad. O son más reducidos. Tienen que ser más
ingeniosos que un Estado que vive amparado en el secreto en donde es muy fácil
que la corrupción capture a los funcionarios y a las rentas estatales, porque
no hay vigilancia. Nadie puede saber exactamente qué está pasando.
En nuestros países latinoamericanos por
lo general no existe mucha conciencia en torno a los derechos civiles. ¿Cuál es
el rol de los ciudadanos en este asunto?
La garantía del derecho a la información
es la manera cómo los ciudadanos pueden saber en qué se está gastando la plata,
que no es la plata de los funcionarios públicos, sino que son unos recursos que
se requieren, por ejemplo, para mejor sistema de salud, para mejor educación,
para mejor estructura, para impulsar los procesos de desarrollo… porque es la
única manera de saber si esa plata no se la están robando y que está siendo
reinvertida en beneficio del colectivo. Es la única forma como pueden ejercer
de verdad los derechos políticos, no decidir por quién votan en virtud de un
eslogan, o de una propaganda sino en virtud de cifras, informaciones concretas
y claras que les permiten tomar decisiones informadas.
Cuando se aprobó la ley de acceso a la
información en México, ¿fue producto de un movimiento civil? ¿De quién fue la
iniciativa?
Fue un movimiento precioso de la
sociedad civil, que comenzó con el Movimiento de Oxaca, un proceso en el cual
por fin se logró la alternancia política frente a un partido que llevaba
gobernando décadas (PRI) y logran derrotarlo. En ese momento del renacer, de la
primavera, no porque el partido que hubiera ganado fuera mejor o peor sino
porque después de años a los que se llamó “la dictadura perfecta”, este grupo
impulsa la ley de transparencia para logar que los recursos públicos ya no se
administraran de manera secreta para favorecer a un partido o al otro, y
lograron una enorme revolución democrática, que fue la creación de la ley de
acceso, la creación de lo que en ese momento se llamó el IFAI, ahora llamado
INAI, que no sólo tiene poderes federales sino incluso para vigilar a las
entidades nacionales.
Hay una cosa que generalmente no queda
clara, que es la relación entre transparencia y acceso a la información.
¿Podría explicarnos esa relación?
La transparencia es el principio y los
mecanismos en virtud de los cuales el Estado y los funcionarios públicos
cumplen sus funciones, o ejecutan sus recursos públicos, y la manera en que los
ciudadanos pueden acceder al Estado, a los bienes del Estado, a los servicios
del Estado. Cómo se logra que las personas puedan acceder fácilmente, cómo eso
está dispuesto para la gente. El derecho de acceso es un mecanismo a través del
cual se logra una parte de esa transparencia.
La transparencia incluye, por ejemplo,
que por obligación propia, sin que nadie se lo pida, toda la administración pública
debe publicar la información: organigrama, cuánto ganan los funcionarios, cómo
se gasta el dinero, cómo son las licitaciones. Que establezcan los
procedimientos de acceso a los bienes o a los servicios que esa entidad presta,
establezcan los procedimientos para que la gente puede reclamar ante la
entidad, todo eso debe estar público independientemente de que la gente no
pregunte. En qué se gastaron la plata, cuál es el presupuesto del año entrante.
Y eso tiene que ver con lo que se llama el gobierno abierto, que es un
movimiento enorme a nivel global. El derecho a acceso es el derecho que yo
tengo a que cuando esa información no es de libre acceso al público, yo pueda
preguntar y me tengan que dar la información.
Yo puedo preguntar qué debo hacer para pedir mi pensión de
jubilación, o cuáles son los criterios para establecer dónde se pone una
escuela y cómo se seleccionan a los niños de esa escuela, o cuáles son los
planes de evacuación en las escuelas, en caso de que hubiese un incendio. Yo
puedo pedir cualquiera de esas informaciones sin tener un hijo en edad escolar.
El derecho al acceso a la información
que tienen todas las personas a acceder a la información pública, o simplemente
respecto a la gestión estatal, forma parte de todos los mecanismos que debe
tener el Estado para hacer una gestión transparente, pero no es el único.
En periodismo se habla mucho del acceso
a las fuentes y Venezuela está viviendo un momento muy dramático en ese
sentido, sobre todo en relación a las fuentes del Estado. ¿Qué pasa en un país
donde se cierran las fuentes de información al periodismo? ¿Cuáles son las
consecuencias?
Esa es una de las formas como los
estados más autocráticos, más autoritarios, logran poner una barrera de
silencio alrededor de su gestión. Por un lado no hacen pública la información.
No hay transparencia activa. Por el otro lado no entregan la información. Se
inventan excusas o simplemente no responden y no hay jueces que hagan efectivo
el derecho de la ciudadanía a saber.
Por el otro lado bloquean el acceso de
las personas que quieren preguntar y que sirven de parlante a la sociedad. No
hacen ruedas de prensa, no les dejan entrar a las entidades públicas,
establecen criterios de acreditación absurdos, absolutamente desproporcionados.
Una de las recomendaciones de la
Relatoría para la libertad de Expresión al gobierno de Kirchner es que hiciera
ruedas de prensa y que no estableciera acreditaciones discriminatorias. Que
sólo pueden entrar los periodistas del medio que al Estado le convine, porque
la línea editorial está alineada con el gobierno, eso es propaganda. Y esa
recomendación se la hizo la relatoría a Venezuela, y me da la impresión de que
lamentablemente no ha cumplido con el deber de rendir cuentas, a pesar de que
algún día van a tener que rendir cuentas.
¿Cuáles son los desafíos que tenemos a
corto y mediano plazo en Venezuela y en América Latina en torno a la libertad
de expresión?
Por un lado, en materia de acceso y por
el otro en materia de libertad de expresión. En América Latina lo que tenemos
es que seguir promoviendo las leyes de acceso o fortalecer los mecanismos de
implementación allí donde no la hay. Por ejemplo, que existan órganos
autónomos, que sean especializados, que realmente sepan del tema cuando se
toman decisiones, es decir, implementar marcos regulatorios adecuados para que
la gente realmente pueda acceder, y el derecho sea efectivo. En Venezuela, en
particular, me parece que hay que empezar de cero. En Venezuela nadie sabe, ni
siquiera los funcionarios públicos, cómo está funcionando el Estado. Y esa es
una de las razones por las cuales la situación en Venezuela es tan dramática.
Pues como se blindaron el control, evidentemente lo que hicieron fue crear el
caldo de cultivo perfecto para la captura de las rentas estatales y de las
funciones estatales por parte de unos grupos e corrupción, criminalidad, etc.
Yo creo que en Venezuela hay que empezar
de cero. Hay que pensar en una ley, hay que diseñar un marco adecuado, hay que
crear unos organismos de implementación, pero va a haber una enorme resistencia
porque hasta donde se sabe, la situación en Venezuela en materia de corrupción,
al menos eso es lo que dicen las cifras internacionales, es posiblemente la
peor de la región. Pero hay que hacer la tarea porque tarde o temprano todo eso
va a pasar.
La mejor manera en que un gobierno pueda
cumplir sus funciones democráticas, no importa si es un Estado más de
izquierda, más de derecha o más de centro, es que estén vigilados. Estados que
respeten el principio de transparencia, que permitan que haya un control sobre
su gestión porque está demostrado que los Estados que suprimen los controles,
que ahorcan a la prensa, que cierran el acceso a la información, que impiden
las ruedas de prensa, que encarcelan a sus opositores, que capturan al poder
judicial, que capturan a órganos de control, como la contraloría o la
defensoría, ese tipo de modelos fracasa. No hay alternativa, porque son
cooptados por grupos corruptos. Entonces no cumplen las finalidades y terminan
en un norme fracaso y el problema de ese fracaso es que se lleva por delante la
vida de la gente.
#ExpresiónSinOpresión 269 limitaciones
de acceso a la información de interés público desde 2014
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