En su última
reunión antes del inicio del período de sesiones ordinarias, la Comisión
Delegada de la Asamblea Nacional acordó investigar las recientes acciones del
Poder Judicial que en la práctica dejan sin efecto decisiones del Ministerio
Público.
Prensa. AN.
Esta
instancia legislativa también acordó designar el Comité de Postulaciones para
la elección de dos rectores del Consejo Nacional Electoral durante su sesión de
instalación del próximo período de sesiones ordinarias, el venidero martes.
Este
último punto fue abordado por el diputado Stalin González (Unidad-
Dtto.Capital), quien informó que el día viernes terminó el proceso de inscripción
y postulaciones de las organizaciones que quieren ser parte del Comité de
Postulaciones. Precisó que hubo cuarenta inscritos entre los cuales se
nombrarán a los diez ciudadanos que integrarán el Comité de Postulaciones.
En
el segundo punto del Orden del Día, el diputado Ismael García (Aragua/Unidad),
tras un derecho de palabra propuso que la Comisión de Política Interior
investigue las recientes actuaciones del Poder Judicial que en la práctica
anulan las decisiones del Poder Público, así como el reciente nombramiento del
general Carlos Osorio.
En
su intervención, el diputado García manifestó que observó con estupor la
designación del general Osorio como Inspector General de la FAN cuando la
plenaria ordenó una investigación frente a hechos gravísimos sobre el manejo de
compra de alimentos en el país. De acuerdo con la Memoria y Cuenta, presentada
al Parlamento, el Gobierno Nacional dispuso para importaciones 27 mil 500
millones de dólares, de los cuales cerca de 60% estaba destinado a la compra de
alimentos.
Destacó
que se hizo una investigación y en dos oportunidades se citó a Osorio, pero
nunca asistió. En consecuencia la Asamblea Nacional determinó contra el
funcionario un voto de responsabilidad política. Agregó que frente a los hechos
denunciados, su repuesta fue pedir sanciones en los tribunales contra los
denunciantes.
También
manifestó su asombro ante las declaraciones del ministro de la Defensa,
Vladimir Padrino López, quien anunció que entre las responsabilidades del
general Carlos Osorio estará las de ayudar, asesorar y apoyar la Gran Misión
Alimentación.
Al
respecto denunció que el gobierno premia la corrupción, e implementa medidas
coercitivas contra la inmensa mayoría de los dirigentes de la oposición, y se
persigue, amenaza y encarcela a alcaldes.
El
otro punto abordado por el diputado Ismael García correspondió a la decisión de
la jueza Joseline Flores de suspender el código de Interpol para apresar a
quien fuera enfermera del fallecido Presidente Hugo Chávez y Tesorera General
de la República, Claudia Patricia Guillén, sobre quien pesan denuncias por
corrupción.
Propuso
que la Comisión Delegada solicite a la Fiscalía General de la República el
estatus de la investigación y asimismo que se solicite explicaciones al
ministro de la Defensa sobre la designación del general Osorio, cuando hay
oficiales honestos que puedan ocupar el cargo.
Por
su parte la diputada Delsa Solórzano (Miranda/Unidad), señaló la importancia de
los casos denunciados por el diputado Ismael García porque, a su juicio, se
evidencia cómo además del TSJ, que pasa por encima de las decisiones del pueblo
(representado en la Asamblea Nacional) también el Poder Judicial, en forma
irregular, pasa por encima de las decisiones del Ministerio Público.
Se
refirió en concreto al caso de la ex tesorera, contra quien había orden de
captura y código rojo de la Interpol solicitado por el Ministerio Público. Dijo
que la decisión de la jueza, dejando sin efecto estos procedimientos, viola la
ley, la Constitución Nacional y el Código Orgánico Procesal Penal, y en este
sentido manifestó su apoyo a la solicitud del diputado García, de respaldar el
estado de derecho y la separación de poderes. Agregó que desde la Comisión de
Política Interior se pueden adelantar las investigaciones.
Finalmente
el diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Dtto. Capital), presidente de la Asamblea
Nacional, intervino en el debate para precisar que la renuencia de reconocer a
la AN como poder autónomo, y para el cual el régimen se ha valido del TSJ, es
simplemente una especie de guarimba para proteger al funcionario público de
cualquier tipo de investigación.
“En
cada investigación que se ha planteado en la Asamblea Nacional hemos cumplido
rigurosamente los pasos establecidos en la Constitución y en la Ley para procurar
la citación, la comparecencia y, la actitud única y constante, ha sido la
negativa”, expuso el asambleísta.
Atribuyó
Ramos Allup esta negativa a que no tienen explicaciones que dar. Dijo que ante
el cúmulo de pruebas de corrupción y de vinculaciones con el narcotráfico así
como de haber esfumado grandes cantidades de divisas extranjeras y al no poder
explicar lo inexplicable, optaron por inventar el ardid de desconocer a la AN
como poder autónomo. Se acordó finalmente remitir los casos denunciados a la
Comisión de Política Interior para que continúe las investigaciones y proceda a
las citaciones a que hubiere lugar.