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La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión condenan la ola de amenazas, detenciones,
allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos
políticos opositores, manifestantes pacíficos y periodistas, en el marco de un
serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el
gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoción de un
referendo revocatorio presidencial. Asimismo, la CIDH lamenta los despidos
masivos de funcionarios públicos, presuntamente por haber firmado la solicitud
de convocatoria de referendo revocatorio.
La
CIDH expresa además su preocupación por la decisión de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual declaró nulas y carentes de
vigencia y eficacia jurídica todas las decisiones de la Asamblea General. El 5
de septiembre, se divulgó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia que declaró que “resultan manifiestamente
inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia
y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las
leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala
Electoral”. El Tribunal sostiene que la Asamblea Nacional se encuentra en
desacato por haber juramentado a tres diputados del Estado Amazonas que la Sala
Electoral del Tribunal Supremo había ordenado dejar en suspenso mientras
investigaba recursos impugnatorios relativos a su elección.
El
sistema interamericano de derechos humanos ha establecido que los ciudadanos
tienen el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos por
medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, la declaración de
nulidad de todas las decisiones que adopte la Asamblea Nacional, poder del Estado
electo por voto popular, podría constituir una restricción indebida al
ejercicio de los derechos políticos y producir una seria afectación al
funcionamiento del sistema democrático.
Esta
sentencia fue anunciada en un contexto de restricciones a los derechos a la
libre circulación, asociación, protesta pacífica y libre expresión en conexión
con manifestaciones pacíficas y, particularmente, la marcha nacional convocada
para el 1 de septiembre por partidos de oposición y sectores sociales. La
manifestación del 1 de septiembre fue convocada en favor de la activación de un
referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela. La CIDH recibió información sobre obstáculos al libre tránsito
para el ejercicio del derecho a participar en manifestaciones públicas, a
través del establecimiento de controles militares, policiales y de inteligencia
en las carreteras y vías de acceso a Caracas.
Asimismo,
el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a líderes políticos
pertenecientes al Partido Voluntad Popular bajo acusaciones de ser los
“principales promotores del plan conspirativo” en contra del gobierno. El 26 de
julio, un líder del partido Voluntad Popular, Daniel Ceballos, fue trasladado
por agentes de Sebin de su arresto domiciliario a una prisión común. El 29 de
agosto fue detenido el ex dirigente estudiantil y miembro del partido Voluntad
Popular, Yon Goicoechea. El 30 de agosto agentes del cuerpo de inteligencia
detuvieron al dirigente del partido Avanzada Progresista, Carlos Melo, cuando
se encontraba en la sede del Partido Voluntad Popular en Caracas. El 2 de
septiembre fue detenido el alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry del
estado de Aragua por el partido Voluntad Popular, Delson Guarate. Se les acusa
de llevar a cabo planes para “la colocación de artefactos explosivos, tenían en
su poder armas y dólares falsos”. Se ha denunciado que las detenciones se
realizaron al margen de la ley, acompañadas de incomunicación y malos tratos.
Según
anunció el Ministro de Interior y Justicia, general Gustavo González López, las
autoridades están en la búsqueda del diputado por el estado Zulia de Voluntad
Popular, Lester Toledo, quien será acusado de delitos de “traición a la patria,
sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
El Ministro indicó que “las intenciones de golpe se mantienen” en las próximas
marchas convocadas por la oposición. Según informaron altos funcionarios
estatales, 92 hombres de nacionalidad colombiana fueron capturados en
comunidades pobres de Caracas, por supuestamente integrar un “campamento de
paramilitares y mercenarios”. Adicionalmente, al menos 81 personas fueron
detenidas durante las manifestaciones del 1 de septiembre. Según se informó a
la CIDH, algunos detenidos habrían sido liberados sin cargos, mientras que
otras serían imputadas y presentadas ante los tribunales.
Adicionalmente,
la CIDH expresa su preocupación por las limitaciones al trabajo periodístico en
el marco de la marcha del 1 de septiembre, así como de otras protestas contra
el gobierno. Esto incluyó detenciones, amenazas, allanamientos y apertura de
procesos penales contra periodistas, la desaparición de un reportero durante 36
horas hasta que se informó que estaba detenido por los servicios de
inteligencia, así como la deportación y la negativa de ingreso al país a varios
miembros de la prensa internacional. Según se informó, periodistas de medios
extranjeros que llegaron a cubrir la marcha del 1 de septiembre fueron
deportados, y otros fueron “inadmitidos” al llegar al aeropuerto, y que se
lanzaron amenazas contra periodistas y medios que la cubrieron. Adicionalmente,
el 3 de septiembre, el periodista Braulio Jatar, director del medio digital
Reporte Confidencial, fue detenido por agentes de la policía de inteligencia y
su casa fue allanada tras publicar videos sobre una protesta contra el
presidente Nicolás Maduro en isla Margarita. Braulio Jatar estuvo 36 horas sin
paradero conocido hasta que el Sebin informó que lo tenía detenido, después de
lo cual continuó sin que le permitieran tener contacto con familiares ni
abogados. Formalmente, el periodista habría sido imputado con el delito de
“legitimación de capitales”.
La
CIDH y su Relatoría Especial expresan profunda preocupación por la presunta
manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales con
el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la
libertad de asociación, expresión y participación política de líderes de la
oposición venezolana, manifestantes y periodistas. En particular, preocupa que
las detenciones realizadas en represalia a expresiones de protesta hayan sido
precedidas por declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios
públicos y que puedan estar basadas en acusaciones falsas o denuncias
infundadas. El poder punitivo del Estado no puede ser utilizado como pretexto
para limitar derechos fundamentales. Particularmente, el Estado tiene el deber
especial de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran
realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o
limitados en cualquier forma en sus derechos por el simple hecho de estar
ejerciendo su profesión.
Es
obligación del Estado respetar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos
de participar en la vida política de su país, de reunirse en manifestaciones
públicas, y de criticar o de oponerse al gobierno, propiciando el
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político.
La
CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado al Estado de Venezuela a cesar
todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, y asegurar que
cualquier detención sea llevada a cabo con estricto apego al derecho de la
libertad e integridad personal. En particular, insta al Estado a no dar curso a
procesos judiciales sin sustento en contra de líderes políticos, periodistas y
manifestantes.
La
CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos
(OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover
la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano
consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros
independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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