La
organización ha sido reconocida como "amicus curiae" en causas donde
se han denunciado torturas y malos trato a soldados argentinos, por parte de
sus jefes, durante el conflicto bélico de Malvinas.
Prensa.
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En el año 2007 Pablo Vassel,
subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, denunció ante
el Juzgado Federal de Río Grande, acompañando el testimonio de ex combatientes,
la modalidad generalizada de torturas y malos tratos como sanción
disciplinaria, practicada por los mandos de las Fuerzas Armadas durante el
conflicto bélico.
Los relatos incluían la privación de
alimentos, estaqueamiento de jóvenes hambrientos y helados, como castigos que a
su vez, estaban dirigidos a intimidar al resto de la tropa, conformando un
maltrato inhumano e intencionadamente degradante.
Dicha denuncia fue aceptada por el
juzgado Federal de Rio Grande donde consideró que estos hechos eran de lesa
humanidad por lo tanto imprescriptibles. En el año 2009 Jorge Eduardo Taranto,
en su carácter de imputado, interpuso excepción de cosa juzgada, que fue
rechazada en dicha instancia.
La resolución fue apelada y
posteriormente fue elevado a la Cámara Nacional de Casación Penal, que el 24 de
septiembre de 2010, mediante la resolución 16.664, revocó la resolución de la
Cámara, y ordenó dictar una nueva. Recibido dicho incidente a conocimiento de
la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
El órgano resolvió: "1-Revocar la
resolución (...) en cuanto rechaza la solicitud de prescripción de la acción
penal; 11-Declarar extinguida por prescripción de la acción penal de los
delitos investigados en autos 111-Sobreseer a Jorge Eduardo Taranto en orden a
los delitos objeto de investigación."
Ante dicha resolución, el Centro de Ex
Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) interpuso recurso de casación, que
fue declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal
el 22 de noviembre de 2011, sosteniendo que la ponderación de argumentos
esgrimidos supondría realizar una nueva evaluación sobre los hechos motivo de
investigación, y ratificó así la prescripción de la acción.
El CECIM interpuso Recurso
Extraordinario Federal, que fue declarado inadmisible, por lo que presentó
oportunamente recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
y la CSJN no hizo lugar al recurso porque no se dirige contra una sentencia
definitiva o equiparable (art. 14 de la ley 48) .
Este expediente, "Pierre, Pedro
Valentín y otros s/Delitos de acción pública, Nº1777-07 se radicó nuevamente en
el Juzgado Federal de Rio Grande Tierra del Fuego, donde la Fundación Malvinas
Chaco se presentó como "Amicus Curiae" por considerar que los
fundamentos y pruebas que pueda aportar serian de suma importancia por los
hechos que se investigan y para la resolución de la causa.
Asimismo, acompañó y se presentó como
amicus curiae en las causas que se formaron a partir de las denuncias
realizadas por soldados excombatientes chaqueños en el Juzgado
Federal de Resistencia, Chaco.
El tribunal de Rio Grande a consecuencia
de estas denuncias agilizó el trámite de las actuaciones solicitando distintos
tipos de informes tanto al Ejercito Argentino como el Poder Ejecutivo Nacional.
A partir de esta presentación la Fundación Malvinas Chaco tendrá directa
intervención en los autos de referencia pudiendo arbitrar medidas, presentar
pruebas e instar la prosecución de la causa hasta que los responsables de estos
hechos aberrantes sean juzgado y sancionados por los delitos cometidos durante
la guerra de Malvinas.
La causa iniciada en 2007 tiene en la
carátula al soldado Pierre. Sin embargo son más de 60 las denuncias presentadas
por torturas, vejámenes y estaqueamientos en Malvinas.
La intervención de los integrantes de la
Fundación Malvinas Chaco fue central a partir de fines de 2015, ya sea buscando
y recabando testimonios, acompañando a los denunciantes ante la Justicia
Federal Chaqueña.
Los fiscales federales chaqueños
derivaron las denuncias presentadas en 2015 al Juzgado Federal de Río Grande
por una cuestión de territorialidad, caratulándolos como crímenes de lesa
humanidad.
En diciembre de 2016 la Fundación
Malvinas Chaco se ha presentado ante la justicia federal fueguina como amicus
curiae de la causa, a los efectos de acompañar y proteger los intereses de los
chaqueños denunciantes.
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