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elestimulo.com.
En el Día Mundial contra la Corrupción,
ocho organizaciones de la sociedad civil, aliadas bajo la Red Justicia, dieron
a conocer el Memorial de Agravios del Poder Judicial, una recopilación de más
de 100 sentencias del TSJ. Tras haber realizado dicho estudio,
aseguraron que las sentencias emanadas del Poder Judicial desconocen derechos
fundamentales de los ciudadanos como el de la libertad de expresión, acceso a
la información, participación, asociación o al sufragio, y que afectan
directamente la salud, la vivienda y la vida de los venezolanos.
La Red de Justicia, alianza conformadas
por varias ONG como Acceso a la
Justicia, Invesp, Espacio Público, Ipys Venezuela, Cepaz, Provea, Sinergia y
Transparencia Venezuela, manifiestan que la justicia en el país deja a un lado
los intereses de los venezolanos, para, según ellos, darle beneficios al
Gobierno. Según la integrante de Transparencia
Venezuela, Mildred Rojas, resaltó la necesidad de establecer dicha alianza para
ahondar e investigar el por qué de los recientes criterios que el TSJ adoptó
para la administración de Justicia en el país, de los que consideran que están
“tan alejados de la justicia, equidad, imparcialidad y de los verdaderos
intereses de la sociedad”.
Por su parte, Beatriz Borges, de la ONG
Cepaz, resaltó que el trabajo de la Red de Justicia también registra para la
historia las acciones del Poder Judicial contra la democracia del país. “Será
la caja negra del actual desastre nacional”. El trabajo inicia con el detalle de las
irregularidades en el procedimiento de elección y designación de los
magistrados del TSJ; recoge señalamientos de éstos en medios de comunicación
que evidencian su parcialidad política e ideológica y sigue con las
consecuencias que sus decisiones han tenido en los derechos de los venezolanos
e institucionalidad del país.
El memorial finaliza con el conjunto de
recomendaciones de órganos internacionales realizadas al Estado Venezolano en
lo que respecta al derecho al acceso a la justicia. De manera resumida, los
documentos emanados del sistema de protección interamericano de derechos
humanos establecen como recomendación la necesidad de “garantizar de manera
efectiva la separación e independencia de los poderes públicos y, en
particular, adoptar medidas urgentes para asegurar la independencia del poder
judicial, fortaleciendo los procedimientos de nombramiento y remoción de jueces
y fiscales, afirmando su estabilidad en el cargo y eliminando la situación de
provisionalidad en que se encuentra la gran mayoría de jueces y fiscales”.
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