Prensa.
bancaynegocios.com
Los
sobornos admitidos por Odebrecht han evidenciado que la corrupción con
complicidades políticas es un mecanismo sistémico en la mayoría de países
latinoamericanos más allá de la escandalosa implicación de la constructora
brasileña.
Una
vez que el emporio brasileño ha reconocido haber recurrido al soborno para
ganar licitaciones públicas en varios países latinoamericanos corresponde a
estos esclarecer el destino de esos fondos con los que se compraron voluntades
políticas, si no quieren añadir a la corrupción el peor mal de la impunidad.
Hasta
ahora, de los países implicados, además de Brasil únicamente Colombia ha
actuado en esa dirección y ha revelado con nombres y apellidos a dos supuestos
destinatarios de los sobornos de Odebrecht, al arrestar al exviceministro de
Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
En
Brasil, origen de este escándalo internacional, el propietario y expresidente
de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera
instancia a 19 años de cárcel.
Marcelo
Odebrecht es uno de los muchos ejecutivos de su empresa y de otras, las
principales constructoras del país, que han sido juzgados y condenados por
pagar sobornos en Brasil, donde también se han depurado responsabilidades
políticas al más alto nivel, que aún pueden alcanzar inciertas consecuencias.
En
el resto de países latinoamericanos donde opera Odebrecht queda por dilucidar
el destino de los sobornos de esta empresa, su alcance político y si ha sido la
única empresa, nacional o extranjera, que ha incurrido en ese delito para ganar
licitaciones u obtener cualquier tipo de ventajas y favores.
Resulta
sintomática la reciente declaración de la vicepresidenta y canciller panameña,
Isabel de Saint Malo, al afirmar que eran “un “secreto a voces” los sobornos de
Odrebrecht en su país, donde la empresa brasileña es la primera constructora
por cantidad de obras y volumen de inversión.
Las
autoridades panameñas no abrieron una investigación formal sobre ese “secretos
a voces” hasta que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de
diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares
entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Durante
los dos años y medio de la actual Administración del presidente Juan Carlos
Varela, Odebrecht ha ganado dos licitaciones en Panamá, la de la Línea 2 del
metro, en asociación con la española FCC, y la de construir 5.000 viviendas y
restaurar el centro histórico en la ciudad de Colón.
Los
datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado
pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan
textualmente a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” como destinatarios
de los sobornos en cuestión.
Los
principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016,
además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador,
Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
En
todos esos países se han abierto investigaciones, se han anunciado medidas sin
concretar contra Odebrecht más allá de anunciar, en algunos casos, como en
Perú, que la empresa ya no podrá participar en más licitaciones, pero la
Justicia no ha imputado a nadie, salvo en el caso de Brasil y Colombia.
Por
la forma aparentemente escrupulosa y con diversas instancias del Estado
implicadas en la que se desarrollan las licitaciones en estos países, es
difícil aceptar que sean una o dos personas en cada caso las destinatarias de
los sobornos capaces de decidir la concesión de obras a una u otra empresa.
También
se hace difícil aceptar que Odebrecht sea la única empresa que ha pagado
sobornos, o las llamadas “coimas”, para ganar licitaciones en los países en que
actúa, o al menos hace válida la pregunta de en qué casos y en qué medida
ofreció el soborno y cuándo se lo exigieron por adelantado como parte de un
sistema imperante.
En
EE.UU., donde a Odebrecht se le ha aplicado el Acta de Prácticas Corruptas en
el Extranjero porque opera en territorio estadounidense, el caso está aun
abierto y su desarrollo podría acabar revelando el nombre de las supuestas
personas e instituciones que recibieron los sobornos.
EE.UU.
abrió este caso y reveló sus complejos y devastadores resultados con una
sorprendente celeridad cuando Odebrecht firmó a finales del pasado año un
acuerdo de delación con la Justicia de Brasil, consistente en aceptar su
implicación en los sobornos en ese país y colaborar para conocer todo su
alcance.
Uno
de los propósitos de la multinacional brasileña al firmar ese acuerdo no puede
dejar de suponerse que es conseguir a precio millonario la libertad en un
juicio de segunda instancia de su propietario, Marcelo Odebrecht.
En
estas circunstancias, no resulta baladí recordar que desde que en EE.UU. entró
en vigencia la mencionada Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con las
duras sanciones que establece, las empresas de ese país no ganan -ni apenas se
presentan a concurso- casi ninguna licitación pública en América Latina, donde
casi siempre las ganan otras empresas latinoamericanas o europeas.