El
presidente de la empresa Iecsa Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio
Macri, fue denunciado ante la Justicia por sus presuntos vínculos en los pagos
de coimas admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina.
Prensa.
chacodiapordia.com.
Según pudo saber ámbito.com, la
presentación fue realizada este miércoles ante la Procuraduría de
Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, donde ya
se encaró una recolección de datos sobre tres grandes obras a cargo de la
compañía de Marcelo Odebrecht en el país: una planta potabilizadora de agua en
el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos y el soterramiento del
Sarmiento, adjudicado a Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
Semanas atrás, se conoció en los Estados
Unidos un acuerdo judicial por el que las firmas brasileñas Odebrecht y Braskem
se declararon culpables -en marco de la causa 'Lava Jato'-, de violar normas
contra sobornos fuera del país. Según un documento aportado por el Departamento
de Justicia estadounidense, donde se lleva adelante el juicio por los casos de
presunta corrupción en Brasil, Odebrecht pagó sobornos por más de u$s 35
millones en Argentina entre 2007 y 2014.
El fiscal Rodríguez busca desde aquí las
pruebas del delito confesado que llevan a Brasil, como licitaciones,
presupuestos, cotizaciones, posibles sobreprecios y hasta mails de
exfuncionarios.
La reciente denuncia no solo alcanza al
primo del Presidente. También incluye a Juan José Aranguren y otros
funcionarios anónimos del Ministro de Energía y Minería, que mantuvieron en los
últimos meses al menos tres encuentros cara a cara con enviados de la firma
brasileña. El trámite fue recibido por la prosecretaria administrativa de la
Procuraduría anticorrupción, Silvia Alizandro.
"Entre la adjudicación obtenida en
la administración kirchnerista y la macrista, existe una diferencia fundamental
que agrava la responsabilidad gubernamental, porque es el Estado argentino
quien le provee los fondos a Calcaterra, pues en la primigenia, era el
adjudicatario el que debía proveerlos, y al hacer efectiva la adjudicación,
cuyo origen espurio se encontraría evidenciado, el actual Gobierno podría
resultar partícipe del delito", sostuvo en el abogado denunciante, Daniel
Igolnikov.
Igolnikov pide seguir la doctrina del
iter criminis, que significa "recorrido del delito", y que supone un
antes y después del ilícito, con una sucesión de aconteceres, donde los que
participan son cómplices o encubridores, como sería Calcaterra en el pago de coimas
a los argentinos.
"Hay evidencia suficiente para
investigar esta corrupción sin excluir ni al empresario ni a los funcionarios
argentinos de este Gobierno, que ha intervenido" en las 25 reuniones que
menciona el diario La Nación, sea con funcionarios actuales o de la anterior
gestión, expresó el letrado.
"Como ciudadano detesto que un
hecho de presunta corrupción se investigue solo como propaganda partidaria, se
viole el principio de inocencia y se vulnere el derecho a estar libre de
prisión por la mera presunción y se continúen violando la Constitución Nacional
y los tratadfos internacionales, como en el caso de Milagro Sala", afirmó
Igolnikov.
Las otras denuncias
Poco después que surgió la información
del pago de coimas, la diputada nacional Margarita Stolbizer y su abogada
Silvina Martínez se presentaron en la Justicia federal y denunciaron el caso,
aunque solo solicitaron investigar los posibles delitos cometidos por
funcionarios kirchneristas. Esa pesquisa quedó en manos del fiscal Carlos
Stornelli, el investigador de la llamada "causa Hotesur S.A.", que
suele pasar las Fiestas de Fin de Año con Sergio Massa en Pinamar.
En su presentación, Stolbizer solicitó a
Stornelli -encargado de seguridad de Boca Juniors- que le pida al Ministerio
del Interior el detalle de todas obras adjudicadas a Odebrecht, y a la IGJ los
expedientes de estatutos y modificaciones societarias de la firma, como así
también los estados contables de la constructora extranjera, por medio de la
Cancillería.
El escrito firmado por Martínez también
se refiere al soterramiento del Sarmiento, una de las primeras obras que Macri
visitó poco después de asumir la primera magistratura. "Fue anunciado por
Néstor Kirchner y nuevamente por Cristina Kirchner en enero de 2008, cuando
anunció que serían 36 meses de obra, pero recién en 2010, y luego de cuatro
anuncios, el Gobierno entregó el anticipo del precio con el que se plantó una
tunelera de 12 metros de diámetro pintada prolijamente con los colores de los
festejos del Bicentenario. Así arrancó el obrador que instalaron las empresas
Iecsa, Odebrecht, Comsa y la italiana Ghella. Al momento de la adjudicación, la
líder del consorcio era Iecsa, una firma de Ángelo Calcaterra. Sin embargo, con
el tiempo el financiamiento original se reemplazó por otro del Banco Nacional
de Desarrollo de Brasil (Bndes) y Odebrecht pasó a liderar la obra",
señaló la legisladora del FAP.
Iecsa es una de las principales
contratistas de obra pública en la Argentina. Hasta 2007 integró el grupo
Socma, cuando Franco Macri decidió vendérsela a su sobrino para no estropear el
inicio de la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad.
En 2015 se difundió en varios medios
periodísticos información concreta de que Iecsa era cliente de la financiera
"La Rosadita", que compartió varias sociedades con las empresas de
Lázaro Báez y que Macri todavía controla a la firma, ya que se Socma se quedó
con las acciones de ODS en garantía, hasta que Calcaterra pudiera cancelar la
deuda originada por la compra a Franco, hecho que aún no sucedió.
El año pasado la Nación impulsó el
Decreto 797/2016, que fue publicado en el Boletín Oficial, y modifica el
Presupuesto anterior para afrontar "gastos previsionales" por $
76.000 millones para la Anses, a la vez que habilitó un endeudamiento de $
100.000 millones para concretar diversas obras para los próximos años. Una de
ellas, es el "techado" del trayecto las estaciones Caballito y Haedo,
del ramal que une la Ciudad con el oeste del conurbano bonaerense.
Ese Decreto de Necesidad y Urgencia
(DNU) no fue firmado por Macri, sino por Gabriela Michetti y el resto del
gabinete, con la intención de reactivar obras y ocultar patrocinios, aunque se
sospecha que benefició principalmente a su primo Ángelo, ganador de la
construcción del soterramiento. Por este decreto supuestamente direccionado
también se tramita otra denunciada penal impulsada por los fiscales Ignacio
Mahiques y Gerardo Pollicita, que descansa en el despacho del juez federal
Sebastián Ramos.
Fuente: Ambito
Chaco Día por Día
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