Prensa. IPS.
La
Asamblea General de la ONU le da largas a una propuesta que circula desde hace
más de 10 años en los pasillos del foro mundial: la ley de libertad de
información, un derecho otorgado a los periodistas dentro de una inmensa
burocracia que se protege. Lo que resulta irónico es que casi 100 países, todos
miembros de la ONU, aprobaron leyes nacionales que reconocen de alguna forma el
derecho a la información. Sin embargo, no parecen ser muy partidarios de
extenderlo al cuerpo de prensa de esta organización.
Sri
Lanka
El
editor en jefe del diario srilankés Sunday Times, Sinha Ratnatunga, dijo a IPS
que la ley de derecho a la información se aprobó en junio, se promulgó en
agosto y entra en vigor el 4 de febrero, el Día de la Independencia de Sri
Lanka. “Pero hay una disposición para 'escalonar' su implementación si el
gobierno no está listo”, precisó. “Como sea, la ley debe estar vigente para el
4 de agosto (un año después de su promulgación), esté listo o no el gobierno”,
añadió.
“La
redacción de la ley demoró más de 12 años, pero todavía queda por delante el
proceso más difícil que es educar al país sobre las posibilidades que ofrece”,
observó Ratnatunga, vicepresidente del Instituto de la Prensa de Sri Lanka y
miembro de la junta de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores
(WAN-IFRA).
“Con
suerte, los medios desempeñarán el papel de soplones, pero cada vez menos
reporteros están interesados en el periodismo de investigación; habrá que
esperar y ver si todos los problemas que acarreó la ley, valieron la pena”,
añadió. La Ley de Libertad de Información (FOIA) de Estados Unidos, de 1967,
que garantiza a la ciudadanía y a la prensa el derecho a solicitar acceso a
registros de agencias federales, se considera una norma que “mantiene a los
ciudadanos informados sobre su gobierno”.
Las
agencias federales están obligadas a cumplir y entregar la información
solicitada a menos que el pedido caiga en una de las nueve excepciones que
protegen la privacidad personal, la seguridad nacional y a las fuerzas de
seguridad.
En
Australia, la norma se conoce como Right2Know; y en Canadá, la Ley de Acceso a
la Información entró en vigor en 1983. Asimismo, en Bangladesh, el Centro de
Recursos sobre el Derecho a la Información ofrece lo necesario para quienes se
la soliciten a las agencias gubernamentales. En Japón, el Centro Ciudadano para
la Divulgación de Información ayuda a quienes busquen presentar un pedido de
ese tipo. Y en India, el Derecho a la Información: Portal Ciudadano tiene ese
mismo fin.
También
en Kenia, una Ley de Acceso a la Información se adoptó en agosto de 2016,
precisa el canadiense Centro para el Derecho y la Democracia (CLD). Y con la aprobación de una norma similar en
Sri Lanka, una de las más fuertes de los últimos tiempos, todos los países de
Asia meridional, salvo Bután, tienen una ley que protege el derecho a la
información.
Los
países de esa región tienen normas fuertes, salvo Pakistán, según la
clasificación realizada por el CLD. Además, señala que la Ley de Libertad de
Prensa de Suecia, aprobada en 1766, se considera la “más vieja del mundo”.
El
ex secretario general adjunto de la ONU, Samir Sanbar, quien encabezó el
Departamento de Información Pública (DPI), que entrega acreditaciones a los
medios y consigue oficinas para los periodistas apostados en el foro mundial,
dijo a IPS que el derecho a la información es una parte integral de los
principios de la organización e incluido en la Carta.
Pero
el goce de ese derecho, aun en lo que se refiere a la información básica de
dominio público, encontró obstáculos, tanto de parte de los estados miembro,
como de la propia burocracia de la ONU, se lamentó.
La
implementación de ese principio fue difícil para Sanbar, tanto por impedimentos
de funcionarios públicos de los gobiernos como de autoridades de la Secretaría
de la ONU.
Quienes
creen que la información es poder dudaban porque entendían que estaban
compartiendo su autoridad con el público, explicó, Sanbar, quien trabajó
durante los mandatos de cinco secretarios generales distintos.
“Fue
evidente cuando lancé el indiscutible sitio en Internet www.un.org, varios
subsecretarios generales y representantes permanentes me advirtieron sobre
‘decirle a todo el mundo lo que pasaba’ (en el sistema de la ONU) y se negaron
a autorizar fondos”, recordó.El derecho a la información muere al llegar a la
ONU
“Tuve
que crear un equipo de voluntarios del DPI, que funcionaba con el presupuesto
existente, para avanzar y finalmente ofrecer computadoras prestadas por una
fuente externa para que ciertas delegaciones se dieran cuenta de que les era
más conveniente acceder a nuevos comunicados que tener que mandar a alguien de
su personal al edificio para buscar el material al tercer piso”, detalló.
Al
final, todo el mundo se unió y ahora todo el mundo coincide en que es uno de
los 10 mejores sitios oficiales.
“Tuvimos
una dificultad similar pinchando para que se declarara el Día Mundial de la
Prensa en la Asamblea General”, de 193 miembros, apuntó.
“Parece
que aun quienes tienen las mejores intenciones, pues los delegados representan
a los gobiernos que consideran a la libertad de prensa con cautela, suelen
temer destapar un asunto que podría resultar vulnerable”, observó Sanbar, autor
de “Inside the U.N. in a Leaderless World” (Dentro de la ONU, en un mundo sin
liderazgo).
El
periodista de investigación Matthew Lee, quien trabaja en la ONU y sigue el
tema desde hace más de 10 años, dijo que libra una batalla perdida. “Cuando
llegué a la ONU en 2005, noté que no había FOIA”, recordó.
“Tras
varias consultas, logré que el entonces subsecretario de administración,
Christopher Burnham, me dijera que se ocuparía. Pero se fue. Así que le pedí a
su reemplazante, Alicia Bárcena, quien me dijo que trabajaría en ello, pero
nunca lo hizo”, indicó.
La
Secretaría de la ONU sigue responsabilizando a la Asamblea General de la falta
de avances, pero podría adoptar su propia política, por ejemplo, revelando
quién paga los viajes del secretario general.
De
hecho, al ser consultado por IPS el portavoz de la ONU, Farhan Haq, respondió:
“el secretario general está a favor de la idea de transparencia. Pero es un
asunto de los estados miembro”.
Por
su parte, Barbara Crossette, exjefa de la oficina de The New York Times en la
ONU, dijo a IPS: “Creo que tiene razón en que seamos escépticos sobre conseguir
algo así a través de la Asamblea General. O incluso que el Consejo de Seguridad
coopere si se le pide información”.
Mucha
gente que trabajó en el DPI opina que a la Asamblea General, y en particular al
Comité Asesor sobre Cuestiones Administrativas y Presupuestarias, no le gusta
promover el intercambio de información, aun en el contexto actual, y asume que
no hay suficientes países que respalden la idea de garantizar el derecho de
acceso a la información, indicó.
“Una
FOIA sería una bendición para posibles espías. Y me pregunto cómo se redactaría
desde el punto de vista legal. Sería interesante saber si espacios como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen esas políticas”, añadió
Crossette, editora colaboradora y redactora de PassBlue, una publicación en
Internet dedicada a la ONU.
El
equipo del nuevo secretario general, António Guterres “se supone que debe
escribir una nueva política de comunicación para la ONU, y hacerla más abierta
y efectiva en su alcance. Pero no sé si eso incluye a los periodistas”, acotó.
Hace
poco Crossette escribió en PassBlue que el DPI está totalmente atado de manos
por su mandato, según reconocen los funcionarios. Y al director o directora de
la oficina, con rango de subsecretario general, no lo eligen por su capacidad
en materia periodística y de medios, sino que es una designación política de
alguien con poca o ninguna experiencia periodística. La persona designada
cuenta con un presupuesto ajustado, adrede para que el departamento no cuente
con los recursos necesarios, añadió.
Traducida
por Verónica Firme
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