Prensa. elestimulo.com.
Cuatro
adversarios del gobierno de Nicolás Maduro fueron encarcelados en Venezuela
tras la activación de un “comando antigolpe”, el puño de hierro con el que
según analistas el presidente enfrentará a la oposición entre crecientes
tensiones y que repite el guión de situaciones anteriores.
Tres
días después de que la mayoría opositora en el Parlamento declarara a Maduro en
“abandono del cargo”, culpándolo de la crisis política y económica, el general
retirado Raúl Baduel fue enviado nuevamente a prisión. Exministro de Defensa
del fallecido expresidente Hugo Chávez y luego crítico de su gobierno, Baduel,
de 61 años, estaba en libertad condicional desde agosto de 2015 y este jueves
fue acusado de maniobras desestabilizadoras.
El
miércoles, agentes de inteligencia también apresaron al diputado Gilber Caro y
a los concejales Jorge Luis González y Rosmer Rubio, de la alianza opositora
Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
“La
única herramienta que tiene el gobierno frente al pueblo es utilizar el miedo y
el terror y por eso ha juramentado un grupo que llaman comando antigolpe”, dijo
este jueves a periodistas Julio Borges, presidente del Legislativo. El ministro
de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, aseguró que fue develado “un
plan terrorista desestabilizador”, con el cual vincula a los detenidos y a
Lilian Tintori, esposa del encarcelado opositor Leopoldo López.
La
denuncia echó a andar el “Comando Nacional Antigolpe”, que Maduro activó el
martes en cabeza de su vicepresidente, Tareck El Aissami. Reverol aseguró que
el general Baduel mantenía reuniones conspirativas, y que los otros capturados
estaban en posesión de armas y explosivos. “Es falso que haya un golpe.
Queremos una salida a este desastre de forma constitucional, pacífica y
electoral”, se defendió Tintori este jueves en una rueda de prensa.
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Poderes irreconciliables -
Para
el politólogo Manuel Malaver, las detenciones representan “un capítulo de máxima
tensión” en el choque de poderes que vive Venezuela desde que la oposición tomó
control del Parlamento en enero de 2016 con amplia mayoría.
“Llegó
el momento en el que parece imposible que coexistan los poderes y estamos
viendo una escalada hacia una mayor confrontación”, declaró Malaver a la AFP.
La
declaración de abandono de cargo contra el presidente fue anulada el miércoles
por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir
al gobierno-, al ratificar que la cámara ha desacatado varias de sus
sentencias.
La
corte ya había dicho que la Asamblea no está facultada para destituir a Maduro,
cuya gestión, según encuestas, rechazan 8 de cada 10 venezolanos en medio de
una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta
en 1.660% para 2017.
Mientras
la pugna se caldea, la oposición descarta reanudar el diálogo con el gobierno
para superar la crisis. No obstante, con
el fin de reactivar las conversaciones, los delegados del Vaticano y la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) -acompañantes del proceso- viajarán a
Caracas la próxima semana.
La
MUD congeló las negociaciones el 6 de diciembre para presionar al gobierno a
que acepte un adelanto de las elecciones presidenciales, previstas para
diciembre de 2018, pero Maduro descarta esa posibilidad. Además, la oposición
convocó a una marcha el 23 de enero, que el gobierno relaciona con el supuesto
complot. “La situación es peligrosísima y no veo disposición de las partes a
sentarse y llegar a acuerdos”, afirmó Malaver.
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Mecanismo de represión -
La
oposición ha advertido que el nombramiento de El Aissami como vicepresidente,
la semana pasada, hace prever un aumento de la “represión” en Venezuela, donde
según la MUD hay un centenar de “presos políticos”.
El
mayor en retiro Clíver Alcalá, antiguo aliado de Chávez y adversario de Maduro,
compara el “comando antigolpe” con las Operaciones de Liberación del Pueblo
(OLP), ofensivas del gobierno contra la delincuencia que dispararon las
denuncias de violaciones de derechos humanos.
“El
comando antigolpe es la OLP para la política, para los que piensan distinto,
con la que Maduro busca perpetuarse en el poder”, dijo Alcalá a la AFP. Aunque
la Fuerza Armada ha manifestado su “lealtad absoluta” a Maduro, Alcalá, confeso
chavista, sostiene que el estamento militar “no es una excepción dentro del
descontento generalizado”.
Tanto
Alcalá como Malaver creen que Maduro busca “bloquear” cualquier elección ante
su bajísima popularidad. Para este año están previstos los comicios de
gobernadores, que debían realizarse en 2016. En octubre pasado el poder
electoral suspendió el proceso para un referendo revocatorio contra el
mandatario.
La
organización Human Rights Watch (HRW) pidió hoy en su informe anual presionar a
gobiernos como el de Venezuela, para acabar con la “demagogia” y lograr avances
en la protección a los derechos humanos. El director ejecutivo de HRW, Kenneth
Roth, comparó la situación de autoritarismo en Venezuela con la de Cuba, donde
el Gobierno de Raúl Castro “continúa reprimiendo el disenso y castigando la
crítica pública”.
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