Prensa.
Efecto Cocuyo.
En 2010, el Complejo Agroindustrial José
Inácio de Abreu e’ Lima presentaba 80% de ejecución. A finales de 2016 la obra
de almacenamiento de granos -otro proyecto de Odebrecht en Venezuela- todavía
no está totalmente lista. Es más, en seis años solo se avanzó 8%.
El ministro para la Agricultura
Productiva y Tierras, Wilmer Castro Soteldo, visitó la obra el 29 de abril del
año pasado y aseguró que “hoy tenemos un avance en las obras que supera el 88%,
con una inversión de unos 600 millones de dólares”. Sin embargo, en la Memoria
y Cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre y Obras Públicas no está
reflejado ni un bolívar (o dólar) invertido en la obra durante 2015, así como
en el informe de actividades ejecutadas en el mismo periodo por la cartera de
Agricultura y Tierras, tampoco se ve que el Complejo haya producido algo.
En su visita, Castro Soteldo indicó que
“la falta de articulación, focalización y planificación han impedido el avance
de la obra” ubicada en Anzoátegui; que en 2011 produjo 8.000 hectáreas de soya
y en 2015, ninguna. El ministro dijo que reactivarían la obra con 600
hectáreas, que producen cerca de 2.000 kilos. Venezuela, hoy, importa un millón
600 mil toneladas.
Hace ya dos años y medio, el 14 de julio
de 2014, el dirigente político de la entidad Ernesto Paraqueima, denunció que
desde 2011 se está reportando una serie de irregularidades en el Complejo:
pérdidas millonarias de insumos, ocho tractores desaparecidos y 50 pivotes
desmantelados con una pérdida calculada en 6 mil millones de dólares.
La página del Registro Nacional de
Contratistas tiene una información distinta: el proyecto solo ha avanzado
68.09% y la fecha de culminación pasó a ser el 31 de diciembre de 2017.
De resto, es poco lo que se sabe del
Complejo de 35 mil hectáreas, que se esperaba tuviera 491 viviendas, áreas de
recreación, plazas, automercado, una escuela, un centro de asistencia médica y
un servicio radial.
“Estimamos que la primera máquina entre
en servicio en el mes de octubre de 2012”, dijo Alí Rodríguez Araque el 5 de
abril de 2011, fecha en la que era ministro para la Energía Eléctrica. Según
sus declaraciones, la obra tenía un avance promedio de 50%. En 2012, lo que
pasó fue que el fallecido presidente Hugo Chávez visitó la Central. El 18 de
enero aseguró que “este año se pondrá en funcionamiento la primera turbina
(…)”.
Ese año
hubo cambio de ministro y la cartera de Energía Eléctrica pasó a manos
de Héctor Navarro, quien rectificó que ese sería el año de apertura de la obra
ubicada en el estado Bolívar. “Hemos hecho varias visitas y las obras están al
día y no tienen ningún tipo de atraso”, dijo el 30 de marzo. El 24 de
septiembre dijo que la obra llevaba ya 96% de avance. Empezando 2017, cinco
años después, la obra sigue sin entrar en funcionamiento.
En 2013, fue otro ministro el encargado
de la obra: esta vez “la papa caliente” pasó a las manos de Jesse Chacón, quien
dijo que “en el mes de abril del año 2014 estaremos encendiendo la primera
turbina del sistema”. Ya iban dos años de atrasos, pero, según el nuevo titular
de la cartera, el avance era de 99%. En 2015, dijo que estaría lista en 2016.
La información que dio en 2013
contradice la de la Corporación Eléctrica Nacional. La última actualización de
Corpoelec sobre la Central Hidroeléctrica Tocoma -oficialmente conocida como
Planta Hidroeléctrica Manuel Piar– es del 17 de marzo del mismo año y dice que
se habían invertido ya 5.996 millones de dólares y la obra llevaba un avance de
66,26%.
El cuarto ministro en el poder durante
de la construcción de la obra es Luis Motta Domínguez, quien visitó el Complejo
en noviembre de 2015 para dar inicio al proceso de llenado del embalse que
alimentará las turbinas generadoras, las cuales debieron entrar en pruebas en
el primer semestre de 2016. De esto no hay información.
El papel de la AN
La Asamblea Nacional ha sido partícipe
de la obra, que es liderada por Odebrecht pero donde también participa la
argentina IMPSA y el Consorcio OIV. En junio de 2015, la Comisión Permanente de
Finanzas del Poder Legislativo aprobó un millón 961 mil bolívares a la obra,
“que se espera esté lista en el año 2018”. Según reportó el diario La Razón,
esto sumaría parte del presupuesto en bolívares, muy distinto al total, ya que
también se manejó una parte en moneda extranjera: unos 750 millones de dólares
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En marzo de 2016, Jorge Faroh, asesor
externo del Consorcio OIV (donde Odebrecht tiene 50% de las acciones,
Impregillo 40% y Vinccler el 10% restante); y Sergio Nogueira, director de
Contratos de dicho consorcio, se presentaron ante la comisión mixta de la que
investiga la crisis eléctrica, donde explicaron, que el retraso no era culpa de
las empresas que representaban, sino de “procesos de interfaces” y aseguraron,
de nuevo, que la obra llevaba 96% de avance.
“El resto depende de interfaces, de
otras empresas. Eso no quiere decir que esas empresas sean responsables de que
no esté lista la obra. Aquí influyen factores externos a nosotros también”,
comentó Faroh. En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre y
Obras Públicas no se hace mención a la obra.
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