Prensa. efectococuyo.com
De
dos sedes de cuerpos policiales atacadas con granadas en Guayana, se pasó al
homicidio de dos funcionarios de la Policía de Bolívar, en Ciudad Bolívar, y
luego al saldo de tres presuntos delincuentes en El Callao. En el medio de
estos incidentes una protesta carcelaria se mantiene en Vista Hermosa.
El
estado Bolívar se convirtió en 2016 en el sexto más violento de Venezuela y sus
conflictos con la delincuencia organizada se volvieron mediáticas desde la
masacre de Tumeremo y por los saqueos que se originaron en junio y diciembre
del año pasado.
Durante
enero 62 familias se vieron enlutadas por la violencia, tres casos menos en
comparación al 2016. Según información del Observatorio Venezolano de la
Violencia (OVV) 48 de esos crímenes fueron en San Félix y 14 en Puerto Ordaz.
El
móvil que tomó más fuerza en ese período fue la venganza con 45 casos, seguido
por los enfrentamientos con 13 y por último el robo con 4. Tan solo uno de los
crímenes fue resuelto policialmente.
“Nos
preocupa el aumento de la ruptura institucional en la región. Cada vez hay
menos presencia policial y esto incrementa el poder de los pranes y de la
delincuencia organizada y permite el desbordamiento del esquema delictivo,
generando más violencia”, analizó Eligio Rodríguez, coordinador regional del
OVV para el estado Bolívar.
El
lunes 30 de enero una emboscada fue organizada contra la Policía de Bolívar. A
la central de operaciones entró una llamada que al ser atendida por los
funcionarios denunciaba un supuesto robo en el barrio Ajuro, en la avenida
Columbo Silva, diagonal a la Escuela de Medicina, en Ciudad Bolívar.
Cuando
el oficial agregado Jorge Luis Tarro Basanta y el oficial Elio Ramón Ponce
Urbino fueron a cumplir con su deber, cuatro delincuentes los sorprendieron,
les dispararon y los dejaron tirados en el piso. Se llevaron las dos armas de
reglamento.
El
Mono, El Cher y La Tortuga. Estos son los apodos que le colocaron las
autoridades del Ejército a quienes
supuestamente habrían atacado a una comisión de 15 militares en el
sector minero de El Perú, municipio El Callao, la mañana de este martes 31 de
enero, según reportó el Correo del Caroní. Este hecho sube a nueve la lista de
personas muertas por arma de fuego en la zona minera.
“En
el segundo semestre de 2016, se evidenció la manera brutal de los homicidios.
De acuerdo con un estudio que realizó el OVV junto a la Universidad Católica
Andrés Bello de Guayana se determinó que los homicidios son los delitos más
frecuentes en el estado por lo que la tasa de muertes violentas llegó a 115 este
último año”, indicó el también director de Derecho en la Ucab – Guayana.
En
Bolívar la ciudadanía está a merced de las mafias mineras al sur de la región y
en la capital del estado conviven con las normas establecidas en la cárcel de
Vista Hermosa. Esto obedece a la ausencia de la autoridad del Estado, según los
estudios realizados por el Observatorio de Delincuencia Organizada.
“El
Estado cedió el monopolio de la violencia a las bandas organizadas. Las
policías están de manos atadas para enfrentar a estas megabandas, que en su
mayoría superan el equipamiento de los cuerpos policiales y tampoco hay
políticas públicas que puedan disminuirlas”, explicó el sociólogo Luis Cedeño,
quien dirige el observatorio.
De
acuerdo con datos periodísticos, 36 funcionarios policiales fueron asesinados
en este estado. Esto representa el 9% del total de agentes militares y civiles
caídos en todo el país, cuyo neto es 384 uniformados, según la Fundación para
el Debido Proceso, la cual se ha dedicado a monitorear este tipo de homicidios.
“El
año 2016 fue protagónico en cuanto a los ataques armados y robos a comisiones y
estaciones policiales donde los estados Aragua y Miranda fueron los más
afectados”, apuntó el informe de 2016 de Fundepro. En una lista de 26 atentados
contra cuerpos policiales, considerados los más alarmantes por la organización,
en dos oportunidades aparece el estado Bolívar.
“En
esa guerra entre delincuentes, el ciudadano se siente indefenso porque el
monopolio de la seguridad está disputándose entre grupos delictivos y policías.
Los últimos ceden los espacios a las bandas porque no tienen manera de lidiar
con ellos y los delincuentes pasan a ser los que dominan”, señaló Cedeño y
aclaró que esta situación se presenta en todo el país.
Como
ejemplo nombró el caso del arco minero de Bolívar, sitio en el que pululan las
mafias del oro. Allí sus normas son la ley y estas se destaparon con la masacre
de Tumeremo. De acuerdo con una investigación de Efecto Cocuyo, una banda
controla el territorio de una mina y es ella la que autoriza la explotación por
el cobro de una parte de lo obtenido en la extracción. Además permiten o no el
ingreso de vendedores, prestadores de servicios como peluquerías y trabajadores
sexuales.
Dominio
carcelario
Según
el Correo del Caroní los privados de libertad del Internado Judicial Vista
Hermosa, ubicado en Ciudad Bolívar, tienen cuatro días en protesta. La acción
tomada por los reclusos es no dejar que ningún preso sea llevado a tribunales
para sus audiencias. Según ellos la medida fue tomada para exigir que culminen
las vejaciones y humillaciones a la que son expuestos ellos y sus familiares.
“En
Venezuela tenemos dos sistemas penitenciarios: el de vitrina y el real. Hay
cárceles que funcionan para mostrar el régimen cerrado que impuso el Gobierno y
otras donde hay una administración de facto del pranato. Vista Hermosa es una
de estas”, dijo Cedeño.
Habitantes
de Ciudad Bolívar indicaron a Efecto Cocuyo que desde este centro penitenciario
se organizan secuestros y extorsiones a comerciantes de la ciudad, sin control
de las autoridades.
Desconfianza
Para
el coordinador del OVV esta situación ha rebasado la capacidad policial y ha
dado pie para desconfiar de las instituciones de justicia. Mencionó que con el
crecimiento de la violencia en el estado, los ciudadanos han visto más
elementos de convicción para decir que los funcionarios policiales están dentro
de las bandas delictivas.
Un
ejemplo para Rodríguez es la implementación de la Operación Liberación y
Protección del Pueblo en Bolívar. “Hemos visto que en el fondo las OLP
favorecen a un grupo de delincuentes, mientras eliminan a otros”, aseveró.
Expuso
que el Estado debe recuperar los espacios perdidos a través de acciones
directas que mitiguen la delincuencia, planes disuasivos como el patrullaje
constante y políticas acertadas para la detención y desmantelamiento de bandas.
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