Prensa DAR Apure.-
La
Oficina de Atención y Participación Ciudadana en la continuación de su agenda
formativa organizó un taller sobre la Contraloría Social, que se puede definir
como aquella en la que los individuos –ciudadanos con derechos y obligaciones-
toman parte en los asuntos públicos del Estado.
La
actividad estuvo a cargo de la jueza Desiree Hernández, del juzgado Superior en
lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción
Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, quien
explicó que la participación ciudadana puede darse en distintos niveles:
vecinal, municipal, estatal y nacional, en forma individual o colectiva, a
través de las cuales se pretende: mayor cercanía y presencia ciudadana en la
decisiones del Estado; establecimiento de mecanismos de vigilancia social;
creación y fortalecimiento de instrumentos sencillos para la participación
ciudadana; responsabilidad compartida en las acciones de beneficio colectivo
entre la ciudadanía y el Estado y la sensibilización de la ciudadanía ante la
problemática social.
Respecto
a los programas de gobierno que impactan directamente en la vida de los
ciudadanos, dijo que las instituciones no siempre logran identificar y resolver
los problemas que la ciudadanía percibe (a veces reflejada en los índices de
percepción de la corrupción, nacional e internacional); de ahí que, al
incentivar la capacidad de la participación responsable y amplia de la
ciudadanía, se obtienen aportaciones de eficiencia y transparencia en la elaboración
y ejecución de los planes y misiones sociales del gobierno, haciéndolos más
efectivos.
Hernández
recordó que la Ley Orgánica de Contraloría Social instaura normas, mecanismos y
condiciones para la promoción, desarrollo y consolidación de la contraloría
como medio de participación y de corresponsabilidad de los ciudadanos, las
ciudadanas y sus organizaciones sociales, mediante el ejercicio compartido,
entre el Poder Público y el Poder Popular. Dicha Ley fue publicada en Gaceta
Oficial No 6.011, el 21 de diciembre de 2010.
La
oportunidad también fue propicia para que la jueza Hernández explicara los
alcances de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa
orientada a la actuación jurisdiccional ante la no prestación u omisión de los
servicios públicos por parte de los diversos organismos ó entes que tienen la
obligación de brindarlos a la ciudadanía de forma óptima. También explicó los alcances de la Ley de
Justicia de Paz Comunal, entre otros instrumentos jurídicos que fortalecen al Poder
Popular.
La
jueza superior culminó el taller destacando que el pueblo cuenta con
importantes herramientas para ejercer sus derechos y contribuir con su accionar
colectivo al bienestar y buen vivir.
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