Prensa. efectococuyo.com
El
Gobierno venezolano plantea reformar la República, mediante una Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), antes de celebrar las elecciones regionales que
están vencidas desde el mes de diciembre de 2016.
Bajo
la lógica de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay
Lucena, la elección de los gobernadores es perfectamente viable después de que
se redacte una nueva Constitución, aunque en el nuevo texto se pueda incluso
eliminar esta figura política si así lo deciden los constituyentes.
Sin
embargo, la opinión de la rectora contrasta con la del consultor político y
asesor de campañas electorales, Edgar Gutiérrez, quien opina que “el madurismo
plantea estos comicios regionales como la manera de barnizar su política ante la
comunidad internacional, pues envía el mensaje de que se convocan elecciones,
pero el fondo del asunto es que es una trampa caza-bobos porque la instalación
de una ANC en agosto se dedicará a reformar la estructura del Estado y a
cambiar completamente las reglas de juego en las que seguramente quedarían sin
efecto esos comicios regionales y locales”, manifestó.
La
abogada y consultora política, Aime Nogal, coincide en que la convocatoria de
unas regionales para el 10 de diciembre de 2017 es una “oferta engañosa”. “La
modificación del texto constitucional implica que una vez aprobada la Carta
Magna, todo reglamento va a pasar a ser preconstitucional”. Esto quiere decir
que la Ley Orgánica de Procesos Electorales podría “chocar” con lo dispuesto en
la nueva Constitución.
En
un escenario hipotético en el que se apruebe un nuevo texto fundamental, la
analista adelantó: “Lloverán recursos de interpretación para decidir cuáles
artículos de cuáles leyes pueden ser aplicables y siguen vigentes”, señaló.
Mientras
que para la politóloga Mariana Bacalao con las regionales, el Poder Electoral
“subestima al adversario, al liderazgo opositor. Es la concha de mango de
pensar que el apetito de los líderes por esos cargos regionales va a dejar
pasar por debajo de la mesa la Constituyente. También subestiman la
determinación de la gente, de las personas que llevan más de 50 días
protestando para que se convoquen elecciones generales”, manifestó.
¿Cuáles
son los riesgos de “acelerar” el proceso Constituyente?
El
rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, manifestó que el anuncio hecho
por Lucena sobre la cantidad de constituyentes a elegir no se discutió ni se
aprobó en el directorio de rectores y que “no es conveniente atropellar” un
proceso de este tipo.
En
este sentido, Gutiérrez manifestó que la “aceleración” de la convocatoria es un
elemento inconstitucional que se agrega a una convocatoria ya “espuria”.
El
analista se refirió específicamente a los criterios de votación que serán
aplicados en el ámbito sectorial. “Desde la perspectiva constitucional moderna,
este corporativismo que se plantea dice más de un proceso que está cooptado,
que no es democrático y que en el plano político, es el comodín para erigirse
en una mayoría constituyente que no está respaldada por una mayoría electoral”.
Sobre
los subregistros que debe hacer el CNE para definir los electores de los ocho
sectores propuestos por el Presidente, el analista opinó que “no son auditables
y menos impugnables” y por eso los denominó “cajas negras”.
Sobre
la votación territorial apuntó: “La municipalización es una estrategia
sofisticada del madurismo para emparejar una elección que está abiertamente
perdida. Este enfoque local lo que provoca es que las zonas más despobladas (en
las que aún hay mayor control del Estado sobre la población), pesen más sobre
los municipios con mayor población y de ese modo, le cuesta muchos más votos a
la oposición escoger a un constituyentista que a los del oficialismo”, señaló.
Las
parlamentarias de diciembre de 2015 son un ejemplo de esta afirmación; en el
municipio Dabajuro de Falcón un diputado se escogía con unos 6.000 votos y en
Carirubana, en la misma entidad, un diputado “costaría” aproximadamente unos
70.000 votos (casi 12 veces más), apuntó el experto.
Nogal
agregó que aunque las autoridades electorales adelanten la ANC “los procesos
sociales no pueden detenerse vía decreto. Si no fuese sido así, el status quo
de 1999 hubiese podido impedir el ascenso de Hugo Chávez al poder (…) un
gobierno no puede sostenerse con 18% o menos de respaldo y ya hay un cambio
total que no podrán detener”, subrayó.
Bacalao
concluyó afirmando que la ANC suma más incertidumbre al panorama político
venezolano. “La ANC es un borrón y cuenta nueva. Es un cambio tan profundo que
lo que venga después está en suspenso. Este proceso está signado por lo turbio
y por las actuaciones previas de quienes dirigen el CNE y que no están
asumiendo la majestad de sus cargos”, dijo.