No se conocían.
Nunca pensaron que juntos vivirían una de las experiencias más traumáticas de
sus vidas.
Prensa. BBC
Mundo.
Según
actas judiciales, eran 10 jóvenes y fueron detenidos el 15 de mayo de este año
en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, en los alrededores de una zona
en la que se realizaban protestas en contra del gobierno del presidente
venezolano, Nicolás Maduro.
"Los
formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a
manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los
cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena.
Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les
hicieron…", le dice a BBC Mundo Martín Ríos, uno de los abogados
defensores de los 10 jóvenes.
Indica
que todo pasó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado
Aragua, localizado en el norte de Venezuela, aproximadamente a 80 km de
Caracas. En la última ola de manifestaciones en contra del mandatario -que se
inició hace ya casi tres meses- se han producido más de 3.200 arrestos (al 15
de junio), de acuerdo al Foro Penal, una ONG venezolana que asiste
gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.
Las
violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad han
sido condenados por organizaciones internacionales. Durante los procesos de
detención, son múltiples las denuncias de tortura, agresiones, abusos y
violaciones a los derechos humanos y a la legislación vigente por parte de los
cuerpos policiales del Estado.
Los
excesos -muchos han quedado registrados en fotos y videos- han sido condenados
incluso por el propio ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
"No
quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. Los
funcionarios que no tengan un comportamiento que responda a sus principios,
deberán responder por sus actos", dijo en un acto al que asistió el 6 de
junio.
"No
quiero ver más a un guardia nacional cometiendo una atrocidad": el
ministro de Defensa de Venezuela reconoce excesos de la Guardia Nacional en las
protestas. BBC Mundo contactó al Ministerio Público (MP) y a la Policía
Nacional Bolivariana (PNB) para hablar sobre las denuncias referidas con
anterioridad a mediados de mayo, por teléfono y correo electrónico. El MP
informó que, por los momentos, no se estaban concediendo entrevistas. La PNB,
por su parte, no había respondido al momento de publicar esta nota.
Violencia
sexual
"Lo
que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia reciente
del país, es muy preocupante", le comenta a BBC Mundo Erika Guevara,
directora para las Américas de Amnistía Internacional. Y añade: "Es una de
las peores crisis de violaciones a los Derechos Humanos en el continente debido
a la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos, la falta de independencia
de los poderes y la impunidad que existe".
Tras
la denuncia de violación hecha por uno de los detenidos durante su audiencia,
la juez solicitó un examen médico. A los 10 jóvenes los separaron. "Y a
uno (cuyo nombre se mantendrá en el anonimato por respecto a su dignidad) le
hicieron algo aberrante y dantesco", afirma Ríos. Cuenta que lo forzaron a
arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la
altura de las muñecas.
"Le
pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el
short y le introdujeron un tubo en el recto", indica el abogado. Ríos
relata que los otros detenidos no podían verlo, pero según su testimonio, lo
escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda. El caso del joven, de 19 años de edad,
está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, conocida como
Ministerio Público.
BBC
Mundo tuvo acceso al expediente en el que se relatan los hechos y constató la
existencia de un documento en el que la juez del tribunal ante el que se presentó
el caso solicita con urgencia que la víctima sea sometida a una evaluación médica.
Ríos asegura que los exámenes realizados confirmaron la violación. Explica que
los resultados fueron enviados en un sobre sellado al recinto judicial y que
forma parte del expediente y las investigaciones del caso.
"En
los casos de tortura, las denuncias hechas en actas oficiales son una prueba
contundente", le dice a BBC Mundo Alfredo Romero, director del Foro Penal,
la ONG que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.
Incidentes
de agresiones han sido documentados en fotos y videos.
Con
este punto coincide Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas
(Cofavic), una de las primeras ONG para la defensa de los DD.HH. creadas en
Venezuela. "Este crimen procura no dejar rastros. Funcionarios de regímenes
dictatoriales han sido condenados pese a que no se recopiló evidencia cuando
los actos ocurrieron. La responsabilidad de probar lo que ocurrió -o no- recae
en el Estado, según convenciones internacionales para la investigación de casos
de tortura como el Protocolo de Estambul", explica Ortega.
La
experiencia del joven detenido en Aragua, referida con anterioridad, no es única.
En esta foto es difícil de apreciar, pero en el medio de los 4 policías, hay
una persona. "En 70% de los casos que he documentado ha habido algún tipo
de tortura sexual: a los detenidos los desnudan, los tocan, los obligan a
ponerse en posiciones en las que muestran sus partes íntimas y algunos han sido
víctimas de violaciones", le dice a BBC Mundo la abogada Tamara Suju,
directora de Casla, un centro de estudios para América Latina con sede en la
República Checa que evalúa a las democracias en la región. Suju introdujo una
demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, en contra
del Estado venezolano. Lo acusa de cometer actos de tortura sistemática, lo que
constituye un crimen de lesa humanidad.
Golpes
Otro
aspecto que expone los abusos a los que son sometidos los detenidos durante las
protestas es el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad
al momento de la aprehensión. No son pocos los casos que lo documentan. “El
primer golpe lo sentí en la cabeza, me habían pegado con la culata de un rifle
para perdigones", le cuenta a BBC Mundo Carmen Ángel, una estudiante de 21
años que también vive en Barinas.
Y
sigue: "Empezaron a jalarme el cabello y a darme patadas en las rodillas
mientras seguían pegándome en la cabeza,
era una lluvia de golpes, no paraban. Una de las mujeres policía me dio un puño
en la cara. Yo gritaba y lloraba… tenía tanto miedo que me oriné".
Carmen
Ángel necesitó suturas en la cabeza y tuvo fracturas en los dedos.
Recuerda
que sangraba copiosamente, por lo que los funcionarios tuvieron que llevarla al
hospital. Llegó esposada y así permaneció todo el tiempo que estuvo allí. Le
dijeron a los médicos que las heridas eran consecuencia de una caída. "Me
advirtieron que no hablara, pero con los ojos le pedí ayuda al doctor que me
recibió. Si no fuera por el personal médico que impidió que los policías me
sacaran del hospital, la historia habría sido diferente".
Como
consecuencia de la golpiza, que ocurrió el 11 de abril, tuvo fracturas en los
dedos y varias heridas en la cabeza que necesitaron sutura. Sufrió de vértigo
por un mes y cuando el incidente ocurrió estaba tan mareada que si se paraba no
podía separarse de la pared.
Plomo
para cazar animales
Andrés,
un estudiante universitario de 21 años, tiene nueve perdigones de plomo
incrustados en el costado derecho de su torso desde el 18 de mayo. Los médicos
no han podido extraerle la munición, que se utiliza para cazar animales, porque
está muy incrustada dentro del músculo.
Cuenta
que es la consecuencia de un disparo que recibió prácticamente a quemarropa
tras un encuentro con la Guardia Nacional (GN), un componente de las Fuerzas
Armadas de Venezuela, en una zona en el norte de Caracas.
En
el torso de Andrés hay nueve perdigones de plomo.
Ya
estaba oscuro, eran las 6:00 pm y había salido para ver qué estaba pasando en
una protesta organizada cerca de su casa. Andrés recuerda que lanzaron una
lluvia de bombas lacrimógenas y empezaron a aparecer motos de la GN por todas
partes. La gente corrió como loca. Yo me quedé atrapado entre una pared y los
guardias nacionales que se bajaron de las motos. Levanté las manos y les dije
que estaba desarmado, creo que eran como ocho, uno me apuntó con una escopeta
en la cara, me volteé y sentí el tiro en el costado".
"Se
reían y gritaban: 'Llora mariquito, estás cagado (término vulgar para decir que
alguien está asustado), te vamos a matar'. Estaba abrumado, me quebré, el miedo
se apoderó de mí. Me mandaron a correr, las motos me perseguían, me pegaron con
la culata de un rifle. Los oía decir: 'Dispárale a ese'". Andrés logró
escapar y fue auxiliado por una mujer en una moto que lo llevó a una clínica en
la zona. "Tenían que drenar la sangre que había en los huecos causados por
los perdigones y para hacerlo me presionaban las heridas. El dolor que sentí no
tiene palabras".
El
calvario
Las
manifestaciones en contra del gobierno se iniciaron hace casi tres meses. Las
denuncias de acciones ilegales y violaciones al debido proceso son múltiples y
de diferente naturaleza.
"El
secretismo en torno al acceso de información en Venezuela es extremo. Con
frecuencia las autoridades no permiten el contacto con los detenidos. Ni
siquiera los familiares pueden verlos", afirma Erika Guevara, directora de
AI.
Esto,
pese a que la legislación venezolana garantiza el derecho de un detenido a
comunicarse con sus abogados y su familia. La falta de información fue una de
las varias irregularidades denunciadas por los abogados de Sergio Contreras,
activista social y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en
Caracas.
Fue
detenido en una zona del centro de la capital cuando, a través de un megáfono,
le pedía a la Policía Nacional Bolivariana que dejara de lanzar bombas lacrimógenas
porque en los alrededores había niños y ancianos. En un video se aprecia como
un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se le abalanzan y
lo someten.
A
Sergio Contreras lo recluyeron en la cárcel militar de Ramo Verde.
"Ahí
empezó el calvario. No sabíamos nada de él, a dónde se lo llevaron ni cuándo
sería su audiencia de presentación. Tuvimos que adivinar, íbamos de un centro
de reclusión a otro. Lo hacen para agotarte, para quebrarte, para que te
sientas mal", le dice a BBC Mundo Mariana Barrios, la esposa de Contreras.
El
profesor, además, tiene epilepsia y necesita medicación. "No puede dejar
de tomar las pastillas ni un día, porque si lo hace, convulsiona. No me dejaron
verlo durante más de una semana sin saber si le dieron la medicación. Nuestro
hijo ha llorado mucho. Ha sido una pesadilla, no tengo palabras para describir
lo que hemos vivido. Es tan injusto, él ayuda a todo el mundo…", dice
Barrios mientras se le quiebra la voz.
Los
funcionarios policiales se negaron a quitarle las esposas a Carmen Ángel
durante su estadía en el hospital. El caso de Contreras también ilustra una
estrategia que se repite con más frecuencia: civiles juzgados por tribunales
militares y acusados de traición a la patria y rebelión. A Contreras lo
enviaron a Ramo Verde, la misma prisión militar en la que se encuentra el líder
opositor Leopoldo López.
El
Foro Penal ha documentado decenas de este tipo de casos. Durante el proceso de
investigación judicial en tribunales militares, muchos son enviados a cárceles
para peligrosos criminales que ya han sido sentenciados. "Ese terror queda
sembrado": cómo son los procesos militares a civiles detenidos en las
protestas contra el gobierno de Venezuela
Mucho
miedo
Hay
un elemento recurrente en los testimonios de quienes han denunciado abusos
durante las detenciones. "Cuando los manifestantes se retiran, los
empiezan a perseguir. Además, muchos de los excesos han ocurrido cuando la
persona ya ha sido sometida. Y ese es un elemento fundamental en los delitos de
tortura porque la persona ya estaba bajo el control de la autoridad",
explica Ortega, directora de Cofavic.
"El
Ministerio Público ha actuado dentro del marco legal, pero los funcionarios
policiales y algunos tribunales desconocen, ignoran y van en contra de las
resoluciones del organismo", afirma Alfredo Romero, director del Foro
Penal.
La
lluvia de bombas lacrimógenas suele ser una constante en las detenciones. Uno
de los varios casos atendidos por la organización que ilustra este punto es el
de Fernando Caballero. "Fue detenido y trasladado al Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Se le otorgó libertad
bajo medidas cautelares solicitando dos fiadores que la familia consiguió, pero
el juez asignado a su caso dejó de trabajar sin dar explicaciones",
explica Romero. No pudo completarse el procedimiento de verificación de
fiadores y nadie reemplazó al funcionario, por lo que Caballero siguió
detenido.
Violación
severa y opositores en riesgo
Los
casos investigados por Tamara Suju y presentados ante la CPI incluyen denuncias
de tortura a opositores al gobierno de Nicolás Maduro realizadas en 2014,
durante las detenciones que se llevaron a cabo en Venezuela la última vez que
se produjeron protestas similares a las que tienen lugar en este momento.
Esos
casos se incluyeron en un informe publicado por el Comité contra la Tortura de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la realización de una
evaluación acerca del respeto a los derechos humanos en el país.
A
los detenidos suelen llevárselos en una moto.
A
raíz de los hallazgos, los expertos expresaron su preocupación con respecto a
las denuncias de detenciones arbitrarias y tortura de manifestantes en
Venezuela. "El Comité recibió reportes de golpizas, descargas eléctricas,
quemaduras, asfixia, asaltos sexuales y amenazas sufridas por los manifestantes
arrestados", le indica a BBC Mundo Jens Modvig, presidente del Comité
contra la Tortura de la ONU y director médico de DIGNITY, el Instituto Danés
contra la Tortura.
"Basándonos
en la información recibida, hay fuertes indicios de que el gobierno ha violado
severamente los derechos humanos de quienes se le oponen (…)". Y prosigue:
"El Comité no ha recibido información reciente acerca de la situación,
pero tampoco información que indique que se produjeron cambios".
"Esto
quiere decir que lo más probable es que los detenidos, particularmente los
opositores políticos en custodia, están continuamente en riesgo de ser
torturados", concluye Modvig. Todos los entrevistados coinciden al
expresar que los impresionó la saña, la rabia, la violencia y el odio que
percibieron en el tratamiento que les dieron. Hablan de "psicoterror"
y un miedo absoluto que todavía se manifiesta en sueños y pensamientos
involuntarios.
"Sientes
que eres de ellos y que no vales nada. Piensas que te pueden matar, que te
pueden desaparecer y hacer literalmente lo que quieran… Me sentía tan
desprotegida y tan vulnerable. Es horrible, no se lo deseo a nadie",
concluye Carmen Ángel, la estudiante detenida y hospitalizada en Barinas.