Prensa. EFE
La
ONU calificó hoy de “profundamente preocupante” el proceso de enjuiciamiento de
la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, la prohibición impuesta a la
misma de salir del país y la congelación de sus activos, al igual que la
anulación de la designación del vicefiscal Rafael González, reseña Efe.
“La
decisión del Tribunal Supremo de Venezuela del 28 de junio de comenzar los
procedimientos para la remoción de la fiscal general, congelar sus activos y
prohibirla salir del país es profundamente preocupante, al igual que lo es la continuada
violencia” en la nación suramericana, dijo el portavoz de la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Rupert Colville.
“También
nos inquieta la decisión del 27 de junio por parte de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia de declarar nulo el nombramiento de ella, del
vicefiscal general y de designar en su lugar a un ‘numero dos’ temporal, en
violación de los procedimientos bajo la legislación venezolana”, afirmó.
Igualmente
denunció la ONU la decisión de la Sala de asignar algunas de las funciones
exclusivas de la fiscal general hasta ahora al defensor del Pueblo de
Venezuela, Tarek William Saab.
“Desde
marzo, la fiscal general ha tomado pasos importantes para defender los derechos
humanos, documentar las muertes durante la ola de protestas, insistir en la
necesidad del debido proceso y la importancia de la separación de poderes, y ha
apelado a la liberación inmediata de las personas que han sido arbitrariamente
detenidas”, recalcó Colville.
La
ONU señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “parecen vaciar”
la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer
conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y “socavar la
independencia” de la fiscal.
“El
cese de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que
no socavan la independencia y la actividad imparcial de sus funciones”, subrayó
el portavoz.
Colville
recalcó que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales,
los países deben garantizar que estos profesionales puedan ejercer su labor “sin
intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones
injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras”.
La
Oficina para los Derechos Humanos de la ONU igualmente subrayó que en medio de
la crisis política, económica y social de Venezuela han fallecido 75 personas y
1.419 han sido heridas en las protestas de la oposición contra el Gobierno del
presidente Nicolás Maduro.
Más
recientemente, agregó, han sido asesinados presuntamente por miembros de las
fuerzas de seguridad tres jóvenes manifestantes, dos por armas de fuego y uno
por un bote de gas lanzado directamente hacia él por un policía.
Además,
sostuvo el portavoz, hay cada vez más informaciones que apuntan a que fuerzas
de seguridad registran edificios residenciales, llevan a cabo búsquedas sin
ordenes judiciales y detienen a personas, “supuestamente con la intención de
impedir a la gente participar en las protestas y buscar afines a la oposición”.
“Instamos
a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el
Estado de derecho, e instamos al Gobierno a asegurar que los derechos a las
libertades de reunión pacífica y de expresión sean garantizados”, enfatizó
Colville.
“Urgimos
también a todas las personas en Venezuela a emplear solamente medios pacíficos
para hacer escuchar sus voces, e instamos a todas las partes a renunciar a la
violencia y al acoso de oponentes”, subrayó.