Prensa.
CNP Caracas.
La Junta Directiva del Colegio Nacional
de Periodistas Seccional Distrito Capital, alerta al gremio periodístico y a la
sociedad civil sobre las últimas acciones que ejerce el gobierno contra el
derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
El gobierno continúa con su política de
censura contra la información en Venezuela.
Es ya conocida la actuación de La Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), quien giró instrucciones a las diversas
estaciones de radio y televisión venezolanas,comunicándoles algunas
prohibiciones relacionadas con la consulta popular convocada por distintos
factores sociales y políticos para este domingo 16 de julio.
Dicha actuación del organismo rector de las
comunicaciones, representa un nuevo
atentado contra las libertades democráticas previstas en nuestro ordenamiento
jurídico venezolano y en la normativa internacional en materia de derecho a la
libertad de expresión.
Nuestra carta magna expresaen el artículo
57 que: “Toda persona tiene derecho a
expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por
escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello
de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse
censura”.
Asimismo el artículo 19 establece que “El
Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son
obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta
Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados
por la República y con las leyes que los desarrollen” Queda clara la obligación
del estado en garantizar a todo ciudadano el ejercicio de los derechos humanos;
por ello de forma alguna puede violentarlos.
No utilizar el término consulta popular
para la actividad del 16 de julio, prohibir a los periodistas de fomentar la
participación en el evento señalado y
que los medios no publiquen las piezas propagandísticas previstas por la Mesa
de la Unidad Democrática; fueron parte de las órdenes impartidas a los medios
por Conatel.
La normativa internacional en materia de
libertad de expresión, excluye totalmente la censura previa como posible
restricción de los gobiernos. La convención Americana sobre Derechos Humanos señala
en su artículo 13 inciso 2, que el ejercicio de la libertad de expresión “No
puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”. Es decir, no puede el gobierno pretender una prohibición
absoluta de una información u opinión antes de ser difundida.
La libertad de expresión e información es
un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos cuyo artículo 19 establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirla, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.
Por su parte La ley de Ejercicio del
Periodista en su artículo 5, inciso 5 señala
como uno de sus fines “Salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la
información”; razón por la cual el gremio periodístico ejecutará todas las
acciones necesarias para defender estos derechos.
El Colegio Nacional de Periodistas seccional
Distrito Capital, Condena enérgicamente
las actuaciones de Conatel porque
constituyen censura previa, la cual es
contraria al ejercicio de los derechos
humanos, además de estar prohibida en el marco legal vigente. Asimismo exigimos
al gobierno nacional respeto al marco jurídico vigente y exhortamos al ejecutivo revisar las
decisiones en contra de los ciudadanos y medios de comunicación para que se
restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión.
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