Prensa.
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“El
liderazgo político debe respetar la decisión ciudadana”, manifestó Alfredo
Romero, director de Foro Penal, este jueves 19 de octubre durante una rueda de
prensa en la que llamó a reflexionar al país sobre los resultados de las
elecciones regionales del 15 de octubre.
Romero
indicó que desistir de ejercer el el sufragio es también una forma de
participación política a la que tienen derecho los venezolanos. “No podemos
decir que la abstención es consecuencia de la irresponsabilidad o, como dijeron
algunos, de un acto criminal. Es consecuencia de la incoherencia, del irrespeto
y de cierta forma de la falta de transparencia de la dirigencia políticas de
ambos sectores”.
Foro
Penal es una de las organizaciones pro derechos humanos que se encarga de
llevar el pulso de la situación que rodea a los presos políticos del país;
actualmente, sus abogados representan a 80% de los detenidos por razones políticas.
En ese sentido, Romero hizo un llamado a la dirigencia para que muestren
respeto por la ciudadanía, así como un camino que conduzca a la coherencia y a
la unidad nacional.
Recordó
que solo este año, en el marco de las protestas fueron asesinadas 102 personas,
de las 203 cuyas muertes se registraron en este contexto. “Tanto se dijo de
estos casos y nadie ahora los recuerda. La abstención, el reclamo de la gente,
tiene también su justificación en los muertos que nadie recuerda”, apuntó.
Pidió
entonces que los intereses políticos y electorales no prevalezcan sobre la
lucha por la libertad que ha defendido la Organización de Estados Americanos
(OEA), iniciativa encabezada por su secretario general Luis Almagro.
El
director de Foro Penal aprovechó para presentar un balance que su organización
lleva hasta la fecha. Dijo que desde el año 2014 hasta el 19 de octubre de 2017
han habido 11.991 detenciones por motivos políticos y un total de 1.269 presos
políticos.
De
este total, 5.446 aprehensiones ocurrieron entre el 1 de abril de este año
hasta la fecha de hoy y que actualmente permanecen tras las rejas 401
personas. Recalcó que pese a tener unas
medidas cautelares, 7.059 venezolanos siguen siendo procesados por el sistema
de justicia, lo cual significa que pueden ser nuevamente privadas de libertad.
“Queremos
hacer una llamado a la sociedad civil, a una lucha por la libertad y a no ser
entes pasivos que esperan por una dirigencia que reclame por ellos. Los
llamamos a unirse a las asociaciones que defienden los derechos humanos para
que se presione a los políticos sobre lo que deben hacer por los ciudadanos“,
exclamó.
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