Prensa. EFE.
El
instituto CASLA, observatorio checo de derechos humanos, remitió hoy a la Corte
Penal Internacional de La Haya (CPI) 38 denuncias de malos tratos y torturas en
Venezuela, basadas en los testimonios de las supuestas víctimas. “El propósito
es demostrar que las torturas, crimen de lesa humanidad, no cesan, sino que, al
contrario, se acentúan”, explicó a Efe en Praga la directora ejecutiva CASLA,
Tamara Suju, que envió el pliego de testimonios a La Haya.
“Los
casos de estas 38 nuevas víctimas entraron a la CPI en carácter de nombres bajo
protección”, afirmó la directora de CASLA. Según la abogada venezolana, la
tortura se ha convertido en práctica “para obtener confesión o que las víctimas
acusen a dirigentes de la oposición, a civiles o militares, de acciones
supuestamente subversivas”.
Suju
denunció que el acoso y la represión contra los opositores al presidente
Nicolás Maduro se ha extendido a sus familias. “Van por las esposas, por los
hijos, y se los llevan detenidos” cuando no consiguen a los opositores e,
incluso, aseguró “están persiguiendo a los abogados que llevan los casos de los
militares sublevados”.
En
las denuncias se señala a la División General de Contra Inteligencia Militar,
dirigida por el coronel José Franco Quintero, como el organismo de seguridad
responsable de la mayoría de las torturas. Entre esas torturas aparecen
asfixias con bolsas plásticas, aplicación de descargas eléctricas, ahogamiento,
golpes y patadas en todo el cuerpo y un caso de tortura sexual con violación.
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