Prensa. ipsnoticias.net
Se trata de proscribir
al único gran líder popular que se afirmó en el país en las últimas décadas o,
en caso de absolución, de confrontar las capas medias que atribuyen a Lula el
origen del mal, la crisis económica y moral que azota a los brasileños. Se
trata de proscribir al único gran líder popular que se afirmó en el país en las
últimas décadas o, en caso de absolución, de confrontar las capas medias que
atribuyen a Lula el origen del mal, la crisis económica y moral que azota a los
brasileños.
Ninguna
salida es buena, la radicalización entre los pro y los anti-Lula reunirá
razones para intensificarse cualquiera sea la decisión judicial. Acusado de
corrupción pasiva y lavado de dinero, supuestamente por haber conseguido un apartamento
como soborno de una constructora, el expresidente fue condenado a nueve años y
medio de prisión por el juez Sergio Moro, paladín de la anticorrupción, en
julio de 2017.
La
confirmación de la condena por el Tribunal Regional Federal (TRF) de la meridional
ciudad de Porto Alegre podría impedir su candidatura en las elecciones
presidenciales de octubre de este año, hasta ahora la favorita absoluta en las
encuestas. Una
movilización nacional que podría reunir a decenas de miles de activistas avanza
hacia Porto Alegre para presionar al tribunal el 24 de enero. “Elecciones sin
Lula son un fraude”, es la consigna de sus defensores. No se descarta la
posibilidad de peleas con manifestantes opuestos también convocados.
“Creo
que Lula será condenado y quedará inelegible”, evaluó João Fernando de
Carvalho, abogado de São Paulo especializado en Derecho Electoral, al ser
consultado por IPS. La ley de Ficha Limpia, sancionada en 2010 por el mismo
Lula como presidente, veda la candidatura de condenados por un órgano judicial
colectivo, como el tribunal de apelación.
“Mi
duda es si irá preso pronto, pero no veo motivo para su detención inmediata”,
acotó Carvalho. Una decisión del Supremo Tribunal Federal de octubre de 2016
autoriza el encarcelamiento a partir de la condena en segunda instancia,
contrariando un criterio anterior que le permitía a un convicto defenderse en
libertad hasta el fallo definitivo, tras agotarse todos los recursos
judiciales.
Pero
la legislación brasileña se caracteriza por asegurar apelaciones que se
multiplican en distintos tribunales, retardando por años o décadas una
sentencia final, a veces hasta la prescripción del delito. La Corte Suprema
intentó restringir ese sistema favorable a la impunidad de ricos y poderosos,
quienes pueden pagar los costos judiciales y abogados caros.
Lula
podrá, a través de distintos recursos, postergar por muchos meses los efectos
de su probable condena, siguiendo en libertad e incluso encabezando la campaña
electoral de su Partido de los Trabajadores (PT) como candidato presidencial. Los
partidos tienen tiempo de registrar candidatos hasta el 15 de agosto. El
período oficial de propaganda electoral va del 31 de agosto al 4 de octubre,
tres días antes de los comicios.
Especialistas
electorales temen incluso que Lula pueda disputar las elecciones “sub judice”,
es decir inelegible pero con la candidatura mantenida por algún mecanismo
judicial. La legitimidad del voto fortalecería su resistencia a la
inhabilitación legal. El
abogado Carvalho cree improbable tal situación, porque la Ley de Ficha Limpia es
clara y el Tribunal Superior Electoral se verá “obligado” a despejar dudas
sobre los candidatos cumpliendo los plazos definidos.
Pero
reconoce que en la Justicia Electoral son posibles maniobras que eluden
condenas del ámbito penal. En Brasil, hay decenas de alcaldes condenados que
siguen gobernando sus municipios sostenidos por artificios judiciales. Pero
todas esas maniobras agravan un contexto de deterioro político e institucional
del país, en que los poderes perdieron credibilidad, y casi todos los
dirigentes políticos nacionales están enjuiciados o acusados de corrupción.
Es
el caso del presidente Michel Temer, varios ministros y líderes parlamentarios
de los principales partidos. Dos expresidentes de la Cámara de Diputados están
detenidos. Hay senadores que tienen más de una decena de procesos judiciales. Las
investigaciones del Ministerio Público y recientes revelaciones de empresarios
que decidieron colaborar con la Justicia desnudaron la corrupción sistémica en
la política brasileña.
El
Supremo Tribunal Federal también perdió buena parte de la confianza del país
como guardián de la Constitución y un poder moderador llamado a dirimir
crecientes conflictos, por decisiones controvertidas, cada día más individuales
y, en algunos casos, netamente sesgadas por posiciones partidarias. Es en ese cuadro de ruinas que Lula viene
recuperando su popularidad, con cerca de 35 por ciento de las intenciones de
voto en las últimas encuestas, tras algunos años de descenso por las
revelaciones sobre regalos que habría recibido de algunas empresas por,
supuestamente, favorecer sus negocios con el Estado.
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