Prensa. Efecto
Cocuyo.
A
12 días de los comicios presidenciales y de consejos legislativos del 20 de
mayo, la ONG Observatorio Electoral Venezolano (OEV) denunció la falta de
imparcialidad y transparencia de estas elecciones, en un informe de 50 páginas
en el que detallan las irregularidades, violaciones e incumplimiento a las
leyes que regulan los procesos electorales en el país.
Según
el OEV, todas las etapas del proceso, desde la convocatoria realizada el 23 de
enero hasta el inicio y desarrollo de la campaña, han estado marcadas por
acortamiento de los lapsos, violaciones a la Constitución de 1999, la Ley
Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y su reglamento, que recortó fases que
en anteriores comicios como los presidenciales de 2012 y parlamentarias de
2015, pasaron de semanas a apenas días en este 2018.
“El
OEV ha acumulado suficientes evidencias para señalar que se trata de un evento
marcado por distintas violaciones a las leyes vigentes. En efecto, los derechos
políticos de los venezolanos, como electores y como elegibles, han sido
drásticamente limitados por las reglas del juego impuestas por el árbitro
electoral”, explicaron en parte de las conclusiones de este informe.
Entre
las irregularidades que mencionaron se encuentran: inhabilitación de
candidatos, ilegalización de partidos políticos (Primero Justicia, Puente,
Voluntad Popular y la tarjeta más votada en la historia de elecciones en
Venezuela, la de la Mesa de la Unidad Democrática), limitaron la inscripción de
venezolanos tanto dentro como fuera del país en el Registro Electoral, y se
“aceptaron candidatos por cuenta propia y por grupos de electores a la elección
presidencial para los cuales luce prácticamente imposible que hayan cumplido
con los requisitos de ley para participar como elegibles del proceso
electoral”, explicó el OEV.
El
informe resalta que una de las consecuencias más graves de un proceso con tantos
vicios “sería la desvalorización en el pueblo venezolano del voto como vía
democrática para resolver nuestras diferencias y enfrentar la crisis política
económica y social que vive el país”.
Para
el OEV hay cambios drásticos
El
Observatorio destaca que a partir del año 2017, con las elecciones de la
Asamblea Nacional Constituyente y después las de gobernadores y alcaldes, el
Consejo Nacional Electoral comenzó a saltarse procesos, pasos y lapsos
contemplados en la Lopre.
Asimismo
destaca que desde el año 2016 la justicia electoral que se imparte en el país
“no es imparcial”, al citar los casos de los diputados indígenas de Amazonas
que fueron destituidos de sus cargos por supuestas irregularidades en su
elección, que después de dos años no han sido demostradas, mientras que las
denuncias de fraude que hizo el candidato a la Gobernación de Bolívar, Andrés
Velásquez en octubre de 2017, no han sido investigadas.
Sobre
la convocatoria recordaron que se hizo irrespetando la tradición de
organizarlas en diciembre, con excepciones en el año 2000 durante la
relegitimación de todos los poderes públicos por la aprobación de una nueva
Constitución; en octubre de 2012 por la enfermedad de Hugo Chávez y en abril de
2013 por ser unas elecciones sobrevenidas por la muerte del presidente.
Ante
esto, el OEV señala que “la decisión anunciada evidenció nuevamente el sesgo
político del árbitro electoral, pues incluía elementos que dificultaban la
posibilidad de tener una elección en igualdad de condiciones”.
Otros
elementos analizados fueron eliminación de auditorías y actividades del
cronograma, entre las que están el catastro, uso de la tinta indeleble,
observación nacional y acompañamiento internacional, entre otros como el
acortamiento de los lapsos para las postulaciones que pasaron a a ser 16
actividades que “se comprimieron para ejecutarse en apenas 17 días, una
programación en la que ninguna tarea sobrepasó los ocho días”.
Entre
los ilícitos o irregularidades del Registro Electoral, el OEV mencionó que a
pesar de que en 2018 hubo solo 531 puntos para inscripción de nuevos votantes o
los cambios de residencia, en 25 días hubo “cuatro veces más electores
inscritos en promedio diariamente”, si se compara con el año 2015 cuando “se
registraron 2.353.147 movimientos en 156 días, en 2018 fueron 1.678.553 en 25
días, desglosados en 807.905 nuevas inscripciones.
De
estos solo 81.413 se registraron en los centros de votación con mejores
resultados electorales para la oposición y 270.901 se inscribieron en los
centros con mayor tendencia a votar por el oficialismo– y 870.648 electores que
cambiaron el centro de votación que tenían asignado en 2017”.
Recordaron
que en el caso de las circunscripciones para consejos legislativos, se saltaron
la aprobación de las estimaciones de población que debe hacer la Asamblea
Nacional y aumentaron el número de diputados en los estados Barinas, Falcón,
Monagas, Portuguesa y Sucre, donde de 9 en 2012 ahora habrá 11 diputados
regionales a partir de 2018; en Táchira que de 11 ahora serán 13, mientras que
en Yaracuy de siete subieron a nueve.
Carnet
de la patria como mecanismo de coacción
Otros
elementos son: el incumplimiento en lapso de impugnaciones, campaña electoral
recortada de 96 días en 2012 a 26 en 2018; uso indiscriminado de los recursos públicos
antes del inicio y durante la campaña por parte del candidato-presidente
Nicolás Maduro, así como el uso del carnet de la patria como “dispositivo de
coacción“, y de estímulo para quienes voten de entregarles un bono en
bolívares, además de las denuncias de los candidatos por la limitación en el
acceso a los medios de comunicación y el ventajismo denunciado por Henri Falcón
y Javier Bertucci por parte de Maduro.
El
Observatorio también resaltó que se eliminaron eliminaron “las auditorías del
software del Sistema de Información al Elector” y la de certificación del
software del Sistema de Estadísticas de Participación”. El primero permite
guiar al elector hasta la mesa de votación donde le corresponde sufragar y el
segundo mecanismo “elabora en tiempo real reportes estadísticos de
participación sobre la base de los electores esperados y los efectivamente
registrados”.
No
dejaron pasar por alto, que en comparación con el año 2015, cuando funcionaron
40 mil 601 mesas de votación, se eligieron 480 mil 828 miembros de mesa,
mientras que en esta oportunidad hay menos mesas porque son 33 mil 783, pero el
número de miembros se triplicó hasta 1.021.230, sin que el CNE haya explicado
el por qué de este incremento.
Ante
todo esto, el OEV concluyó que “las acciones y decisiones adoptadas en el
transcurso del ciclo electoral no están apegadas a la legislación, lo que ha
permitido al órgano de administración electoral a modificar con
discrecionalidad, y cuantas veces lo requiera, el período electoral y sus
distintas etapas”.
Y
añaden que bajo estas condiciones “marcan peligrosos precedentes los últimos
procesos comiciales que han quebrado principios fundamentales del voto y
estándares establecidos para que una elección pueda calificarse como
democrática: que sea periódica, inclusiva, limpia, competitiva y que permita
que los ganadores puedan ejercer el cargo para el que fueron electos. Ninguna
de estas condiciones se ha cumplido en los últimos eventos”.
Foto:
El Cambur
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