Prensa.
EFE.
Los cuatro aumentos salariales decretados por el
Ejecutivo venezolano en lo que va de año, equivalentes a un 1.038,21 %, se
desvanecen hoy en las manos de los ciudadanos que cada día tienen menos poder
adquisitivo debido, entre otras razones, a la hiperinflación y el control
cambiario estatal.
Solo estas dos aristas de la actual crisis económica
suponen un giro dramático a la hora de calcular los ingresos mínimos de los
empleados, si se comparan los indicadores oficiales con los considerados
ilegales pero que, en la práctica, son los que rigen casi la totalidad de la
actividad económica en el país petrolero.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, anunció esta
semana un incremento del 103 % al salario mínimo integral ubicándolo en
5.196.000 bolívares, lo que se traduce en 65 dólares si se toma como referencia
la única tasa de cambio oficial según la cual un dólar estadounidense cuesta
80.000 bolívares.
Sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de los
venezolanos no tiene acceso a esta tasa preferencial que el Estado
-monopolizador de las divisas- asigna de forma discrecional.
En la práctica, comprar un kilo de carne o cinco
pañales desechables, por poner dos ejemplos de gastos cotidianos, implica
absorber todo ese salario mínimo.
Durante el quinquenio en que ha gobernado Maduro se
han puesto en funcionamiento al menos tres mecanismos de asignación de monedas extranjeras,
todos de corta duración y que han sido insuficientes para saciar la demanda
nacional tan en aumento como la sequía de divisas.
Esto ha abierto una brecha cada vez más amplia para
la importación de productos con dólares del mercado paralelo cuyo precio es muy
superior al llamado Sistema de Divisas Complementario (Dicom), única tasa que
exhibe el Banco Central (BCV).
Entretanto, el Gobierno habla de una flexibilización
cambiaria y, en este sentido, autorizó las operaciones a tres tasas de cambio
que esta semana ubicaron el precio del dólar en 2.200.000 bolívares, un valor
27 veces más alto que el estipulado por el ente emisor.
Estos operadores autorizados no están vendiendo
ninguna moneda convertible pero sí están comprando dólares a la misma tasa con
que liquidan las remesas que reciben desde el exterior.
El precio de compra en estos sitios es más cercano
al del llamado dólar negro, que se impone en los anaqueles de todo el país muy
a pesar del empeño del Ejecutivo por controlar los precios de la comida, los
fármacos y de casi la totalidad de los productos y servicios.
Así, un salario mínimo en Venezuela es equivalente a
65 dólares oficialmente o a 2,3 dólares en la práctica, y en los dos casos el
trabajador necesitaría ahorrar por más de tres años para comprar a medias la
canasta básica alimentaria que este mes ronda los 220 millones de bolívares.
Además, los ciudadanos se enfrentan sin distingos a
un alza diaria de los precios de 2,4 % en medio de la espiral
hiperinflacionaria en que entró Venezuela el año pasado, según datos de la
Asamblea Nacional (Parlamento), una instancia controlada por la oposición.
El BCV -que supuestamente autorizó el precio del
dólar en las casas de cambio aunque sigue exhibiendo hasta ahora al Dicom como
única tasa oficial- no informa desde 2016 el índice de inflación por lo que la
Cámara lo viene haciendo desde el año pasado.
Según el Legislativo, solo en el mes de mayo la
inflación fue del 110,1 %, lo que arroja un acumulado en lo que va de año de
1.995,3 %, mientras que de mayo del 2017 a mayo de 2018 la subida fue de 24.571
%”.
Por su parte, Maduro cerró 2017 con siete aumentos
al sueldo mínimo y ya va por el cuarto este año como una respuesta a la
supuesta “guerra económica”, una teoría del chavismo gobernante que
responsabiliza a la oposición, empresarios y gobiernos extranjeros por la
crisis nacional.
Para los empresarios venezolanos esta “guerra
económica” se hace desde el mismo Gobierno que es el responsable de aplicar las
políticas económicas y ha expropiado industrias lo que, señalan, han llevado al
país con las mayores reservas de petróleo a esta crisis sin precedentes.