Prensa.
Voanoticias.
Un
juez ha denegado una petición hecha por dos sobrinos de la primera dama de
Venezuela que se encuentran presos en Estados Unidos y querían que se hicieran
públicos documentos judiciales sobre un narcotraficante que testificó contra
ellos.
El
juez Paul Crotty, de la corte del distrito sur de Nueva York, negó la solicitud
de ambos sobrinos, Efrain Campo Flores y Franqui Flores de Freitas,
argumentando que el testigo, que también está preso, ya se arriesgó suficiente
al testificar contra ellos y que mantener su caso secreto es lo mínimo que
puede hacer para proteger sus intereses y los de su familia.
El
testigo fue identificado durante el juicio de los sobrinos como CS-1 o por el
pseudónimo José Santos Peña. Su hijo, que también testificó, fue identificado como
CS-2.
"La
disponibilidad de información sobre el estatus de ambos debe ser limitada y la
mejor forma de hacer eso, quizás la única forma, es sellar las transcripciones
y no hacer pública ninguna actualización de su caso", escribió el
magistrado en su decisión.
Campo
Flores y Flores de Freitas son sobrinos de la primera dama venezolana Cilia
Flores. Ambos fueron sentenciados en diciembre a 18 años de prisión tras haber
sido declarados culpables de asociación delictuosa para traficar drogas. Ambos
apelaron la sentencia.
El
juez Crotty indicó durante su sentencia que se les concedió indulgencia debido
a su ineptitud en sus actividades delictivas y a su falta de antecedentes
penales.
A
pesar de ello, agregó, en 2015 hicieron planes para sacar provecho de sus
contactos políticos con el fin de hacer que el vuelo de un avión privado
cargado de drogas de Venezuela a Honduras pareciera legítimo. Además de la
sentencia de cárcel, el juez también les impuso multas de 50.000 dólares.
El
viernes, Randall Jackson, uno de los abogados que firmó la petición para sacar
a la luz el caso de CS-1, dijo a The Associated Press que no podía comentar
sobre la solicitud debido a que la apelación de los sobrinos sigue en curso.
CS-1
fue un informante de la Administración Estadounidense para el Control de Drogas
(DEA, por sus siglas en inglés). En la carta de Jackson al juez, el abogado
dice que no se puede justificar mantener en secreto el caso de CS-1 ya que éste
ya no coopera con el gobierno estadounidense, está detenido y su caso lleva
tres años sellado, entre otras cosas.
La
credibilidad de CS-1, de 55 años, fue puesta en entredicho durante el proceso
judicial de los sobrinos debido a las mentiras que CS-1 admitió dijo a la DEA.
El informante admitió que la fiscalía que acusa a los sobrinos le expresó
sentir tremendo malestar, tras enterarse de que CS-1 contrató a prostitutas en
Caracas y omitió información importante a la DEA sobre sus reuniones
encubiertas con los sobrinos.
El
informante dijo que engañó al gobierno estadounidense desde 2012 al 2016 al
importar drogas a Estados Unidos incluso cuando trabajaba como informante para
la DEA. Testificó que la DEA le pagó
unos 750.000 dólares desde el 2003. CS-1 también dijo que ganó entre 250.000 y
300.000 dólares al actuar como informante para otros departamentos de policía
en Latinoamérica.