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El
gobierno Nacional inició un proceso de persecución política contra la diputada
Neidy Rosal, y una vez cesadas sus funciones como parlamentaria ante el Consejo
Legislativo del estado Carabobo, es inhabilitada por la Contraloría General de
la Republica por un período de 3 años, según se desprende de la resolución
01.00-000393 de fecha 26 de junio del año 2017.
“Se
procede a perseguirme y a violar mis derechos fundamentales de participación
política, porque ya no cuento con la inmunidad parlamentaria que se necesita
para protegerme de los desmanes de este gobierno y una vez culminado mi periodo
como legisladora y en represalia por los hechos de corrupción denunciados ante
los distintos órganos competentes del estado y por la impugnación ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la Ley Orgánica de
Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los altos funcionarios del Poder
Público, la cual fue anulada por inconstitucional porque cercena los derechos
laborales de los funcionarios de elección popular”, dijo.
Destacó
Rosal, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
declaró la nulidad absoluta de la Ley Orgánica de Emolumentos de los altos
funcionarios del Poder Público por razones de inconstitucionalidad”, decisión
reflejada en la sentencia N° 686 del pasado 14 de Agosto. “Se me pretende
inhabilitar basados en una Ley que fue anulada por el propio TSJ, lo que evidencia que no
encuentran de dónde agarrarse para coartar mis derechos de participación
política”.
Resaltó
que en el año 2008, fue electa como concejal por el circuito 5 que comprende
los municipios Naguanagua – San Diego, cesando funciones en el año 2009 para
incorporarse al Parlamento Regional, donde fue ratificada en el año 2012 como
la legisladora más votada en el estado Carabobo, instancia que le permitió
abocarse a buscar soluciones a los problemas que aquejaban a los carabobeños.
El
Gobierno inicia una maniobra de acoso, amedrentamiento y persecución al
liderazgo de la mujer para coartar su participación en asuntos políticos.
Existe una retaliación por el trabajo realizado en contra de la corrupción y
violación de los derechos humanos fundamentales, resaltó Neidy Rosal.
Rosal,
hace el alerta que empieza a tejerse en contra de su persona, por ello, interpuso formal denuncia como competente
autoridad ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la
Circunscripción Judicial del estado Carabobo de fecha 31 de mayo del año 2018,
por la evidente violación de los derechos humanos fundamentales, donde se detalla todas sus
actuaciones ante los hechos de corrupción, destacando los problemas eléctricos;
el caso PDVAL con sendas denuncias ante el Ministerio Publico y que representa
un escándalo de magnitud internacional por la pérdida de toneladas de comida.
Asimismo, la solicitud de protección a la familia como núcleo de la sociedad y
la nulidad con amparo constitucional de la Resolución 058 (Consejos
Educativos).
También
están las denuncias por los casos de la Colección Bicentenario, por intereses
Colectivos y Difusos, implementación del Plan Zamora, consistente en la
aplicación de justicia militar a civiles que se encontraban en protestas de
calle en distintas ciudades de Venezuela en 2017, negándoles su derecho a ser
juzgados por sus jueces naturales, y entre otros tantos, el acompañamiento a
los familiares del trágico motín e incendio en los calabozos de PoliCarabobo
donde 66 reos perdieron la vida
“Todas
estas denuncias fueron interpuestas ante los distintos órganos competentes del
estado venezolano dentro de mis funciones como parlamentaria y que siempre han
buscado combatir la corrupción y defender derechos humanos fundamentales como
la libertad, derecho a alimentación sana y balanceada y el derecho a la educación sin
ideologización. Por ello, se me persigue
políticamente y se me discrimina”
En
vez de investigar al denunciado se acosa al denunciante a través de la
inhabilitación, discriminación y cercenando sus derechos políticos en
represalia por las denuncias de corrupción, aseveró.