Prensa. El Nuevo
Herald.
Legisladores
federales planean revelar este lunes un plan de $58 millones que obliga al
gobierno del presidente Donald Trump a presionar con más fuerza para aislar al
gobierno venezolano y restaurar la democracia en ese país sudamericano.
El
plan sería la medida más abarcadora sobre Venezuela que se propone en Congreso
de Estados Unidos y ya ha provocado comparaciones con la controversial Ley
Helms-Burton firmada por el presidente Bill Clinton en 1996 poco después que
cazas cubanos derribaron dos avionetas civiles estadunidenses, y que asignó
millones de dólares a promover reformas democráticas en la isla.
El
plan en cuestión incluye penalidades financieras al gobierno del presidente
Nicolás Maduro, aumenta la presión diplomática sobre aliados regionales para
que también tomen medidas y ofrece decenas de millones de dólares en asistencia
humanitaria a los venezolanos dentro y fuera del país.
“En
momentos que millones huyen de la represión, el hambre y la pobreza en
Venezuela, el régimen criminal de Nicolás Maduro ha convertido al país en un
estado fallido, algo que tiene consecuencias para toda la región”, expresó el
senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey. “En momentos que la
catástrofe humanitaria aumenta por día en Venezuela, Maduro traiciona las
necesidades más urgentes de sus ciudadanos, mientras que su círculo íntimo
saquea las arcas del país y se beneficia del narcotráfico”, agregó.
Liderada por Menéndez, el demócrata de
más rango en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y con la
colaboración del senador Marco Rubio, republicano por Florida, quien ha
trabajado de cerca con el gobierno de Trump en materia de política
latinoamericana, la propuesta sobre Venezuela incluye $40 millones para asistencia
humanitaria a distribuirse entre el Departamento de Estado y la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), $500,000 para
observadores electorales internacionales y $3 millones para ayudar a aliados a
redactar leyes e implementar sus propias penalidades financieras y
restricciones de visa contra el gobierno venezolano.
El gobierno estadounidense ya ha
sancionado a 70 funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro, y ha restringido
las inversiones y transacciones financieras estadounidenses, incluidas las
realizadas con la nueva moneda digital venezolana.
La propuesta de ley codifica las
sanciones y también exige al Departamento del Tesoro que publique detalles
sobre los activos congelados en Estados Unidos de Maduro y otros altos
funcionarios sancionados.
La propuesta de ley también ofrece un
mayor apoyo a los esfuerzos de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
para presionar a Venezuela y exige al gobierno que tome medidas adicionales
para evitar que la petrolera rusa Rosneft, que tiene una participación de 49
por ciento en los ingresos de Citgo, tome el control de refinerías y oleoductos
propiedad de Citgo, filial estadounidense de la abrumada petrolera estatal
venezolana PDVSA.
“Mientras el corrupto régimen de Maduro
adopta un estilo dictatorial cubano y participa en crímenes de lesa humanidad,
como la restricción de los alimentos a sus ciudadanos por razones políticas, es
vital que Estados Unidos y nuestros aliados ofrezcan asistencia humanitaria
directa al pueblo de Venezuela”, expresó Rubio.
Aunque el futuro de la propuesta de ley
es incierto en un Congreso tan dividido, tiene el apoyo de John Cornyn, el
segundo republicano de más rango en el Senado, así como del segundo demócrata,
el senador Dick Durbin, de Illinois, y del senador demócrata floridano Bill
Nelson.
Frank Mora, ex subsecretario adjunto de
Defensa para América Latina, comparó la propuesta con una versión de menor
envergadura de la Helms-Burton, dijo, con la que el Congreso tomó medida que
fueron más allá de asignar fondos y ofrecó una estrategia ambiciosa sobre otro
país.
“Este proyecto de ley no va tan lejos,
pero el Congreso ha hecho en el pasado esfuerzos cuando opina que el ejecutivo
no está haciendo lo suficiente y propone algo mucho más abarcador y ambicioso
de lo que ofrece el ejecutivo”, dijo Mora, quien ahora dirige el Centro
Kimberly Green sobre América Latina y el Caribe en la Universidad Internacional
de la Florida.
Franco Ordoñez: @francoordonez